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La Presidencia pide ser reconocida como víctima dentro del proceso penal contra Laura Sarabia por el polígrafo practicado a Marelbys Meza. La solicitud fue presentada durante la audiencia en la que la Fiscalía imputaría dos delitos a la exdirectora del Dapre y excanciller del gobierno de Gustavo Petro. Un abogado de la Secretaría Jurídica de la Presidencia intervino este lunes 14 de septiembre ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá. Allí manifestó que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, considera que resultó afectado por las actuaciones investigadas.
Sin embargo, la jueza aclaró que esa diligencia no era el momento procesal para resolver el reconocimiento formal de las víctimas. Por tanto, la petición de la Presidencia deberá ser estudiada posteriormente por el juez de conocimiento, si el expediente avanza hacia una nueva etapa.
Presidencia pide ser reconocida como víctima por uso de instalaciones oficiales
La solicitud adquiere relevancia porque el polígrafo fue practicado en dependencias situadas frente a la Casa de Nariño. Según la investigación, recursos y funcionarios relacionados con la seguridad presidencial habrían intervenido en un asunto que tuvo su origen en la residencia particular de Sarabia. Los hechos comenzaron en enero de 2023, luego de la desaparición de una maleta con dinero del apartamento de la entonces jefa de Gabinete. Marelbys Meza, quien trabajaba como niñera de su hijo, fue señalada como sospechosa y sometida a la prueba para establecer si tenía información sobre el dinero.
La Fiscalía sostiene que el procedimiento se habría realizado de manera irregular. En consecuencia, busca imputar a Sarabia los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado. La exfuncionaria compareció virtualmente a la audiencia junto con su abogado, el exfiscal general Mario Iguarán. No obstante, la imputación no representa una condena ni permite afirmar que Sarabia sea responsable. Esa diligencia busca comunicarle formalmente los hechos y delitos por los cuales será investigada. Además, la exfuncionaria conserva la presunción de inocencia mientras un juez no adopte una decisión definitiva.
Otras personas solicitaron reconocimiento como víctimas
Durante la audiencia también pidieron reconocimiento como víctimas Marelbys Meza y Fabiola Perea, otra antigua empleada de Sarabia. Los abogados sostienen que las dos mujeres habrían sufrido seguimientos, presiones o procedimientos irregulares después de la desaparición del dinero. Asimismo, fue presentada una petición en favor de Marbel Alcira Morales Quevedo, quien se desempeñaba como fiscal 101 de la Unidad de Hurtos. Su representante aseguró que la funcionaria habría sido engañada e instrumentalizada durante las actuaciones adelantadas para esclarecer el supuesto robo.
Uno de los testigos centrales del expediente es el capitán Óscar Leandro Mojica Cordón, antiguo jefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín de Bogotá. El oficial obtuvo un principio de oportunidad y se comprometió a colaborar con la Fiscalía sobre las órdenes y procedimientos realizados. Además, por hechos asociados a las interceptaciones ilegales contra Meza ya fueron condenados dos antiguos integrantes de la Policía. La Fiscalía también presentó un escrito de acusación contra el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, quien fue jefe de seguridad de la Presidencia durante el mandato de Petro.
Una decisión con impacto político e institucional
La intervención del Dapre marca una ruptura institucional frente a las actuaciones atribuidas a una de las funcionarias más influyentes del gobierno anterior. Sarabia ocupó la Dirección del Dapre, la Cancillería y posteriormente la Embajada de Colombia en el Reino Unido. Ahora, bajo el gobierno de Abelardo De La Espriella, la Presidencia busca intervenir como posible víctima dentro del mismo proceso. Sin embargo, la entidad todavía no tiene reconocido formalmente ese estatus, pese a que algunos titulares nacionales aseguraron que ya se había declarado víctima.
El alcance jurídico de la petición dependerá de la decisión que adopte el juez competente. Mientras tanto, el proceso continuará con el examen de las actuaciones relacionadas con el polígrafo y el supuesto uso de recursos oficiales para resolver un hecho ocurrido en el ámbito privado.
