Escribenos Aquí
La revisión del POT de Valledupar comenzó a revelar profundas diferencias entre la ciudad y sus corregimientos. El diagnóstico presentado por la Alcaldía y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas señala que la pobreza extrema alcanza al 23 % de la población rural, frente al 2,8 % reportado para la zona urbana. La brecha aparece entre los principales desafíos que deberá enfrentar el nuevo ordenamiento territorial del municipio.
La primera socialización se realizó este miércoles 16 de septiembre en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez. Allí, la Oficina Asesora de Planeación presentó cinco problemas estructurales identificados durante la fase diagnóstica: presión sobre la naturaleza, brecha urbano-rural, economía desbalanceada, crecimiento sin suficiente soporte y débil articulación regional.
El proceso no significa que exista todavía un nuevo POT aprobado. Valledupar continúa rigiéndose por el Acuerdo 011 de 2015. Sus contenidos de corto plazo vencieron en 2019 y los de mediano plazo en 2023, mientras permanecen vigentes disposiciones de largo plazo. La revisión deberá pasar posteriormente por formulación, concertación ambiental, participación ciudadana y los trámites requeridos para su adopción.
POT de Valledupar deberá cerrar la brecha rural
El dato de pobreza extrema pone especialmente la mirada sobre los 25 corregimientos y las zonas rurales dispersas del municipio. El equipo formulador considera que ordenar el territorio no puede limitarse a determinar dónde se construye vivienda o hacia dónde crece la cabecera urbana. También deberá mejorar las condiciones de acceso a vías, educación, salud, servicios públicos y equipamientos en el campo.
La preocupación social coincide con otros indicadores que ya muestran importantes desigualdades en Valledupar. Noticias del Cesar explicó recientemente que, pese a avances en empleo, educación y cobertura de servicios, la pobreza continúa entre los principales desafíos de calidad de vida del municipio. La revisión del POT agrega ahora la dimensión territorial: las dificultades no se distribuyen de la misma manera entre la cabecera y la ruralidad.
El diagnóstico también encontró problemas en el uso del suelo rural. El 30,75 % aparece subutilizado, a pesar de que el 24 % tiene vocación agrícola, mientras otro 25,3 % registra sobreutilización. La propuesta técnica plantea fortalecer la producción agropecuaria sostenible, la agroindustria, los mercados formales y una mejor conexión de los corregimientos con Valledupar y el resto de la región Caribe.
Ambiente y servicios limitarán hacia dónde puede crecer la ciudad
Otro dato que encendió alertas corresponde a las rondas hídricas: el diagnóstico señala que 36,37 % presenta algún tipo de presión. La revisión deberá considerar especialmente las cuencas de los ríos Guatapurí y Cesar, humedales como María Camila, El Eneal y Sicarare, el bosque seco tropical y las zonas donde existen amenazas o riesgos para la población.
La disponibilidad de servicios públicos también será determinante. El equipo técnico advirtió que Valledupar no debería seguir expandiéndose hacia sectores donde no existan previamente condiciones suficientes de acueducto, energía, movilidad, espacio público y equipamientos. Ese debate se relaciona directamente con los controles urbanísticos que ya adelanta el municipio: Noticias del Cesar informó que más de 80 obras han recibido órdenes de suspensión desde 2024.
El espacio público constituye otra deuda. Según las cifras presentadas durante la socialización, Valledupar dispone de 6,66 metros cuadrados de zonas verdes por habitante. Dentro de la revisión está prevista por primera vez la elaboración de un plan maestro que permita identificar parques, zonas de cesión, corredores y demás espacios públicos, además de establecer su estado y posibilidades de conexión.
La revisión del POT fue contratada por la Alcaldía con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas mediante un convenio cercano a $3.481 millones y un plazo de seis meses. El diagnóstico será apenas el punto de partida: las decisiones finales sobre expansión urbana, vivienda, suelo rural, protección ambiental y servicios deberán discutirse posteriormente con autoridades, gremios y comunidades antes de convertirse en nuevas normas para Valledupar.
