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Las alianzas territoriales en la recta final de la campaña presidencial le están pasando factura a la candidata del Centro Democrático. Un reciente documento audiovisual dejó en evidencia los cuestionables nexos logísticos que rodearon su más reciente gira por Norte de Santander. El escándalo gira en torno al apoyo de Wilmer Carrillo, el polémico representante a la Cámara por el partido de la U, quien acaba de recibir una condena judicial por malos manejos de recursos públicos.
Un animador imprudente y una tarima financiada
La controversia estalló por cuenta de una grabación del pasado sábado 9 de mayo durante un evento masivo dirigido a mujeres cucuteñas. Mientras la multitud esperaba el arribo de la aspirante uribista (que llegó con varias horas de retraso), el presentador oficial del mitin decidió prender los ánimos mencionando a los patrocinadores políticos de la jornada.
Este reconocimiento público no fue casualidad. Diversas fuentes políticas del departamento confirmaron que el congresista condenado fue la pieza clave detrás de la concentración. Su estructura política se habría encargado de costear el montaje de la tarima principal, asegurar el alquiler del recinto y coordinar la movilización, transporte y refrigerios para cerca de 1.500 mujeres que asistieron a respaldar a la senadora.
La condena reciente que enciende las alarmas
El revuelo interno dentro del partido Centro Democrático es innegable. Las alarmas se dispararon porque este respaldo logístico provino de un dirigente que enfrenta graves líos con la justicia. A principios de este mismo mes, la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia condenatoria en primera instancia contra el representante por irregularidades en contratación estatal.
El expediente judicial que enreda al socio regional de la campaña está documentado al detalle. El alto tribunal determinó su responsabilidad en el Convenio de Asociación 00177 firmado en 2011, valorado en más de $1.465 millones de pesos. Dichos recursos estaban destinados a la reconstrucción de los accesos y la protección estructural del puente de Puerto León sobre el río Zulia, una obra clave para la conectividad de la frontera que terminó sumida en la corrupción.
Para los analistas políticos, aceptar favores logísticos de un barón electoral condenado desdibuja por completo el discurso de transparencia y lucha contra la impunidad que intenta proyectar la candidata de la derecha frente al electorado.