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La muerte de Yulixa Tolosa tras someterse a un procedimiento estético en un presunto centro clandestino de Bogotá volvió a abrir una pregunta incómoda en Colombia: ¿quién controla realmente las clínicas y centros estéticos que funcionan en el país? Mientras las investigaciones avanzan y las capturas se multiplican, crece la indignación por la aparente falta de vigilancia sobre establecimientos ilegales que siguen operando, promocionándose en redes sociales y poniendo vidas en riesgo.
El caso de Yulixa Tolosa estremeció al país. La mujer de 52 años murió después de practicarse una lipólisis láser en un establecimiento que, según las autoridades, no tenía habilitación para realizar este tipo de procedimientos médicos. La historia desató indignación, debates en redes sociales y una ola de señalamientos sobre posibles responsables.
Pero detrás de la tragedia hay una discusión más profunda: ¿cómo un lugar presuntamente ilegal pudo funcionar sin ser cerrado antes de que ocurriera una tragedia?
La Secretaría Distrital de Salud confirmó que el establecimiento Beauty Láser, ubicado en el sur de Bogotá, “no cuenta con autorización para prestar este tipo de servicios ni dispone de concepto sanitario favorable”, por lo que estaría operando ilegalmente.
El caso ha puesto nuevamente bajo la lupa a las llamadas “clínicas de garaje”, espacios improvisados donde se practican procedimientos invasivos sin controles médicos, sin quirófanos certificados y, en algunos casos, sin personal especializado.
Según reportó SEMANA, incluso surgieron nuevas denuncias contra el lugar donde fue atendida Yulixa, mientras avanzan las investigaciones sobre el funcionamiento del establecimiento y las personas involucradas.
El problema no es nuevo
Las alertas sobre centros estéticos ilegales llevan años encendiéndose en Colombia. Sin embargo, expertos y ciudadanos cuestionan que los controles sigan siendo insuficientes frente al crecimiento acelerado de este negocio.
De acuerdo con información divulgada por Publimetro, la Secretaría de Salud de Bogotá recibió 282 quejas relacionadas con procedimientos estéticos entre enero de 2025 y mayo de 2026. De esas denuncias, 194 correspondían a sitios clandestinos o no habilitados.
La entidad también reveló que durante los operativos fueron encontrados quirófanos clandestinos funcionando en casas y apartamentos, sin condiciones mínimas de seguridad, higiene o bioseguridad.
“Lo preocupante es que estos lugares siguen apareciendo y captando pacientes mediante redes sociales, promociones y falsas certificaciones”, advirtió un funcionario citado por medios nacionales.
¿Quién debe vigilar?
En Colombia, la vigilancia de clínicas y centros estéticos corresponde principalmente a las secretarías de Salud municipales y departamentales, junto con la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud.
Sin embargo, el caso de Yulixa volvió a evidenciar un enorme vacío entre la norma y la realidad.
Muchos establecimientos funcionan bajo fachadas de peluquerías, spas o centros de belleza, pero terminan realizando procedimientos invasivos como liposucciones, lipólisis láser o aplicación de sustancias, pese a no tener permisos médicos.
Las autoridades insisten en que cualquier cirugía o procedimiento invasivo debe hacerse únicamente en Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) habilitadas y por profesionales registrados oficialmente.
Redes sociales y procedimientos “exprés”
Otro elemento preocupante es la forma en que estos procedimientos se promocionan. Influencers, publicidad engañosa y ofertas de bajo costo terminan atrayendo a cientos de personas que muchas veces desconocen los riesgos reales.
En redes sociales abundan publicaciones prometiendo resultados rápidos, “sin dolor” y a precios muy inferiores a los de clínicas certificadas.
El problema es que detrás de muchos de esos anuncios no existe control real.
“Si estos lugares son ilegales y tan conocidos, ¿por qué siguen abiertos?”, cuestionó un usuario en redes sociales durante el debate generado tras el caso Yulixa.
Más allá de los responsables
Aunque la Fiscalía avanza en la judicialización de varias personas relacionadas con el caso, el debate ya no gira únicamente alrededor de quién practicó el procedimiento.
La discusión ahora apunta al sistema de vigilancia, a la capacidad de reacción de las autoridades y al vacío institucional que permite que estos lugares operen durante meses o incluso años.
Porque mientras continúan apareciendo centros clandestinos, promociones engañosas y procedimientos “milagrosos”, miles de personas siguen exponiendo su vida en lugares que jamás debieron funcionar.
Yulixa no solo destapó una tragedia humana. También dejó al descubierto una pregunta incómoda para el país: ¿quién está vigilando realmente las clínicas estéticas en Colombia?