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Una investigación de SEMANA puso bajo una nueva lupa a Juliana Guerrero y a su hermana Verónica por su presunta participación en una estructura dedicada a gestionar contratos públicos a cambio de pagos. El medio aseguró que tuvo acceso a testimonios de empresarios, conversaciones de WhatsApp, audios, tíquets aéreos y comprobantes bancarios que deberán ser verificados por las autoridades competentes.
Cobros por abrir puertas en el Gobierno
Tres personas que, según la publicación, participaron en las negociaciones relataron que la primera reunión con las hermanas Guerrero tenía un costo de un millón de pesos. Posteriormente, los interesados debían entregar hasta 200 millones de pesos como anticipo y comprometerse a pagar el 10 % del valor de cada proyecto que eventualmente fuera adjudicado por una entidad estatal.
Los denunciantes sostuvieron que Juliana Guerrero se encargaba de realizar las supuestas gestiones ante funcionarios y entidades del Gobierno nacional, mientras Verónica mantenía la comunicación con los empresarios. En el esquema también aparece un hombre cercano a la familia, señalado como receptor inicial de parte del dinero entregado para impulsar las contrataciones.
Entre los proyectos ofrecidos figuraban la instalación de cámaras de seguridad con recursos del Ministerio del Interior, planes de mejoramiento de viviendas y la construcción de un acueducto en un municipio del Cesar. También se habrían cobrado tarifas para coordinar encuentros entre alcaldes, empresarios y funcionarios del Gobierno nacional.
Un acueducto del Cesar aparece en los chats
El componente regional ocupa un lugar central en la investigación. De acuerdo con SEMANA, Verónica Guerrero viajó a Aguachica en diciembre de 2024 para reunirse con empresarios interesados en el proyecto de un acueducto. Los tiquetes aéreos habrían sido adquiridos por los propios particulares que esperaban acceder a la iniciativa financiada con recursos públicos.
Después de ese encuentro, los mensajes conocidos por la revista muestran reportes sobre supuestas gestiones realizadas por Juliana Guerrero ante el entonces viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Edward Libreros. La publicación señala que los empresarios comenzaron a realizar pagos mientras esperaban avances en el acueducto y en diferentes programas de mejoramiento de vivienda.
La mención del exviceministro dentro de las conversaciones no demuestra, por sí sola, que hubiera recibido dinero o participado en una actuación ilegal. Los chats corresponden a afirmaciones hechas entre las personas involucradas en las negociaciones y su contenido deberá ser contrastado mediante una investigación formal que establezca responsabilidades individuales.
Consignaciones por millones de pesos
Los comprobantes divulgados por el medio registrarían transferencias por diferentes valores a cuentas relacionadas con las hermanas Guerrero y personas de su entorno. Uno de los empresarios aseguró que, entre diciembre de 2024 y los primeros días de enero de 2025, había entregado 53 millones de pesos mediante consignaciones y pagos en efectivo.
En una de las conversaciones, los empresarios hablaron de distribuir recursos entre varias cuentas y posteriormente compartieron los soportes bancarios. También aparece una transferencia de cinco millones de pesos a un número atribuido a Juliana Guerrero, luego de que Verónica indicara que podían realizar el pago por esa vía.
Los denunciantes afirmaron que el acuerdo incluía pagos de 35 millones de pesos por cada municipio en el que consiguieran proyectos de vivienda, además de una comisión del 10 % sobre el monto adjudicado. Según sus cálculos, las entregas realizadas durante toda la negociación habrían superado los 600 millones de pesos.
Mensajes sobre influencia en varias entidades
La investigación también recoge conversaciones en las que Verónica Guerrero aseguraba tener capacidad de gestión en los ministerios de Vivienda, Interior, Ambiente e Igualdad. Asimismo, Chats, audios, tiquetes y comprobantes bancarios revelados por SEMANA ponen bajo la lupa a Juliana Guerrero, su hermana Verónica y una presunta red que habría cobrado por gestionar contratos públicos.
En uno de los mensajes se habló de una reunión de Juliana con el denominado “jefe de jefes”, expresión que los denunciantes interpretaron como una referencia al entonces presidente Gustavo Petro. Esa interpretación corresponde a los testimonios entregados a la revista y no constituye una prueba directa de conocimiento o participación del mandatario en los hechos denunciados.
El presunto nivel de influencia de Juliana Guerrero ya había generado cuestionamientos anteriores. Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, afirmó públicamente que Guerrero intervenía en decisiones de contratación y nombramientos, aunque esas acusaciones también deberán ser esclarecidas por los organismos judiciales y de control.
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Gobernadora y diputado aparecen mencionados
Un audio publicado por SEMANA menciona a la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, y al diputado Jorge “Popo” Barros en relación con eventuales acercamientos políticos. En la grabación atribuida a Juliana Guerrero se expresa el interés de ayudar a la administración departamental, al diputado y posiblemente a una alcaldesa.
Sin embargo, la publicación no aporta evidencia de que la gobernadora o el diputado hubieran recibido pagos, conocido las negociaciones privadas o participado en el supuesto entramado contractual. Sus nombres aparecen dentro de conversaciones de terceros, circunstancia que no permite atribuirles responsabilidad en las conductas denunciadas.
Empresarios aseguran que perdieron el dinero
Los proyectos ofrecidos finalmente no habrían sido adjudicados a los tres empresarios que entregaron su testimonio. Ante la falta de resultados, comenzaron a exigir la devolución de los recursos y contactaron directamente a Juliana Guerrero, quien habría respondido que hablaría con su hermana sobre el reintegro de parte del dinero.
La investigación periodística abre nuevos interrogantes sobre el acceso de particulares a decisiones y recursos estatales. No obstante, las acusaciones sobre esta presunta red todavía requieren una evaluación de la Fiscalía y los organismos de control, mientras Juliana Guerrero, Verónica Guerrero y las demás personas señaladas conservan su derecho a la defensa y la presunción de inocencia.
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