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El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso entregó su versión sobre la polémica reunión celebrada en Valledupar en octubre de 2025, durante el gobierno de Gustavo Petro. Aseguró que delegados de esa administración pidieron a antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) acusar a tres figuras políticas con fines electorales. En una declaración grabada en video, Mancuso identificó a los entonces funcionarios Angie Rodríguez y Víctor de Currea Lugo. Según su relato, ambos participaron en una solicitud dirigida contra Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras.
«Delegados del gobierno Petro nos pidieron a los excomandantes de las autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección. A Uribe, a De la Espriella y a Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó», manifestó. Su declaración aporta una nueva versión de uno de los episodios más controvertidos de la relación entre el anterior Gobierno nacional y los excomandantes de las AUC. Sin embargo, las responsabilidades y las motivaciones denunciadas todavía requieren esclarecimiento judicial.
Mancuso señala a Angie Rodríguez y Víctor de Currea Lugo
El antiguo comandante paramilitar sostuvo que el encuentro había sido acordado directamente con Gustavo Petro un año antes, durante una conversación en Montería. Según Mancuso, el propósito original era revisar los compromisos pendientes del proceso de desmovilización iniciado con el Acuerdo de Santa Fe de Ralito. «Ese encuentro lo había acordado yo mismo con el presidente Petro un año antes en Montería para una sola cosa, cerrar el proceso de Ralito», explicó.
No obstante, aseguró que la reunión tomó otro rumbo cuando se planteó la posibilidad de realizar pronunciamientos contra los tres dirigentes políticos. «En Valledupar, los delegados del presidente, la señora Angie Rodríguez y el asesor Víctor de Currea Lugo, nos pidieron otra cosa, hablar públicamente contra esas tres personas». Mancuso afirmó que ninguno de los excomandantes aceptó la solicitud. También señaló que el desacuerdo generó molestias entre los participantes y afectó la continuidad del encuentro. «La respuesta fue una sola, nadie aceptó. Hubo molestia de parte nuestra y ahí se dañó el encuentro», expresó.
Las declaraciones que originaron la controversia
El pronunciamiento de Mancuso se produce después de las revelaciones realizadas por Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). En una entrevista con Vértice Noticias, Rodríguez aseguró que había recibido una misión política relacionada con los antiguos comandantes paramilitares reunidos en Valledupar. La exfuncionaria sostuvo que el objetivo era conseguir declaraciones públicas contra Uribe, De la Espriella y Vargas Lleras.
Rodríguez describió aquella solicitud como parte de un supuesto complot y afirmó que había transmitido personalmente el requerimiento a los exjefes de las autodefensas. Las declaraciones desataron cuestionamientos sobre el verdadero propósito de la reunión y la posible utilización de un escenario de reconciliación para objetivos políticos. El Centro Democrático solicitó a la Fiscalía y a los organismos de control investigar los hechos, especialmente la posibilidad de que se hubieran utilizado recursos públicos para afectar a dirigentes políticos.
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«La mesa de Ralito no volvió a convocarse»
Uno de los señalamientos más relevantes de Mancuso está relacionado con las consecuencias del encuentro. El exjefe paramilitar afirmó que, después del desacuerdo sobre las declaraciones políticas, no se convocaron nuevas reuniones de la mesa de Ralito. «No me crean a mí, miren los hechos. No hubo entrevista, no hubo declaración. Y ese no tuvo precio. La mesa de Ralito no volvió a convocarse, nunca», señaló.
Aunque Mancuso considera que la controversia frustró la continuidad del proceso, durante la clausura del encuentro de octubre de 2025 sí se anunciaron compromisos institucionales. En aquella ocasión, el Gobierno informó sobre iniciativas relacionadas con la reparación de víctimas, la búsqueda de desaparecidos y la entrega de bienes. Por tanto, queda pendiente establecer cuáles de esos compromisos se ejecutaron y si efectivamente dejaron de realizarse las reuniones posteriores.
Justicia y Paz: Mancuso habla de casi 60 años para terminar
Más allá de las acusaciones políticas, Mancuso aprovechó su intervención para cuestionar la demora en los procesos judiciales y de reparación derivados de la desmovilización de las AUC. Aseguró que todavía existen antiguos combatientes cuya situación jurídica no ha sido resuelta. También habló de víctimas pendientes de reparación y bienes entregados al Estado. El excomandante sostuvo que, según una sentencia reciente de la Corte Suprema de Justicia y su propia experiencia en Justicia y Paz, el proceso podría tardar 59 años y seis meses en culminar.
La cifra corresponde a su afirmación y requiere identificar la providencia judicial que la sustenta. Sin embargo, las demoras en Justicia y Paz sí han sido objeto de pronunciamientos judiciales. En octubre de 2025, la Corte Suprema advirtió sobre la vulneración de derechos de una víctima cuyo proceso llevaba años sin sentencia. Mancuso consideró que la falta de resultados afecta tanto a los antiguos combatientes como a quienes esperan verdad, justicia y reparación.
Mancuso dice estar dispuesto a declarar ante la Fiscalía
Frente a las posibles consecuencias judiciales de sus revelaciones, Mancuso manifestó que atendería cualquier citación de la Fiscalía General de la Nación. «Si la Fiscalía me llama, voy, es mi deber», aseguró. El excomandante también sostuvo que la verdad sobre el conflicto armado debe responder a las víctimas y no a los intereses de una campaña electoral. «A ellas se les debe la verdad, no a un calendario electoral ni a una campaña política», manifestó.
Asimismo, cuestionó lo que considera un incumplimiento de las obligaciones del Estado frente al proceso de desmovilización. «Lo que se perdió ese día no fue un video, fue la posibilidad de que el Estado cerrara un proceso de paz que quedó inconcluso con las AUC», concluyó. La declaración abre nuevos interrogantes sobre lo ocurrido en Valledupar, las instrucciones que pudieron recibir los funcionarios del anterior Gobierno y el futuro de los compromisos adquiridos con las víctimas. Por ahora, los señalamientos de Mancuso y Rodríguez constituyen versiones de los protagonistas de la controversia. Corresponderá a las autoridades determinar si existieron actuaciones irregulares y establecer las eventuales responsabilidades.
