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Un año después de la reunión entre el Gobierno Petro y antiguos jefes paramilitares, funcionarios, excomandantes, periodistas y defensores judiciales sostienen versiones enfrentadas sobre lo que se propuso, lo que se firmó y las presuntas solicitudes políticas. Noticias del Cesar confronta documentos, videos, audios y testimonios para establecer qué está demostrado y qué sigue sin explicación.
El Pacto de Valledupar se ha convertido en una batalla de versiones. Cada protagonista defiende su relato, exhibe documentos, invoca grabaciones o exige rectificaciones. Unos denuncian una operación política; otros sostienen que se trató de un encuentro legítimo para cerrar el proceso de paz de Santa Fe de Ralito. Y mientras todos discuten quién tiene la razón, quedan preguntas sin resolver sobre lo sucedido y los compromisos adquiridos con las víctimas. La controversia reúne elementos que pueden comprobarse: una reunión oficial celebrada en octubre de 2025, un video de Angie Rodríguez leyendo una declaración conjunta, un documento con propuestas de beneficios judiciales, un comunicado firmado por once excomandantes y mensajes enviados posteriormente a Salvatore Mancuso durante la campaña presidencial de 2026.
Pero también existen afirmaciones que todavía requieren pruebas: una supuesta orden presidencial, ofrecimientos condicionados a declaraciones contra políticos y la posible coordinación de una estrategia electoral. No todas las versiones tienen el mismo respaldo. Tampoco todas las contradicciones significan que alguien esté mintiendo. A partir de las investigaciones y publicaciones que hemos venido siguiendo, Noticias del Cesar reconstruye los hechos para distinguir entre lo documentado, lo denunciado y lo que las autoridades aún deben esclarecer.
Pacto de Valledupar: la reunión que nadie puede negar
El punto de partida está en octubre de 2025. Representantes del Gobierno de Gustavo Petro y antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), designados gestores de paz, participaron en jornadas de trabajo en Valledupar. El objetivo anunciado era avanzar hacia el cierre del proceso de Santa Fe de Ralito, iniciado en 2003, y revisar asuntos pendientes relacionados con verdad, justicia, reparación, bienes entregados por los antiguos combatientes y seguridad jurídica. Según el informe técnico de rendición de cuentas del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), las actividades se desarrollaron entre el 21 y el 24 de octubre de 2025, incluida una fase preparatoria.
La entidad registró cuatro días de trabajo, once gestores participantes, quince documentos revisados y priorizados, y la instalación de un comité técnico. Entre los representantes gubernamentales figuraban Angie Rodríguez, entonces directora del Dapre; Víctor de Currea-Lugo, asesor presidencial; Armando Benedetti, ministro del Interior, y Jorge Arturo Lemus, director nacional de Inteligencia, cuyo apoyo se menciona en la documentación. El 24 de octubre, Rodríguez leyó públicamente una declaración conjunta sobre los compromisos alcanzados. Ese acto quedó grabado. Y el video se convertiría, un año después, en una de las piezas principales de la controversia. La existencia de la reunión, su convocatoria institucional y la divulgación de una declaración final están documentadas. Lo discutido durante todas las sesiones privadas es otra cuestión.
Angie Rodríguez y Mancuso: las acusaciones que cambiaron la historia
La controversia adquirió una dimensión política cuando Angie Rodríguez denunció que durante el anterior Gobierno recibió instrucciones relacionadas con la búsqueda de declaraciones de exjefes paramilitares contra tres dirigentes: Álvaro Uribe Vélez, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras. La exdirectora del Dapre aseguró que la finalidad de esas gestiones iba más allá de los compromisos de paz. Su versión encontró respaldo parcial en las declaraciones posteriores de Salvatore Mancuso. El antiguo comandante paramilitar afirmó que durante el encuentro en Valledupar representantes del Gobierno les solicitaron hablar públicamente contra aquellos dirigentes y que ninguno de los excomandantes aceptó. En su declaración grabada, Mancuso identificó a Angie Rodríguez y Víctor de Currea-Lugo como participantes de la solicitud. Noticias del Cesar publicó su testimonio en Mancuso: «En Valledupar nos pidieron acusar a Uribe y otros dos políticos».
Sin embargo, hay una diferencia importante entre afirmar que alguien solicitó declaraciones y demostrar que pidió fabricar acusaciones falsas. Juan Carlos Villamizar, abogado de Mancuso y testigo de las conversaciones según su propio relato, introdujo una precisión en entrevista con Caracol Radio: la solicitud consistía en contar lo que los excomandantes supieran, no necesariamente en inventar hechos. Villamizar también aseguró que los funcionarios mencionaron una supuesta instrucción presidencial, pero reconoció que no podía confirmar si Gustavo Petro realmente la había impartido. Tampoco confirmó que se hubiera concretado un ofrecimiento explícito de beneficios judiciales a cambio de aquellas declaraciones. Estos matices fueron documentados por nuestro portal en Reunión de exparas en Valledupar: ¿hubo petición sobre Uribe y otros políticos?.
Así aparece la primera diferencia fundamental: varios testimonios coinciden en que se planteó hablar de determinados políticos, pero no establecen de manera concluyente quién dio la orden ni cuáles fueron sus condiciones.
Dos documentos y una disputa por la verdad
El segundo frente estalló cuando el periodista Santiago Ángel divulgó en La FM un documento titulado Declaración de Valledupar por el cierre del proceso del Ralito, fechado el 24 de octubre de 2025. El texto contiene propuestas sobre asuntos jurídicos y penitenciarios de considerable alcance. Entre ellas, aparecen la posibilidad de explorar excarcelaciones de gestores de paz privados de la libertad, revisar condiciones de reclusión, estudiar mecanismos relacionados con extradición y acumulación de penas, y retomar iniciativas de colonias agrícolas. También contempla que antiguos integrantes de las AUC puedan interactuar con quienes trabajaban en proyectos de reforma judicial.
La existencia de esas propuestas resulta especialmente relevante por las denuncias sobre posibles solicitudes de declaraciones con propósitos políticos. Pero estudiar beneficios no equivale a concederlos, y el documento no identifica expresamente a Uribe, De La Espriella o Vargas Lleras como destinatarios de nuevos testimonios. Noticias del Cesar registró inicialmente la revelación en Pacto de Valledupar: documento revela posibles beneficios para exparas. Aquella publicación describió el texto como una declaración suscrita. La información conocida posteriormente obliga a una precisión: el documento difundido corresponde, según las explicaciones posteriores del propio periodista, a una propuesta o borrador discutido durante el encuentro, diferente del acuerdo finalmente firmado.
Esta distinción no hace desaparecer el documento. Pero modifica el alcance de lo que puede afirmarse sobre él. El texto reconocido por los excomandantes como acuerdo definitivo es el Comunicado Conjunto No. 1 del 24 de octubre de 2025, difundido por el Dapre. En esa declaración aparecen compromisos relacionados con verdad, reconciliación, organización de información ya disponible, actualización de planes de trabajo y acompañamiento internacional. No figuran en los mismos términos las propuestas sobre excarcelaciones, extradición y beneficios penitenciarios contenidas en el documento divulgado por La FM; por tanto, tenemos dos textos con contenidos diferentes. Lo pendiente es establecer completamente la autoría, procedencia y recorrido institucional del borrador, y determinar cuáles propuestas fueron formalmente presentadas o rechazadas.
Once exparamilitares exigen rectificación; Santiago Ángel se niega
El 21 de octubre de 2026, once antiguos comandantes de las AUC difundieron un comunicado en el que desconocieron el documento publicado por La FM como acuerdo suscrito. Entre ellos figuran Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40; Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, y Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán. Los firmantes calificaron de «espurio» el documento cuestionado y reclamaron una rectificación pública. Su argumento central es que el único acuerdo que reconocen fue leído por Angie Rodríguez el 24 de octubre de 2025 y divulgado oficialmente por el Dapre. Mancuso respaldó esa posición publicando en X el video histórico de la lectura. Noticias del Cesar informó sobre esa respuesta en Pacto de Valledupar: 11 exparas desconocen documento revelado por La FM.
Sin embargo, Santiago Ángel respondió mediante otro video y rechazó la solicitud de rectificación. «No voy a rectificar», manifestó al defender el resultado de su investigación. Ángel aseguró que consiguió el documento mediante una persona que participó en su elaboración y que lo leyó durante las reuniones. También sostuvo que el borrador fue preparado por dos personas del Dapre y presentado oficialmente a los antiguos comandantes. Según su reconstrucción, los exparamilitares rechazaron realizar nuevas declaraciones por temor a comprometer su situación jurídica. El periodista añadió una afirmación especialmente delicada: sostuvo que, tras ese rechazo, se habría acordado revisar testimonios anteriores para localizar información que pudiera utilizarse durante la campaña electoral.
Esta última interpretación no está demostrada únicamente por el documento final, aunque este sí contempla organizar y divulgar información previamente recopilada. Y esa diferencia es fundamental. Una cosa es revisar archivos judiciales para ampliar el conocimiento público sobre el paramilitarismo. Otra, utilizar selectivamente esos testimonios para favorecer intereses electorales. La segunda finalidad debe acreditarse mediante pruebas adicionales. La respuesta de Ángel tampoco resuelve por sí sola la discusión sobre la autenticidad del borrador. El periodista sostiene que es real y que fue presentado; los excomandantes niegan haberlo firmado como acuerdo. Ambas afirmaciones podrían coexistir si se demuestra que hubo una propuesta auténtica que finalmente fue rechazada.
De Currea-Lugo admite los contactos electorales, pero niega órdenes del Gobierno
El tercer frente aporta una prueba de naturaleza distinta: comunicaciones enviadas directamente a Salvatore Mancuso. El 21 de octubre de 2026, Semana reveló un cuestionario del 23 de mayo y un audio del 13 de junio de ese año, enviados por Víctor de Currea-Lugo al antiguo comandante de las AUC. En el primer contacto, De Currea-Lugo propuso una entrevista sobre Abelardo De La Espriella, entonces candidato presidencial. En el segundo, enviado ocho días antes de la segunda vuelta, expresó su preocupación por el resultado electoral y planteó la necesidad de producir un cambio en la opinión pública. «Se necesita un golpe de opinión muy grande», dijo en la grabación. También manifestó a Mancuso que sus declaraciones podrían tener influencia sobre la contienda.
A diferencia de las denuncias acerca de conversaciones privadas en Valledupar, aquí existen mensajes fechados cuyo envío fue reconocido por el propio remitente y cuya recepción confirmó Mancuso. Nuestro portal publicó esos elementos en Pacto de Valledupar: audio revela pedido a Mancuso de «golpe de opinión». El 21 de octubre, De Currea-Lugo difundió un comunicado de once puntos en el que reconoció los contactos, pero explicó que los realizó por iniciativa exclusivamente personal. Sostuvo que había renunciado al Dapre en marzo de 2026 y que su salida fue aceptada el 1 de abril, antes de enviar los mensajes. También reconoció su interés en que la entrevista tuviera repercusiones electorales; no obstante, negó haber recibido instrucciones del Gobierno, coordinar la gestión con funcionarios u ofrecer dinero, favores o beneficios a Mancuso.
El excomandante aseguró que no respondió porque carecía de información verificable para sustentar los señalamientos sugeridos. La entrevista nunca se realizó. Aparece, entonces, otro dato que merece investigación. Semana informó que, según registros de ingreso a la Casa de Nariño consultados por la revista, De Currea-Lugo visitó la sede presidencial los días 13 y 15 de mayo de 2026, después de dejar su cargo y antes de contactar a Mancuso. La periodista Vicky Dávila retomó ese hallazgo y cuestionó la continuidad de sus vínculos con la administración Petro. Los ingresos posteriores a su renuncia no contradicen que hubiera dejado de ser funcionario. Tampoco prueban que recibiera instrucciones, se reuniera con Petro o coordinara una operación electoral, pero permiten formular una pregunta concreta: ¿con quién se reunió De Currea-Lugo durante aquellas visitas y cuál fue su propósito? Las bitácoras originales, agendas y explicaciones de los involucrados serían necesarias para responderla.
Petro niega la orden y su defensa anuncia acciones judiciales
Gustavo Petro ha rechazado públicamente haber ordenado la búsqueda de declaraciones para perjudicar a Uribe, De La Espriella o Vargas Lleras. El exmandatario sostiene que el encuentro de Valledupar correspondía a una iniciativa institucional relacionada con el cierre del proceso de Ralito. También ha pedido examinar actas, grabaciones, comunicaciones y registros de los participantes. Noticias del Cesar publicó su posición en Petro niega haber ordenado señalamientos contra Uribe, De La Espriella y Vargas. Su abogado, Alejandro Carranza, también rechazó que existiera una instrucción presidencial y anunció acciones judiciales frente a los señalamientos de Angie Rodríguez, además de cuestionar las afirmaciones de Mancuso. Carranza insistió en que corresponde precisar qué funcionario habría transmitido la supuesta orden y con qué elementos se pretende atribuirla a Petro.
El alcance de las denuncias anunciadas debe distinguirse de cualquier decisión que puedan adoptar posteriormente las autoridades. Estas respuestas fueron recogidas en Pacto de Valledupar: abogado de Petro denuncia a Angie Rodríguez y Mancuso. Mientras tanto, la controversia llegó a los organismos de investigación. La Fiscalía informó que abrió una noticia criminal relacionada con estos hechos el 31 de agosto de 2026 y compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes por señalamientos que podrían involucrar al entonces presidente. El 20 de octubre, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez, con el propósito de esclarecer eventuales irregularidades relacionadas con las reuniones. Entre las diligencias dispuestas figuran solicitudes de documentos, registros y grabaciones, además de testimonios de personas que pudieron conocer el desarrollo de las conversaciones.
Una denuncia, una compulsa de copias y la apertura de una investigación no constituyen pruebas de culpabilidad. Su función es permitir que las autoridades establezcan los hechos y determinen si existen responsabilidades.
Pacto de Valledupar: lo probado, lo denunciado y lo pendiente
Después de confrontar los testimonios y documentos, hay una diferencia que los lectores no deberían perder de vista. Está documentado que el Gobierno Petro desarrolló reuniones oficiales con antiguos comandantes de las AUC en Valledupar, que existió una declaración conjunta difundida públicamente y que Angie Rodríguez participó en su presentación. También está comprobado que circularon comunicaciones dirigidas a Mancuso durante la campaña presidencial de 2026. De Currea-Lugo reconoció haberlas enviado y explicó su interés electoral. Está documentada, además, la existencia del texto divulgado por La FM, pero no se ha establecido independientemente toda su trazabilidad ni que hubiera sido firmado como acuerdo definitivo.
En cambio, permanecen como afirmaciones controvertidas la supuesta orden presidencial para obtener declaraciones contra políticos, la existencia de beneficios ofrecidos a cambio de ellas y el eventual propósito electoral de las tareas sobre testimonios anteriores. Las versiones de Rodríguez, Mancuso, Villamizar, De Currea-Lugo, Santiago Ángel y Petro deben examinarse de acuerdo con las pruebas que cada uno presenta. No basta con que varios coincidan en un relato para demostrar todas sus circunstancias. Tampoco basta con negar una acusación para desvirtuarla. Y hay una distinción adicional: que una afirmación resulte incompleta, equivocada o discutible no significa automáticamente que forme parte de una campaña deliberada de desinformación. La verdad documental exige comprobar fechas, autores, firmas, registros y contextos. La verdad judicial exige, además, pruebas obtenidas y valoradas conforme a la ley.
¿Y las víctimas? La pregunta que permanece detrás de toda la controversia
En medio de las denuncias políticas hay un asunto que amenaza con quedar relegado: los compromisos que justificaron oficialmente la reunión de Valledupar. El encuentro de octubre de 2025 se presentó como una oportunidad para avanzar en la verdad sobre el paramilitarismo, identificar bienes pendientes de entrega, promover la reparación de víctimas, contribuir a la búsqueda de desaparecidos y cerrar asuntos jurídicos del proceso de Ralito. El informe del Dapre habla de quince documentos revisados y priorizados y de un comité técnico constituido para dar continuidad al trabajo. La declaración conjunta también planteó actualizar planes de trabajo y desarrollar actividades relacionadas con la reconciliación, pero un año después corresponde establecer qué ocurrió con esos compromisos.
¿Cuáles fueron los resultados del comité técnico? ¿Qué informes produjo? ¿Cuántas tareas quedaron cumplidas? ¿Se entregaron nuevos bienes? ¿Hubo avances verificables en la búsqueda de desaparecidos? ¿Qué información adicional recibieron las víctimas y las autoridades judiciales? Mancuso ha sostenido que la mesa de Ralito no volvió a convocarse después de las diferencias surgidas en Valledupar. Su afirmación requiere contrastarse con las actas y registros posteriores del Gobierno. No basta con la ausencia de nuevos anuncios públicos para concluir que no se realizó ninguna actividad. La pregunta es especialmente relevante para el Cesar, una región marcada por la violencia de las estructuras paramilitares, donde numerosas familias siguen reclamando verdad, reparación y respuestas sobre sus desaparecidos.
Los antiguos comandantes invocan la seguridad jurídica. Los exfuncionarios defienden o cuestionan la finalidad de las reuniones. Los periodistas sostienen sus investigaciones. Los abogados anuncian denuncias. Los dirigentes políticos rechazan las acusaciones. Pero las víctimas no deberían quedar reducidas a una justificación mencionada en los documentos mientras la discusión pública se concentra en quién tiene la razón. El llamado Pacto de Valledupar deja, hasta ahora, una certeza y varias preguntas abiertas. La certeza es que existió una reunión institucional y que sus protagonistas han ofrecido versiones diferentes sobre lo ocurrido.
Las preguntas se relacionan con el verdadero alcance de las propuestas, la procedencia de las instrucciones denunciadas, los propósitos de los contactos electorales y los resultados concretos del proceso de paz. La justicia tendrá que establecer las eventuales responsabilidades. Los documentos permitirán contrastar las afirmaciones. Y quienes participaron en las conversaciones deberán explicar lo que todavía permanece sin aclarar. Porque la verdad del Pacto de Valledupar no pertenece a quien hable más fuerte, publique primero un documento o anuncie la demanda más severa. Pertenece a los hechos que puedan demostrarse. Y, por encima de la confrontación política, también les pertenece a las víctimas, que llevan más de veinte años esperando que los compromisos de verdad, justicia y reparación se traduzcan en resultados.
