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El Pacto de Valledupar vuelve al centro de la controversia nacional. Esta vez, la discusión no gira únicamente alrededor de testimonios sobre presuntas presiones políticas. Un documento divulgado por La FM revela que el Gobierno de Gustavo Petro y antiguos jefes paramilitares acordaron estudiar posibles beneficios jurídicos y penitenciarios, mientras avanzaban en compromisos relacionados con el esclarecimiento de la verdad. La investigación, presentada este martes 20 de octubre por el periodista Santiago Ángel, expone apartados de una declaración suscrita durante las reuniones de octubre de 2025 en la capital del Cesar. El texto contempla estudiar excarcelaciones, condiciones de reclusión y mecanismos relacionados con la extradición.
La revelación adquiere especial importancia por las denuncias recientes sobre una supuesta solicitud para obtener declaraciones contra Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras. Aunque el documento no menciona expresamente a esos dirigentes, su contenido abre nuevas preguntas sobre los compromisos adquiridos y los límites legales de las gestiones gubernamentales.
Pacto de Valledupar: ¿qué beneficios contemplaba el documento?
Uno de los apartados más relevantes está relacionado con los antiguos paramilitares que permanecían privados de la libertad. El documento plantea:
«Explorar la excarcelación de los gestores de paz actualmente en prisión».
El mismo compromiso incluía revisar las condiciones de reclusión mientras se resolvía la situación jurídica de los participantes. La investigación de La FM interpreta estas disposiciones como posibles incentivos para conseguir nuevas declaraciones sobre las relaciones del paramilitarismo con sectores políticos y económicos; sin embargo, existe una diferencia importante. El texto habla de explorar alternativas, no de ordenar liberaciones. Tampoco demuestra que alguno de los participantes hubiera recibido efectivamente esos beneficios.
Otro apartado propone retomar las colonias agrícolas como espacios de resocialización y trabajo productivo para las comunidades. El documento también contempla estudiar mecanismos relacionados con la reubicación carcelaria, la extradición y la acumulación jurídica de penas. Estas medidas, por sus posibles consecuencias judiciales, requieren examinar las competencias de las entidades responsables y las normas aplicables.
Una resolución presidencial que no concedía beneficios judiciales
La revelación plantea un interrogante al contrastarla con la Resolución Ejecutiva 327 del 21 de septiembre de 2025, expedida durante el gobierno Petro. La disposición reactivó la participación de antiguos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia como gestores de paz y estableció mecanismos para continuar los trabajos pendientes; no obstante, la resolución precisó que esa designación no modificaba la situación jurídica de los beneficiarios ni sus medidas de aseguramiento. Tampoco implicaba concederles beneficios judiciales.
Por otra parte, el documento divulgado por La FM contemplaba estudiar mecanismos que eventualmente podrían afectar sus condiciones penitenciarias. Ambas disposiciones no son necesariamente incompatibles. La designación como gestor de paz no otorga beneficios judiciales, mientras que estudiar alternativas legales tampoco equivale a concederlas. La cuestión pendiente consiste en establecer cuáles eran las facultades de los funcionarios para asumir esos compromisos y qué procedimientos debían seguirse para desarrollarlos.
Angie Rodríguez y Benedetti participaron en las reuniones
Los encuentros se desarrollaron en Valledupar en octubre de 2025 y contaron con representantes del Gobierno nacional y antiguos comandantes de las autodefensas. Entre los funcionarios vinculados a las reuniones estuvieron Angie Rodríguez, entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y Armando Benedetti, quien ocupaba el Ministerio del Interior. También participó Víctor de Currea Lugo, asesor del Gobierno. La investigación de Santiago Ángel menciona, además, el apoyo de Jorge Arturo Lemus, entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia.
La agenda oficial buscaba avanzar en el cierre de compromisos pendientes del proceso iniciado con las autodefensas durante el gobierno de Álvaro Uribe. En octubre de 2025, Radio Nacional informó que las reuniones culminaron con la firma de un acta. Por tanto, la existencia del encuentro y de compromisos generales ya era conocida. La novedad de este 20 de octubre es la divulgación de cláusulas específicas sobre posibles beneficios jurídicos y penitenciarios. Durante la reunión, Rodríguez defendió la necesidad de ampliar el conocimiento público sobre hechos relacionados con el conflicto armado. Por su parte, Benedetti anunció que los gestores de paz aportarían información que podría involucrar a integrantes de la clase política, incluidos dirigentes que participaban en la contienda electoral.
¿Qué relación tiene el documento con las denuncias contra políticos?
La aparición del documento coincide con una controversia que ha crecido durante las últimas semanas. Angie Rodríguez aseguró públicamente que durante el anterior Gobierno existió interés en conseguir pronunciamientos de exparamilitares sobre Uribe, De la Espriella y Vargas Lleras; posteriormente, Juan Carlos Villamizar, abogado de Salvatore Mancuso, confirmó en una entrevista con Caracol Radio que durante las reuniones se mencionó una supuesta instrucción presidencial para abordar a esos dirigentes; sin embargo, Villamizar aclaró que desconocía si Gustavo Petro había impartido realmente esa orden. El abogado también explicó que la solicitud consistía en contar lo que los excomandantes supieran, no necesariamente en inventar declaraciones.
Estas afirmaciones fueron recogidas por Noticias del Cesar en el artículo Reunión de exparas en Valledupar: ¿hubo petición sobre Uribe y otros políticos?, publicado el 19 de octubre. La investigación de La FM incorpora ahora otro elemento: según dos fuentes consultadas por ese medio, varios antiguos jefes paramilitares rechazaron entregar nuevas declaraciones sobre determinados políticos. De acuerdo con esas versiones, temían comprometer su situación jurídica al modificar testimonios rendidos anteriormente. El documento conocido este martes no identifica a los tres dirigentes como destinatarios de futuras declaraciones. Tampoco demuestra que los posibles beneficios estuvieran condicionados a involucrarlos en hechos delictivos. Establecer si existió alguna relación entre ambas circunstancias será una tarea de las autoridades.
Mancuso, las firmas y los compromisos pendientes
La FM también señala que los participantes suscribieron compromisos para continuar los trabajos relacionados con el esclarecimiento de la verdad. Entre las tareas acordadas figuraba actualizar los planes de trabajo y definir actividades concretas para desarrollar la declaración. Este punto resulta relevante frente a las versiones según las cuales los antiguos comandantes rechazaron las solicitudes relacionadas con determinados políticos. Una negativa a declarar sobre personas específicas no necesariamente impedía suscribir compromisos generales sobre verdad, reparación y cierre del proceso de paz.
Por eso, la existencia de un documento firmado no demuestra, por sí sola, que los exparamilitares aceptaran las presuntas peticiones políticas. También queda pendiente establecer cuáles compromisos se desarrollaron después de octubre de 2025 y cuáles permanecieron sin ejecutar.
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Ministerio de Justicia pidió investigar el Pacto de Valledupar
La controversia ya llegó al terreno institucional. El 19 de octubre de 2026, el Ministerio de Justicia solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar las denuncias relacionadas con el denominado Pacto de Valledupar. La petición busca establecer qué ocurrió durante las reuniones, si existieron ofrecimientos irregulares y si alguien intentó utilizar mecanismos judiciales para afectar a dirigentes políticos.
La solicitud no equivale a una conclusión sobre responsabilidades penales. Corresponde a los investigadores determinar la existencia de posibles conductas delictivas y establecer quiénes habrían participado. En paralelo, las revelaciones han provocado nuevas reacciones políticas alrededor de los antiguos funcionarios del gobierno Petro. Noticias del Cesar también registró previamente la posición del exmandatario en Petro se desmarca de los señalamientos relacionados con el Pacto de Valledupar.
Valledupar, escenario de una controversia que sigue creciendo
Un año después de las reuniones, la capital del Cesar continúa en el centro de una discusión nacional sobre justicia, política y derechos de las víctimas. El llamado Pacto de Valledupar fue presentado inicialmente como una oportunidad para avanzar en el esclarecimiento de responsabilidades derivadas del paramilitarismo. Ahora, la divulgación de sus compromisos jurídicos y penitenciarios obliga a examinar con mayor profundidad los verdaderos alcances de aquella iniciativa.
La pregunta no se limita a determinar si se ofrecieron posibilidades de excarcelación o revisión de penas. También será necesario establecer qué sustento jurídico tenían esas propuestas y si estuvieron relacionadas con solicitudes de declaraciones sobre dirigentes políticos. Mientras la Fiscalía determina los hechos, permanece una exigencia fundamental: que cualquier contribución a la verdad responda a pruebas verificables, respete los derechos de las víctimas y no se convierta en instrumento de confrontación electoral.
