El presidente Gustavo Petro elevó al máximo la tensión con las autoridades locales. Ante las protestas y bloqueos que completan cinco días en regiones como Santander y Boyacá por el alza del avalúo catastral, el mandatario advirtió que podría apartar de sus cargos a los alcaldes que no solucionen la crisis. Sin embargo, expertos advierten que no tiene la facultad legal para hacerlo.
Lo que comenzó como un paro campesino contra el abrupto incremento del impuesto predial se ha transformado en un pulso de poder entre el Gobierno Nacional y los alcaldes del país. El presidente Gustavo Petro, a través de sus redes sociales y declaraciones públicas, decidió trasladar la responsabilidad de los bloqueos a los mandatarios locales, lanzándoles un ultimátum sin precedentes.
El ultimátum: «Hasta hoy hay plazo»
El jefe de Estado fue tajante al señalar que la alteración del orden público debe ser resuelta por los alcaldes mediante la presentación de acuerdos a sus concejos municipales para reducir las tasas del impuesto. De lo contrario, advirtió consecuencias drásticas.
«Hasta hoy hay plazo para que los alcaldes preparen la iniciativa y se levanten las barricadas… No sacar los ojos a nadie, no los pondré presos, pero los alcaldes como servidores públicos me responden», sentenció Petro.
El presidente insistió en que los campesinos están siendo «engañados», argumentando que es competencia directa de los alcaldes y concejos municipales fijar las tasas del predial, y no del Gobierno Nacional.
La defensa de los alcaldes: «Cumplimos la ley del Gobierno»
La respuesta de las regiones no se hizo esperar. La Federación Colombiana de Municipios emitió un pronunciamiento aclarando que los alcaldes no están actuando de forma arbitraria. Según la entidad, el aumento en los avalúos catastrales obedece estrictamente al cumplimiento del artículo 49 de la Ley 2294 de 2023, es decir, el propio Plan Nacional de Desarrollo impulsado por la administración Petro.
¿Puede realmente Petro destituir a un alcalde?
Más allá del debate sobre los impuestos, la amenaza del presidente ha encendido las alarmas jurídicas. Diversos expertos en derecho constitucional y administrativo han salido al paso para aclarar que el presidente de la República no tiene facultades legales para destituir a un alcalde elegido por voto popular.
- La competencia es de la Procuraduría: Solo el Ministerio Público puede destituir e inhabilitar a mandatarios locales tras un proceso disciplinario.
- Vía judicial: Un alcalde solo puede ser apartado de su cargo si un juez penal emite una medida de aseguramiento privativa de la libertad.
- Soberanía popular: Los ciudadanos, mediante la revocatoria del mandato, son los únicos que pueden retirar del cargo a quien eligieron en las urnas.
Esta controversia deja al descubierto una profunda fractura institucional. Mientras los bloqueos mantienen asfixiadas a varias regiones del oriente del país, la disputa por quién tiene la «culpa» del alza del predial parece alejar cada vez más las soluciones para los campesinos en las vías.