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El Pacto de Valledupar sumó este miércoles 21 de octubre un nuevo capítulo. Once antiguos jefes paramilitares desconocieron públicamente la autenticidad del documento divulgado por La FM, que contemplaba posibles beneficios judiciales y penitenciarios. Además, solicitaron una rectificación y rechazaron que se les atribuyan compromisos que, según ellos, nunca suscribieron. El pronunciamiento aparece en un comunicado de dos páginas, fechado el 21 de octubre de 2026, que difundió en X la periodista Katia Ospino. El documento contiene los nombres y las firmas atribuidas a once exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La controversia surge apenas un día después de que el periodista Santiago Ángel revelara en La FM un documento relacionado con las reuniones celebradas en Valledupar en octubre de 2025. Según aquella investigación, las conversaciones contemplaron estudiar excarcelaciones, revisar condiciones carcelarias y examinar mecanismos relacionados con la extradición; sin embargo, los antiguos comandantes aseguran ahora que el texto divulgado no corresponde a la declaración que reconocen como auténtica.
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Pacto de Valledupar: exparamilitares califican de espurio el documento
El comunicado contiene un rechazo directo a la publicación periodística que desató la controversia. Los firmantes sostienen que únicamente reconocen como auténtico el Comunicado Conjunto No. 1, fechado el 24 de octubre de 2025. Según explican, aquel documento constaba de dos páginas y fue leído públicamente por Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). También señalan que la entidad publicó esas mismas páginas en su cuenta oficial de X.
A continuación, cuestionan el documento difundido recientemente por algunos medios de comunicación. Los exjefes paramilitares lo califican de «espurio» y sostienen que su contenido no corresponde a la declaración suscrita durante las reuniones de Valledupar. Incluso plantean la posibilidad de que el periodista que lo publicó hubiera sido engañado al recibirlo como auténtico; no obstante, esta afirmación representa la posición de los firmantes. Por sí sola, no demuestra que el documento divulgado por La FM sea falso o haya sido alterado.
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Los once firmantes exigen una rectificación pública
El pronunciamiento no se limita a desconocer el documento. Los exintegrantes de las autodefensas invocan el artículo 20 de la Constitución Política y solicitan una rectificación de la información divulgada; además, piden retirar los señalamientos que, según su versión, les atribuyen compromisos, intereses o propósitos que nunca expresaron ni consignaron en la declaración oficial. Los firmantes también reclaman que cualquier rectificación tenga la misma visibilidad que la publicación original. El documento está acompañado por los nombres y las firmas atribuidas a once antiguos comandantes paramilitares:
- Juan Francisco Prada Márquez, conocido como Juancho Prada.
- Luis Eduardo Cifuentes Galindo, alias El Águila.
- Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar.
- Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.
- Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco.
- Manuel de Jesús Pirabán, alias Pirata.
- Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán.
- Hernán Giraldo Serna.
- Edwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino.
- Salvatore Mancuso Gómez.
- Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos.
En la segunda página, los firmantes precisan que sus rúbricas corresponden exclusivamente al comunicado del 21 de octubre de 2026. Esta aclaración resulta relevante porque establece una distinción entre el pronunciamiento actual y los documentos discutidos durante las reuniones del año anterior.
La FM distingue entre una propuesta y el documento firmado
La controversia presenta un elemento adicional que merece atención. Este miércoles 21 de octubre, La FM publicó otra investigación sobre las reuniones entre representantes del gobierno Petro y antiguos integrantes de las AUC. En ella, el medio señala que durante los encuentros se presentó una propuesta que contemplaba la participación de exparamilitares en discusiones sobre la reforma a la justicia; sin embargo, La FM reconoce en esa publicación que el documento inicialmente presentado no fue el mismo que terminó firmado y divulgado por el Dapre.
La diferencia resulta fundamental para establecer el alcance de las conversaciones. Una propuesta puede contener compromisos que finalmente no sean aceptados; por tanto, no tiene necesariamente el mismo valor que una declaración suscrita por las partes. De esta manera, la controversia exige determinar si el documento revelado inicialmente era un borrador de negociación, una propuesta gubernamental o un acuerdo definitivo. También será necesario conocer su procedencia y establecer quiénes participaron en su elaboración. Hasta ahora, las publicaciones examinadas no permiten resolver de manera independiente la autenticidad y el alcance jurídico de todos los documentos involucrados.
¿Qué había revelado Santiago Ángel sobre los beneficios?
El 20 de octubre, Santiago Ángel publicó una investigación que presentó como prueba de posibles compromisos gubernamentales con los antiguos comandantes paramilitares. Entre las disposiciones divulgadas figuraba estudiar la excarcelación de gestores de paz que permanecían privados de la libertad. También se mencionaban posibles revisiones de las condiciones de reclusión y mecanismos relacionados con la extradición, la reubicación carcelaria y la acumulación de penas.
La investigación vinculó estas propuestas con las denuncias sobre supuestas solicitudes de declaraciones contra Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras; sin embargo, el documento difundido no mencionaba expresamente a esos tres dirigentes como destinatarios de nuevos testimonios. La controversia fue abordada por Noticias del Cesar en una publicación anterior sobre los posibles beneficios contemplados durante las reuniones. Ahora, el rechazo de los once firmantes obliga a diferenciar los compromisos que pudieron discutirse de aquellos que efectivamente fueron aceptados.
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Mancuso y Villamizar: los antecedentes de la controversia
El nuevo pronunciamiento también debe examinarse frente a las declaraciones conocidas durante los últimos días. Juan Carlos Villamizar, abogado de Salvatore Mancuso, aseguró que representantes del entonces gobierno Petro solicitaron a antiguos jefes paramilitares pronunciarse sobre determinados dirigentes políticos. Según su versión, los excomandantes rechazaron esa petición porque ya habían entregado información a las autoridades judiciales.
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Por su parte, Mancuso también se refirió públicamente a las supuestas solicitudes y sostuvo que los participantes no aceptaron involucrar a personas sobre las cuales no tenían nuevos elementos que aportar. Estas denuncias dieron origen a una controversia sobre los verdaderos propósitos de las reuniones celebradas en Valledupar; sin embargo, la existencia de conversaciones sobre asuntos judiciales no demuestra, por sí sola, que se hubiera acordado presentar testimonios falsos o atribuir responsabilidades inexistentes. La determinación de eventuales irregularidades corresponde a las autoridades competentes.
Rechazan utilizar políticamente el proceso de Ralito
En el último apartado del comunicado, los once exjefes paramilitares reivindican su participación en los procesos de esclarecimiento de la verdad. Aseguran que durante más de veinte años han comparecido ante diferentes instancias judiciales, incluida la justicia transicional. Asimismo, sostienen que han rendido declaraciones y aportado información relacionada con los hechos del conflicto armado.
Los firmantes consideran indispensable avanzar hacia el cierre jurídico definitivo del proceso de paz de Ralito, con seguridad jurídica y respeto por los derechos de las víctimas. También reiteran su disposición a colaborar con las autoridades judiciales. Al mismo tiempo, rechazan que el proceso sea utilizado con propósitos políticos y reclaman respeto por los documentos oficiales.
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La investigación sobre el Pacto de Valledupar continúa
El Ministerio de Justicia solicitó el 19 de octubre que la Fiscalía investigara los señalamientos relacionados con las reuniones de Valledupar. La petición busca establecer si existieron presiones, ofrecimientos irregulares o intentos de utilizar mecanismos judiciales para obtener declaraciones contra dirigentes políticos; además, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria relacionada con la actuación de antiguos funcionarios del gobierno Petro. Estas actuaciones no constituyen decisiones sobre responsabilidades individuales. Su finalidad es esclarecer los hechos y determinar si existen elementos que justifiquen nuevas medidas.
Mientras tanto, el comunicado divulgado este miércoles introduce una controversia documental que requiere respuestas tanto de sus firmantes como de quienes participaron en las reuniones. ¿Cuál fue el documento finalmente suscrito, qué propuestas quedaron por fuera y qué valor tenían los textos que circularon durante las conversaciones? La respuesta resulta fundamental para establecer lo que realmente ocurrió en Valledupar.
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Por ahora, los once exparamilitares niegan haber firmado el documento cuestionado, mientras La FM mantiene publicadas sus investigaciones sobre las propuestas discutidas. La autenticidad documental y el alcance de los compromisos siguen siendo asuntos que requieren verificación. En medio de esta controversia, los derechos de las víctimas, la verdad judicial y la transparencia de las actuaciones oficiales deben permanecer en el centro del debate.
