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A punto de cumplir su primer mes como presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella ya dejó decisiones concretas sobre el Cesar. Aunque a escala nacional estas primeras semanas estuvieron marcadas por el terremoto del 10 de agosto, el desmonte de la “Paz Total”, la descentralización de parte de la agenda presidencial hacia Barranquilla y el endurecimiento de la política de seguridad, en el departamento el balance tiene un protagonista mucho más claro: la ofensiva contra los grupos armados.
La diferencia con el gobierno anterior comenzó a sentirse rápidamente. Durante agosto, ataques atribuidos al ELN, acciones contra la infraestructura férrea, disputas alrededor del robo de hidrocarburos y el uso de drones con explosivos llevaron al Presidente a trasladarse a Valledupar y convertir al Cesar en uno de los primeros territorios donde puso a prueba su nueva política de seguridad.
Valledupar recibió uno de los primeros consejos de seguridad del Gobierno
El momento más importante ocurrió el 28 de agosto, cuando De La Espriella encabezó un consejo extraordinario de seguridad en Valledupar después de ataques contra tropas del Ejército en Pelaya.
La respuesta presidencial incluyó un plan de choque para el Cesar, fortalecimiento de inteligencia y despliegue de sistemas antidrones. Los municipios priorizados inicialmente fueron El Copey, Curumaní, La Jagua de Ibirico y Pelaya, además de Valledupar.
El Gobierno también ordenó reforzar la protección de infraestructura petrolera ante el robo de hidrocarburos, actividad que las autoridades relacionan con fuentes de financiación de estructuras armadas.
Otro municipio quedó bajo una lupa especial: Aguachica. Allí se dispuso desarrollar un plan específico de inteligencia debido a su ubicación estratégica y a su importancia como corredor logístico del sur del Cesar.
De La Espriella puso plazo para mostrar resultados
El consejo de seguridad tuvo además un elemento poco habitual: el Presidente puso un plazo para evaluar la estrategia.
De acuerdo con la información conocida después de la reunión en el Batallón La Popa, la Fuerza Pública recibió 14 días para mostrar resultados concretos frente a las estructuras que operan en el Cesar. La intención anunciada era regresar y evaluar si las medidas adoptadas realmente estaban modificando las condiciones de seguridad.
Ese plazo convierte al departamento en uno de los primeros escenarios donde será posible medir la diferencia entre el discurso de “mano dura” del Gobierno y sus resultados territoriales.
La Gobernación del Cesar también anunció una bolsa de $6.000 millones para apoyar la incorporación inmediata de tecnología destinada a enfrentar la criminalidad.
El ELN se convirtió en el principal objetivo en el centro y sur del Cesar
El Gobierno informó sobre la captura en El Paso de cuatro presuntos integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, señalados de participar en el ataque que afectó una línea férrea y un tren de Drummond.
Durante el procedimiento fueron incautadas cinco armas largas, un arma corta y municiones. De La Espriella aprovechó el resultado para anunciar que su Gobierno buscará desmantelar las capacidades del ELN en el departamento.
El episodio resulta especialmente relevante porque el corredor minero del Cesar concentra infraestructura ferroviaria, energética y vial estratégica. Por ello, la seguridad ya no está siendo abordada únicamente como un problema de orden público, sino también como un asunto de protección de la economía departamental.
El fin de las mesas también toca al Cesar
El Gobierno anunció el cierre de tres procesos de diálogo heredados de la administración anterior, entre ellos el relacionado con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. De La Espriella argumentó que no continuarán mesas sin resultados verificables y anunció que las estructuras que permanezcan armadas serán enfrentadas mediante la Fuerza Pública y la justicia.
Esta decisión también tiene dimensión regional. Las Autodefensas Conquistadoras mantienen influencia sobre corredores de la Sierra Nevada y su actividad ha sido objeto de operaciones en Magdalena, La Guajira y zonas de conexión con el Cesar.
La muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, durante una operación registrada el 4 de septiembre se convirtió posteriormente en uno de los resultados de seguridad más visibles del primer mes de gobierno y fue presentado por el Ejecutivo como muestra de su estrategia contra objetivos de alto valor.
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La minería abre el segundo gran frente para el Cesar
Pero no todo el balance del departamento pasa por seguridad.
Durante los últimos días del primer mes apareció una decisión económica que puede tener consecuencias importantes para el corredor carbonífero. El Ministerio de Minas publicó el 3 de septiembre un proyecto de resolución para derogar los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva creados durante el gobierno anterior.
Entre ellos se encuentra el denominado Corredor de Vida del Cesar, que comprende municipios como Agustín Codazzi, Becerril, Chiriguaná, El Paso y La Jagua de Ibirico.
Hay una precisión fundamental: el distrito todavía no ha sido eliminado. Lo publicado por MinMinas es un proyecto de resolución sometido a comentarios ciudadanos hasta el 18 de septiembre. Solo después podrá conocerse la decisión definitiva.
Para el Cesar, este será posiblemente uno de los debates económicos más importantes del nuevo Gobierno. El desafío consiste en determinar qué política reemplazará esa figura y cómo se combinará la intención de reactivar inversión minera con la necesidad de diversificar economías locales altamente dependientes del carbón.
Barranquilla como sede alterna acerca la Presidencia al Caribe
Otro rasgo del nuevo estilo presidencial es la decisión de desarrollar buena parte de la agenda gubernamental desde Barranquilla.
De La Espriella ha defendido esa práctica como una forma de descentralizar la Presidencia. Durante su primer mes, reuniones de gabinete, anuncios militares y decisiones políticas han salido desde la capital del Atlántico, mientras el mandatario se desplaza hacia otras regiones.
Para el Cesar, esa cercanía geográfica puede facilitar interlocución con el Gobierno Nacional. El consejo de seguridad en Valledupar mostró esa capacidad de desplazamiento rápido.
Sin embargo, será necesario comprobar si la llamada descentralización se traduce también en inversiones, proyectos de infraestructura y decisiones presupuestales específicas para el departamento, y no únicamente en una mayor presencia presidencial en la región Caribe.
Un primer mes de seguridad; falta medir el resto de la agenda
El balance deja una conclusión clara para el Cesar. Durante las primeras cuatro semanas del nuevo Gobierno, la seguridad ha recibido mucha más definición territorial que las demás áreas de política pública.
Hay municipios priorizados, sistemas antidrones anunciados, una estrategia especial de inteligencia para Aguachica, operaciones contra el ELN y un plazo presidencial para evaluar resultados.
En economía aparece ya una señal importante con la revisión del Distrito Minero, pero todavía falta conocer cómo aterrizarán en el departamento las políticas nacionales sobre empleo, infraestructura, salud, transición productiva y desarrollo rural.
De La Espriella llegó a la Presidencia prometiendo un cambio profundo frente a su antecesor. En el Cesar, ese giro ya es visible en seguridad. El siguiente examen será comprobar, con resultados y cifras, si el cambio también llega a la economía y a las necesidades estructurales de los 25 municipios.
