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Un supuesto plan para deslegitimar a Abelardo antes de su posesión fue advertido en un informe conocido en las últimas horas. El documento señala que la estrategia no buscaría impedir directamente que el presidente electo asuma el cargo, sino debilitar anticipadamente la legitimidad y capacidad de acción de su Gobierno.
Las denuncias apuntan a dos frentes diferentes, aunque relacionados. El primero tendría un carácter político, comunicacional y judicial, con el propósito de mantener las dudas sobre la elección presidencial. El segundo buscaría dificultar el funcionamiento de la nueva administración durante sus primeros días.
Sin embargo, hasta el momento no se conoce públicamente una investigación judicial que haya demostrado la existencia de una operación coordinada. Por tanto, los hechos deben presentarse como denuncias y advertencias que requieren verificación.
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Plan para deslegitimar a Abelardo buscaría erosionarlo
Según un informe revelado por Caracol Radio, el supuesto plan no estaría dirigido, principalmente, a impedir la posesión presidencial del próximo 7 de agosto. La finalidad sería lograr que el Gobierno de Abelardo comience su mandato bajo una permanente discusión sobre su legitimidad, reduciendo su capacidad de consolidarse políticamente y de ejecutar sus primeras decisiones.
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La estrategia se apoyaría en cuestionamientos al resultado electoral, movilizaciones, acciones judiciales, discursos sobre un supuesto fraude y llamados a la resistencia contra las decisiones del próximo Gobierno.
El planteamiento coincide con la confrontación política que se ha desarrollado desde la segunda vuelta presidencial. Gustavo Petro ha cuestionado públicamente el resultado, mientras sectores cercanos al Pacto Histórico han impulsado acciones judiciales contra la declaratoria de elección.
Pese a esas controversias, el Consejo Nacional Electoral declaró oficialmente elegidos a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo para el periodo 2026-2030, mediante la Resolución E-3181 de 2026, y ordenó expedirles las respectivas credenciales.
La batalla judicial contra la elección
Uno de los principales episodios ocurrió con la demanda presentada por el exmagistrado Luis Guillermo Pérez contra la elección de De la Espriella. La acción pidió al Consejo de Estado suspender la posesión presidencial mientras se resolvía de fondo la controversia. Entre sus argumentos aparecen señalamientos sobre los discursos utilizados durante la campaña y una supuesta incompatibilidad relacionada con la ciudadanía estadounidense del presidente electo.
El Consejo de Estado inadmitió inicialmente la demanda. No obstante, el demandante aseguró que corregirá los aspectos señalados por el magistrado para mantener vivo el proceso jurídico. La acción judicial también ha sido acompañada por una campaña política y ciudadana. Pérez promovió la adhesión de personas como coadyuvantes y aseguró que más de un millón de ciudadanos habían respaldado digitalmente la iniciativa.
Aunque el resultado jurídico es incierto, la demanda mantiene abierta la discusión sobre la legitimidad del nuevo Gobierno. Precisamente, analistas han señalado que estas acciones pueden tener un efecto político incluso si no consiguen impedir la posesión.
Álvaro Leyva denuncia una operación de sabotaje
A esta controversia se sumó una carta firmada por Álvaro Leyva Durán y fechada el 14 de julio de 2026. Bajo el título “Petro y su operación de sabotaje”, el excanciller afirmó que recibió múltiples mensajes de funcionarios de distintos ministerios. Según su relato, esas comunicaciones advertirían sobre maniobras para generar caos durante los primeros días del Gobierno de Abelardo.
Leyva sostuvo que en varias entidades estarían identificando a funcionarios clave de libre nombramiento y remoción para pedirles la renuncia y aceptarla inmediatamente. El propósito, según su denuncia, sería que los nuevos ministros no encuentren servidores capacitados para entregar la información necesaria sobre el funcionamiento de las instituciones.
Además, el excanciller mencionó el supuesto bloqueo de computadores, el cierre de oficinas y la posible destrucción de documentos. También aseguró que esas actuaciones buscarían ocultar información frente al anunciado bloque de búsqueda anticorrupción del próximo Gobierno.
La carta, no obstante, no identifica a los funcionarios que supuestamente enviaron los mensajes. Tampoco menciona cuáles ministerios estarían involucrados ni adjunta órdenes, comunicaciones internas o pruebas sobre computadores bloqueados y documentos destruidos.
Por esa razón, se trata de una grave denuncia que deberá ser comprobada por los organismos de control.
Nombramientos de última hora bajo cuestionamiento
No es la primera vez que Leyva acusa a Petro de intentar obstaculizar la transición. El pasado 6 de julio, el excanciller publicó otra comunicación en la que cuestionó los nombramientos realizados durante las últimas semanas en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Leyva afirmó que esas designaciones buscaban “maniatar” al nuevo canciller, Omar Bula Escobar, y limitar la capacidad del Gobierno entrante para reorganizar la política exterior. Medios nacionales verificaron que se habían realizado varios nombramientos durante la transición. Sin embargo, algunas de las cifras difundidas por el excanciller no habían sido confirmadas oficialmente por la Cancillería.
En su nueva carta, Leyva sostuvo que las eventuales maniobras podrían configurar una desviación de poder. Esta figura jurídica ocurre cuando una autoridad utiliza una competencia legal para alcanzar un propósito diferente al autorizado por la Constitución o la ley.
No obstante, corresponderá a las autoridades administrativas, disciplinarias o judiciales determinar si los movimientos denunciados tuvieron una finalidad irregular.
El empalme quedó atrapado en la confrontación
La transición presidencial ya venía atravesando una grave crisis. Abelardo de la Espriella ordenó suspender las reuniones de empalme después de acusar al Gobierno saliente de desconocer su triunfo y de pretender afectar la entrega del poder.
El presidente electo aseguró que no podía continuar sentado en la misma mesa con una administración que cuestionaba abiertamente su elección. Por su parte, el Gobierno Petro anunció que entregaría los informes de gestión mediante canales institucionales y pidió el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría.
José Manuel Restrepo, vicepresidente electo y coordinador del empalme, señaló que su equipo había obtenido buena parte de la información requerida mediante derechos de petición dirigidos a las entidades estatales.
De esta manera, la transición dejó de ser solamente un procedimiento administrativo y se convirtió en otro escenario de disputa por el relato político.
Una ofensiva en dos frentes
Las denuncias conocidas permiten identificar dos líneas de confrontación contra el Gobierno de Abelardo. La primera busca cuestionar su legitimidad mediante acciones judiciales, acusaciones de fraude, movilizaciones y llamados a la resistencia política.
La segunda, denunciada por Álvaro Leyva, tendría un carácter administrativo y estaría orientada a dejar instituciones sin personal clave, información o capacidad operativa. Por ahora, no existe una decisión judicial que demuestre que ambas líneas formen parte de un único plan organizado. Tampoco se han presentado públicamente todas las pruebas mencionadas en el informe o en la carta del excanciller.
Sin embargo, la coincidencia de los acontecimientos aumenta la preocupación sobre las condiciones en las que se producirá el cambio de Gobierno. Abelardo de la Espriella llegará al poder con una elección formalmente declarada por el Consejo Nacional Electoral, pero en medio de una ofensiva política que busca mantener abierta la discusión sobre su legitimidad.
El reto del nuevo mandatario será evitar que la confrontación previa al 7 de agosto paralice las instituciones. Al mismo tiempo, los organismos de control deberán establecer si las denuncias sobre nombramientos, renuncias, bloqueo de información y destrucción de documentos tienen respaldo probatorio o hacen parte de la intensa disputa política que atraviesa el país.