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El presidente Gustavo Petro respondió a las revelaciones que involucran a Juliana Guerrero y a su hermana Verónica en una presunta red que habría cobrado dinero a empresarios para gestionar contratos públicos. El mandatario puso en duda que los supuestos pagos hubieran servido para influir en sus decisiones o en las de sus ministros y pidió que las pruebas lleguen a la Fiscalía.
Petro pidió entregar las pruebas a la Fiscalía
La controversia surgió después de que una investigación periodística divulgara testimonios, chats, audios, tiquetes aéreos y comprobantes bancarios relacionados con supuestas gestiones ante entidades del Gobierno. Los denunciantes aseguraron que entregaron dinero con la expectativa de acceder a contratos o proyectos financiados con recursos públicos.
Ante las publicaciones, Petro sostuvo que los empresarios posiblemente difundieron las conversaciones porque las gestiones prometidas no se concretaron. Además, afirmó que quienes entregaron recursos habrían actuado bajo la equivocada idea de que él o sus ministros tomaban decisiones por presión, influencia personal o codicia.
El mandatario solicitó que el material conocido sea entregado a la Fiscalía General de la Nación para que determine si existieron pagos, quién los recibió y cuál habría sido su finalidad. También consideró que el caso demostraría que dentro del Gobierno funcionaron barreras que impidieron la materialización de los supuestos negocios.
“El jefe de jefes se tiró los negocios”
Uno de los elementos que generó mayor atención fue la expresión “jefe de jefes”, utilizada en conversaciones atribuidas a Verónica Guerrero para referirse a una presunta reunión de Juliana Guerrero con Petro. Según los testimonios publicados, ese encuentro estaría relacionado con gestiones que adelantaban los empresarios.
Petro respondió con ironía a esa referencia y escribió: “El jefe de jefes parece que se tiró los negocios”. Con esta frase aseguró que los proyectos no habrían prosperado porque su Gobierno tenía intereses diferentes a los de quienes buscaban beneficiarse mediante pagos o influencias.
El jefe de Estado también lanzó una acusación política al insinuar que, si se investigaba a los empresarios, podrían aparecer posibles vínculos con sectores cercanos al presidente electo Abelardo de la Espriella. Sin embargo, no presentó pruebas que respaldaran esa afirmación en su publicación.
Los cobros que aparecen en la investigación
De acuerdo con la investigación de SEMANA, el presunto esquema contemplaba un pago de un millón de pesos para realizar reuniones, un anticipo que podía alcanzar los 200 millones y una comisión equivalente al 10 % del valor de los proyectos que llegaran a adjudicarse.
Los testimonios señalan que Juliana Guerrero se encargaría de las supuestas gestiones ante funcionarios y entidades, mientras Verónica mantendría el contacto con los empresarios. También fue mencionado David Trespalacios, cercano a la familia Guerrero, como una de las personas que presuntamente habría recibido recursos.
Entre las entidades mencionadas aparecen los ministerios de Vivienda, Interior, Ambiente e Igualdad, además de la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Colombia en Paz. La sola aparición de estas instituciones o de funcionarios en conversaciones privadas no demuestra que hubieran participado en actuaciones ilegales.
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Empresarios habrían reclamado la devolución
La investigación indica que algunos de los empresarios comenzaron a exigir la devolución del dinero después de que los contratos y proyectos prometidos no se concretaran. En varios chats se observan reclamos, solicitudes de respuesta y conversaciones sobre el reintegro de los recursos entregados.
Petro interpretó esos reclamos como una señal de que las supuestas gestiones no lograron influir en las decisiones oficiales. No obstante, corresponde a la Fiscalía establecer si existió una red de cobros, si hubo engaño a los empresarios o si alguna persona utilizó conexiones reales o aparentes dentro del Estado.
Juliana Guerrero, Verónica Guerrero y las demás personas mencionadas mantienen la presunción de inocencia. Las conversaciones, consignaciones y declaraciones divulgadas constituyen material periodístico que deberá someterse a verificación judicial antes de atribuir responsabilidades penales o disciplinarias.