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El plan de choque en MinSalud abrió un nuevo frente en la revisión de las cuentas que recibió el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La cartera suspendió temporalmente nuevas contrataciones, convenios y modificaciones relevantes tras detectar una diferencia cercana a $2,9 billones entre recursos comprometidos y aquellos que ya se habían convertido en obligaciones y pagos. Además, revisa 108 proyectos por $365.000 millones que seguían sin registro presupuestal.
La decisión fue presentada este lunes 7 de septiembre por la ministra de Salud, Ana María Vesga, durante una declaración divulgada por la Presidencia de la República. La funcionaria explicó las medidas adoptadas tras la revisión fiscal, presupuestal y administrativa que adelanta la nueva administración. El Gobierno presentó las medidas como parte de una ofensiva para revisar el manejo fiscal, presupuestal y administrativo del sector. Sin embargo, las cifras conocidas hasta ahora requieren una distinción: la brecha de $2,9 billones constituye una alerta sobre ejecución presupuestal, pero no demuestra por sí sola pérdida de recursos ni corrupción.
Plan de choque en MinSalud: qué encontró la revisión
La ministra Ana María Vesga aseguró que la revisión comenzó después de su posesión, el pasado 7 de agosto. Según explicó, la auditoría de la vigencia 2025 llevó a la Contraloría a emitir una opinión contable negativa sobre el Ministerio. Vesga agregó que el organismo encontró deficiencias en el control fiscal interno y no feneció la cuenta de la entidad. A ese antecedente se sumó la revisión de las asignaciones que encontró la nueva administración. De acuerdo con las cifras presentadas por la ministra, uno de los principales rubros tenía una apropiación cercana a $4,4 billones. De ese monto, alrededor de $4,3 billones estaban comprometidos, mientras que aproximadamente $1,3 billones ya aparecían como obligados y pagados.
Por tanto, la diferencia se acerca a los $2,9 billones que ahora están bajo revisión. Este punto resulta fundamental: la cifra no equivale a $2,9 billones desaparecidos. Tampoco representa, hasta ahora, un hallazgo fiscal por ese valor. Lo que el Gobierno cuestiona es el volumen de recursos comprometidos que todavía no había avanzado hasta la etapa de obligación y pago. La revisión se extendió a 28 resoluciones relacionadas con 176 proyectos y asignaciones superiores a $490.000 millones. De acuerdo con Vesga, 108 proyectos por unos $365.000 millones seguían sin registro presupuestal. Cerca del 83 % de ese valor correspondía a iniciativas de infraestructura.
Suspenden temporalmente contrataciones y convenios
Ante ese panorama, el Ministerio de Salud y Protección Social suspendió temporalmente nuevos procesos de contratación, contratos, convenios y contratos de prestación de servicios. La medida también cobija prórrogas, adiciones y modificaciones sustanciales de negocios jurídicos que ya estaban vigentes.
Las excepciones deberán contar con justificación y autorización previa del despacho de la ministra. La administración pretende revisar qué compromisos tienen soporte suficiente antes de continuar moviendo recursos del presupuesto de salud. “Los recursos de la salud no son la caja menor de funcionarios, contratistas, intermediarios ni políticos”, afirmó Vesga al explicar la decisión. El mensaje coincide con la línea anticorrupción que De la Espriella planteó desde su llegada a la Presidencia. Noticias del Cesar ya había explicado esa posición en el artículo “Abelardo contra la corrupción: ‘No toleraré ningún escándalo’”. En aquella oportunidad, el presidente anunció controles sobre el dinero público y el traslado de información a la Fiscalía cuando aparecieran posibles conductas delictivas.
Una denuncia por supuestas comisiones del 8 %
El plan de choque en MinSalud incluye otro asunto que debe mantenerse separado de la brecha presupuestal de $2,9 billones. Vesga informó que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía por la aparición de audios en los cuales personas ajenas a la administración estarían solicitando comisiones del 8 % en nombre de la ministra y de integrantes de su equipo.
La denuncia busca establecer quiénes aparecen en esas conversaciones, si los audios son auténticos y si realmente existió algún intento de intermediación utilizando el nombre de funcionarios del Ministerio. Por ahora, no existe una decisión judicial que permita atribuir esas conductas a una persona determinada. El Gobierno anunció, además, una política de cero tolerancia frente al cobro de porcentajes para conseguir contratos o proyectos. También prometió mantener auditorías sobre las iniciativas financiadas por la cartera y trasladar a las autoridades cualquier hecho que pueda tener implicaciones fiscales, disciplinarias o penales.
El plan de $10 billones y una crisis que también golpea al Cesar
La revisión administrativa ocurre mientras el Gobierno prepara una intervención más amplia sobre el sistema. Antes de asumir el poder, De la Espriella anunció un plan de rescate de hasta $10 billones durante sus primeros 90 días, con énfasis en hospitales, medicamentos, pacientes con enfermedades de alto costo y recuperación del flujo financiero. Por eso, el debate sobre el destino de cada peso tiene una consecuencia que supera las cuentas del Ministerio. Antes de inyectar nuevos recursos, el Ejecutivo quiere determinar qué compromisos recibió, cuáles cuentan con soporte y qué proyectos pueden continuar.
En el Cesar, esa discusión tiene efectos concretos. Ocho hospitales públicos del departamento advirtieron recientemente que podrían restringir servicios debido a una cartera de las EPS que alcanzaba $355.969 millones. Los gerentes señalaron que las dificultades de flujo afectaban proveedores, personal médico, medicamentos y operación hospitalaria. Así, controlar el presupuesto del Ministerio y recuperar el flujo hacia clínicas y hospitales forman parte del mismo problema, aunque correspondan a niveles diferentes del sistema. El desafío del Gobierno será demostrar que el plan de choque en MinSalud puede avanzar en ambas direcciones: revisar con rigor los recursos ya asignados y, al mismo tiempo, evitar que los controles administrativos profundicen los retrasos en proyectos o servicios urgentes.
Las investigaciones deberán establecer si detrás de las irregularidades anunciadas existen únicamente fallas de planeación y ejecución o si aparecen responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales. Esa diferencia será decisiva. Por ahora, el Gobierno puso el freno a nuevas decisiones contractuales mientras revisa las cuentas que recibió.
