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La Fiscalía General de la Nación aseguró que una organización transnacional habría utilizado durante más de una década una compleja red de empresas en Colombia y Panamá para importar mercancías de manera presuntamente ilegal, ocultar el origen de los recursos y comercializar los productos a través de establecimientos asociados a la marca Lili Pink.
La investigación, que continúa en etapa judicial, involucra a ocho personas y expone un presunto entramado de contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Una organización que habría operado desde 2013
Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía sostuvo que la estructura comenzó a operar desde 2013 y estuvo conformada por sociedades creadas en Colombia y Panamá.
La Fiscalía sostiene que estas compañías realizaron operaciones de comercio exterior que aparentaban ser legales, pero que, en realidad, permitían el ingreso de mercancía de contrabando al territorio nacional.
La investigación comenzó tras una denuncia presentada por la Policía Fiscal y Aduanera, que alertó sobre posibles irregularidades en las actividades comerciales de Fast Moda S.A.S., empresa que opera la marca Lili Pink, y de otras sociedades vinculadas.
Así habría funcionado el entramado
De acuerdo con la Fiscalía, la organización controlaba buena parte de la cadena comercial.
Primero, habría utilizado importadoras y empresas de fachada para ingresar al país prendas de vestir, juguetes, cosméticos y otros productos mediante operaciones presuntamente irregulares.
Posteriormente, la mercancía era distribuida en establecimientos comerciales para darle apariencia de legalidad.
Finalmente, los recursos obtenidos por las ventas habrían sido enviados a empresas ubicadas en Panamá que, según la investigación, estaban bajo el control de la misma organización.
Conductores figuraban como empresarios
La Fiscalía reveló que algunas sociedades tenían como socios o representantes legales a personas que, aparentemente, no contaban con la capacidad económica para administrar empresas de gran tamaño.
Uno de los casos mencionados fue el de un conductor que figuraba como accionista o representante de compañías vinculadas al entramado.
Según el ente acusador, este tipo de maniobras habría sido utilizado para ocultar a los verdaderos responsables de las operaciones comerciales y dificultar el rastreo del dinero.
Las autoridades también encontraron que varias empresas compartían direcciones, representantes y estructuras administrativas, pese a desarrollar actividades económicas diferentes.
Empresas de fachada bajo la lupa
La Fiscalía sostiene que el grupo creó varias sociedades con objetos sociales distintos para dispersar las operaciones comerciales y financieras.
La Fiscalía sostiene que los responsables crearon, modificaron y liquidaron constantemente varias sociedades para dificultar el rastreo de las mercancías y del dinero.
los fiscales también vincularon al caso a una empresa dedicada oficialmente a la fabricación de preservativos, tras detectar presuntas relaciones societarias y administrativas con integrantes de la organización.
Millonarias cifras bajo investigación
Las autoridades estiman que el presunto esquema habría permitido lavar más de 730.000 millones de pesos y generar un enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones de pesos.
Además, la Fiscalía investiga mercancía de contrabando por más de 75.000 millones de pesos y decomisos realizados por la Dian que superarían los 54.000 millones.
Como parte del proceso, fueron ocupados 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad con fines de extinción de dominio.
Las diligencias se realizaron en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación y el Ejército Nacional.
El proceso apenas comienza
La Fiscalía continúa presentando los elementos de prueba durante la audiencia de imputación contra ocho personas señaladas de integrar la presunta organización.
Hasta el momento no existe una condena judicial y todos los implicados conservan la presunción de inocencia mientras avanza el proceso.
La defensa de la compañía ha rechazado las acusaciones y sostiene que sus actividades se han desarrollado dentro del marco legal.
La justicia deberá determinar si existió responsabilidad penal en las operaciones investigadas y cuál fue el papel de cada uno de los señalados.
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