La aprobación de un empréstito por hasta 44.000 millones de pesos en La Jagua de Ibirico quedó bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación, luego de que fuera presentada una queja disciplinaria contra varios concejales que respaldaron la iniciativa.
La acción fue interpuesta por Jazen Kmilo Suárez Rodero, quien cuestiona la legalidad del Acuerdo Municipal No. 023 del 17 de diciembre de 2025, mediante el cual el Concejo le otorgó facultades al alcalde Leonardo Fabio Hernández Cataño para gestionar el endeudamiento del municipio.
Según el denunciante, el acuerdo presentaría presuntos vicios de ilegalidad que pondrían en duda su validez. Uno de los principales reparos es que el monto autorizado representa más de la mitad del presupuesto anual de La Jagua de Ibirico, calculado en 82.988 millones de pesos para esa vigencia.
La queja también sostiene que la autorización habría sido aprobada de forma general, sin delimitar con precisión su alcance ni fijar plazos concretos para la contratación del crédito. A esto se suma, según el denunciante, la falta de claridad sobre los proyectos que serían financiados con esos recursos.
Otro de los cuestionamientos apunta a la ausencia de estudios técnicos que respalden la capacidad de pago del municipio. Para Suárez Rodero, esas omisiones harían improcedente la aprobación del acuerdo, al considerar que se entregaron facultades excesivas al mandatario local.
Además, advierte que el pago de esa deuda comprometería recursos de vigencias futuras, incluso más allá del actual periodo de gobierno, que termina en 2027. Por eso, considera que la decisión podría contrariar normas constitucionales y legales relacionadas con el manejo responsable del endeudamiento público.
Los concejales mencionados en la queja son María Victoria Arzuaga Manjarrez, Adier Brujes Ochoa, Edinson Chaparro Meza, Yoiner Pallares Galván, Mario José Machado Nieto, José Miguel Martínez Villa, Amarildo Rafael Molina Trillos, Vivian Rosa Moreno Castrillo, Óscar Parejo Cudris, José Antonio Rincón Pérez, César Zambrano Turizo, Luis Gabriel Valero Flórez y Armando Vides Castro.
El denunciante pidió a la Procuraduría y al despacho judicial que conoce la demanda actuar con celeridad y rigor jurídico, con el fin de establecer si hubo mérito para abrir acciones y evitar que se repitan decisiones similares en el manejo de recursos públicos.