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Alejandro Carranza rechazó que el expresidente hubiera ordenado solicitar declaraciones contra Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras. La controversia ya está en manos de las autoridades judiciales.
El llamado Pacto de Valledupar sumó este miércoles 21 de octubre un nuevo capítulo judicial. Alejandro Carranza, abogado del expresidente Gustavo Petro, anunció acciones legales contra la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, y cuestionó las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sobre una presunta operación política que habría sido promovida desde el anterior Gobierno.
La controversia gira alrededor de las reuniones celebradas en octubre de 2025 en un hotel de Valledupar, donde representantes del Gobierno Petro se encontraron con antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), inicialmente para abordar asuntos relacionados con el cierre del proceso de paz de Santa Fe de Ralito. Sin embargo, las declaraciones posteriores de Rodríguez, Mancuso y el abogado Juan Carlos Villamizar abrieron interrogantes sobre el verdadero propósito de aquellos encuentros. Según sus versiones, durante las reuniones se habría solicitado a los exparamilitares realizar declaraciones contra Álvaro Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella, quien entonces participaba en la contienda presidencial.
La defensa de Petro niega que existiera una orden presidencial
En entrevista con Caracol Radio, Carranza rechazó que Gustavo Petro hubiera instruido a Angie Rodríguez para promover semejante iniciativa. «Jamás se le dio esa orden a la señora Angie Rodríguez», sostuvo el abogado. El jurista también pidió que Mancuso explique con precisión quién habría transmitido la supuesta instrucción a los antiguos jefes paramilitares. «El señor Mancuso también tiene que explicar con claridad al país cuál funcionario fue el que le dijo eso», manifestó.
La defensa considera que los señalamientos deben ser examinados por la justicia y sostiene que no se puede atribuir al expresidente una orden cuya existencia y procedencia todavía están por establecerse. Las acciones anunciadas contra Rodríguez incluyen posibles conductas de injuria y calumnia agravada. Aunque la información inicial también señala a Mancuso como denunciado, el alcance concreto de la actuación contra el exparamilitar requiere confirmación mediante el documento radicado ante la Fiscalía.
Lo que dijeron Mancuso y su abogado sobre la reunión en Valledupar
El nuevo pronunciamiento de Carranza aparece después de las declaraciones entregadas por Juan Carlos Villamizar, abogado de Salvatore Mancuso, a Caracol Radio. Villamizar sostuvo que durante los encuentros de octubre de 2025 se planteó a los antiguos comandantes paramilitares la posibilidad de realizar pronunciamientos públicos contra los tres dirigentes políticos. Según su relato, los exjefes de las AUC rechazaron esa solicitud porque consideraban que la información relacionada con sus antiguas actividades ya había sido entregada ante las autoridades judiciales.
El abogado también aclaró que no se concretó un pacto formal ni se ofrecieron beneficios a cambio de esas declaraciones, una precisión importante para establecer qué ocurrió realmente. Por su parte, Angie Rodríguez ha sostenido públicamente que la iniciativa provenía de instrucciones superiores, mientras Petro ha negado haber ordenado semejante actuación. Estas versiones enfrentadas constituyen precisamente uno de los aspectos que deberán esclarecer los investigadores.
Fiscalía y Procuraduría intervienen en el caso
El asunto ya superó el terreno de las declaraciones políticas. La Fiscalía General de la Nación confirmó que adelanta actuaciones relacionadas con el denominado Pacto de Valledupar desde el 31 de agosto de 2026 y que compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por los señalamientos que podrían involucrar al entonces presidente Gustavo Petro.
Además, el ministro de Justicia, Iván Cancino, solicitó investigar las reuniones entre funcionarios gubernamentales y exjefes paramilitares, con el propósito de establecer si los encuentros institucionales tuvieron objetivos diferentes de los oficialmente anunciados. La Procuraduría también abrió actuaciones disciplinarias relacionadas con los señalamientos contra Angie Rodríguez y Armando Benedetti. En paralelo, la bancada de Salvación Nacional presentó una denuncia contra Petro ante la Comisión de Acusación para que se investigue su eventual participación. Ninguna de estas actuaciones constituye, por sí misma, una declaración de responsabilidad penal o disciplinaria.
Valledupar, escenario de una controversia nacional
Aunque los protagonistas de esta confrontación pertenecen a la política nacional, Valledupar ocupa un lugar central en los hechos investigados. Fue en la capital del Cesar donde se celebraron los encuentros que hoy generan versiones contradictorias sobre el uso de espacios institucionales destinados a la paz y la reconciliación. El interrogante que deberá resolver la justicia es si aquellas reuniones estuvieron limitadas a los compromisos derivados del proceso de Ralito o si alguno de sus participantes intentó introducir objetivos de carácter político.
Ahora, con la respuesta judicial anunciada por la defensa de Petro, el caso incorpora otro frente: determinar si las acusaciones públicas de Rodríguez y Mancuso tienen respaldo probatorio y establecer las eventuales responsabilidades que correspondan. La existencia de las reuniones no está en discusión. Lo que continúa sin esclarecerse es quién propuso las supuestas declaraciones contra los dirigentes políticos, con qué propósito y si existió alguna instrucción presidencial.
