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La posesión de Abelardo en guarnición militar abrió un nuevo enfrentamiento entre el presidente electo y Gustavo Petro, quien ordenó impedir el uso de instalaciones castrenses para la ceremonia del próximo 7 de agosto.
La controversia entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario electo, Abelardo De La Espriella, por el lugar donde se realizará la próxima posesión presidencial sumó un nuevo capítulo. Durante su alocución de la noche del lunes, De La Espriella ratificó que pretende jurar como presidente de Colombia en una guarnición militar ubicada en el sur del país, pese a la oposición expresada por el Gobierno saliente.
Además, dirigió un llamado al Congreso que se instalará el próximo 20 de julio para que permita jurídicamente el traslado de la ceremonia. El presidente electo sostuvo que su intención es comenzar el nuevo Gobierno mediante una relación armónica con las distintas ramas del poder público. “Me voy a posesionar en el sur del país en una guarnición militar”, afirmó De La Espriella, quien aseguró también que el acto “cumplirá con la Constitución y la ley”.
Abelardo mantiene su promesa de campaña
De La Espriella explicó que la ceremonia busca rendir un homenaje a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, a quienes presentó como defensores de la democracia, la libertad y la institucionalidad colombiana.
El mandatario electo también prometió una posesión austera, sin gastos excesivos ni celebraciones ostentosas. Según indicó, el evento estará concentrado en la transmisión institucional del poder y en el reconocimiento a los integrantes de la fuerza pública.
La decisión mantiene una de las promesas que realizó durante la campaña presidencial. Desde antes de las elecciones, De La Espriella había anunciado que quería iniciar su Gobierno desde una instalación militar, como una señal política de respaldo a los uniformados.
El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, también había señalado que la ceremonia tendría un carácter austero y un fuerte componente de reconocimiento a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Petro ordenó impedir el uso de cuarteles
La respuesta de Abelardo se produjo después de que Gustavo Petro ordenara que ningún establecimiento militar o policial fuera utilizado para la posesión presidencial. Petro argumentó que continuará ejerciendo como comandante supremo de las Fuerzas Militares hasta que su sucesor preste juramento y asuma formalmente la Presidencia de la República.
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El mandatario saliente sostuvo que, mientras no se produzca la transmisión oficial del mando, los cuarteles militares y policiales permanecerán bajo sus órdenes. Por esa razón, instruyó a los uniformados para que no participen en una ceremonia organizada dentro de una guarnición.
Petro también defendió que la posesión debe realizarse ante el Congreso reunido en pleno y en el escenario institucional establecido para las sesiones del Legislativo. Sin embargo, la discusión jurídica no termina con la orden presidencial, debido a que la Constitución permite que las cámaras legislativas acuerden trasladar temporalmente su sede a otro lugar del territorio nacional.
Posesión de Abelardo en guarnición militar depende del Congreso
El artículo 192 de la Constitución Política establece que el presidente de la República debe tomar posesión de su cargo ante el Congreso y prestar el juramento correspondiente. La norma no señala expresamente que la ceremonia tenga que realizarse en el Capitolio Nacional. Su exigencia principal es que el nuevo mandatario jure ante el Congreso de la República.
Por su parte, el artículo 140 de la Constitución dispone que el Congreso tiene su sede en la capital del país, pero permite que el Senado y la Cámara de Representantes, mediante un acuerdo entre las dos corporaciones, trasladen sus sesiones a otro lugar.
Esa misma posibilidad aparece en el artículo 33 de la Ley 5 de 1992, que contiene el reglamento del Congreso. Por lo tanto, una posesión en una guarnición militar podría tener viabilidad si ambas cámaras aprueban previamente el traslado de su sede.
En consecuencia, ni el Gobierno saliente ni el presidente electo pueden modificar unilateralmente el lugar de la posesión. La decisión institucional deberá pasar por el Senado y la Cámara de Representantes.
Abelardo apela al nuevo Congreso
El equipo de De La Espriella ya solicitó formalmente a las secretarías del Senado y la Cámara que expliquen el procedimiento requerido para trasladar la sede del Congreso durante la ceremonia del 7 de agosto.
La consulta busca establecer qué mayorías serían necesarias, cuál debe ser el quórum, quién puede presentar la proposición y si la autorización debe aprobarse separadamente en cada cámara o durante una sesión del Congreso en pleno.
El secretario general del Senado, Diego González, ha señalado que la propuesta podría tener viabilidad jurídica, siempre que exista un acuerdo entre las cámaras y la decisión consiga la mayoría requerida entre los congresistas presentes.
No obstante, además de la autorización legislativa, tendrá que resolverse la coordinación operativa con las Fuerzas Militares, debido a que Petro conservará el mando constitucional sobre ellas hasta el momento exacto en que De La Espriella preste juramento.
El 20 de julio será decisivo
El futuro de la ceremonia comenzará a definirse cuando se instale el nuevo Congreso el próximo 20 de julio. Los senadores y representantes deberán elegir sus mesas directivas y posteriormente estudiar la solicitud para trasladar temporalmente la sede del Legislativo. La votación también se convertirá en una primera medición del respaldo político que tendrá De La Espriella dentro del Congreso.
Por ahora, el presidente electo mantiene su posición y asegura que cumplirá su promesa de asumir el poder desde una guarnición militar del sur de Colombia. Petro, mientras tanto, insiste en que ninguna instalación castrense podrá ser utilizada mientras él conserve el mando de las Fuerzas Militares.
La posesión de Abelardo en guarnición militar solo será posible si el Senado y la Cámara autorizan el traslado temporal de la sede del Congreso.. La disputa política continuará, pero la salida jurídica dependerá principalmente de la decisión que adopten el Senado y la Cámara antes del próximo 7 de agosto.
