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Ramsés Vargas busca rectoría de la UPTC mientras afronta dos procesos penales relacionados con su paso por la Universidad Autónoma del Caribe. El exrector aparece entre 21 inscritos, pero todavía debe superar la revisión de requisitos antes de ser admitido como candidato.
Ramsés Jonás Vargas Lamadrid, exrector de la Universidad Autónoma del Caribe, inscribió su nombre para dirigir la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, durante el periodo 2027-2030. Su aparición entre los aspirantes reavivó los cuestionamientos por los procesos judiciales que siguen abiertos después de su administración en Barranquilla. La UPTC cerró las inscripciones el 18 de septiembre de 2026. En total, 21 personas presentaron sus documentos ante la institución; sin embargo, la publicación de sus nombres tiene carácter informativo y no significa que hayan sido admitidas.
El Comité Electoral y el Comité de Personal Docente deben revisar las hojas de vida, los certificados y el cumplimiento de los requisitos; por tanto, Vargas todavía no es candidato habilitado ni cuenta con respaldo de la comunidad universitaria.
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Ramsés Vargas busca rectoría de la UPTC tras salir de Uniautónoma
Vargas dirigió la Universidad Autónoma del Caribe hasta marzo de 2018. Su salida ocurrió en medio de una crisis financiera, retrasos salariales, protestas y un cese de actividades promovido por estudiantes, docentes y trabajadores. Después de ocho días de huelga, presentó su renuncia irrevocable. Meses más tarde, en noviembre de 2018, fue capturado dentro de la investigación por el presunto manejo irregular de recursos de la institución.
El exrector recuperó su libertad en mayo de 2020 por vencimiento de términos. Esta decisión terminó la medida restrictiva de su libertad, pero no cerró el proceso penal ni representó una declaración de inocencia; posteriormente, la Fiscalía avanzó hasta la acusación formal. Desde entonces, Vargas ha defendido su actuación y conserva plenamente la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada.
El proceso por más de $16.000 millones
El primer proceso penal está relacionado con un presunto detrimento superior a 16.000 millones de pesos. En noviembre de 2023, la Fiscalía verbalizó la acusación contra Vargas y otros ocho exfuncionarios de la Universidad Autónoma del Caribe. El ente investigador lo acusa por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, estafa agravada, omisión del agente retenedor y corrupción privada.
La hipótesis de la Fiscalía señala que durante aquella administración se modificaron procedimientos internos para permitir el recaudo en efectivo de matrículas y otros servicios. Parte de esos recursos, según la acusación, no habría ingresado a las cuentas institucionales. La Fiscalía también ha relacionado el expediente con negocios y operaciones sobre bienes de la Universidad. Entre ellos aparecen la venta de una sede en Estados Unidos, operaciones sobre terrenos del polideportivo y movimientos asociados al antiguo equipo profesional Uniautónoma Fútbol Club.
Estas afirmaciones pertenecen a la tesis del ente acusador. El proceso debe determinar si existieron los delitos y establecer la responsabilidad individual de cada acusado. En las fuentes judiciales y periodísticas consultadas por Noticias del Cesar no aparece una sentencia definitiva contra Vargas por estos hechos.
Segundo proceso investiga su elección de 2013
El otro expediente no se refiere directamente al manejo de los 16.000 millones de pesos. Investiga las circunstancias en las que Ramsés Vargas llegó a la rectoría de Uniautónoma en 2013. La Fiscalía sostiene que el Consejo Directivo de aquel momento habría adelantado una elección irregular mientras Silvia Gette Ponce se encontraba separada temporalmente del cargo. Según el ente acusador, Vargas presuntamente no reunía los requisitos estatutarios para ser designado rector.
En noviembre de 2025, la Fiscalía 32 de Patrimonio Económico imputó fraude procesal y falsedad en documento privado a antiguos integrantes del Consejo Directivo. Durante aquella actuación, Vargas y Tamid Turbay fueron declarados en contumacia por no presentarse a la audiencia, aunque Vargas sostuvo que no había recibido una notificación adecuada. El 12 de agosto de 2026, el Juzgado 13 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla instaló una audiencia de formulación de acusación contra Vargas y antiguos directivos. La diligencia fue suspendida después de que la defensa planteara dificultades relacionadas con el traslado del escrito de acusación.
Esa actuación reciente demuestra que el expediente permanece abierto. No obstante, una acusación tampoco equivale a una condena y deberá ser examinada durante las siguientes etapas procesales.
Retiró su candidatura en la Universidad de Sucre
Esta no es la primera vez que Ramsés Vargas intenta regresar a la dirección de una institución de educación superior. En febrero de 2025 inscribió su hoja de vida para aspirar a la rectoría de la Universidad de Sucre durante el periodo 2025-2028. El nombre del exrector apareció oficialmente entre diez personas inscritas. Cuando su postulación se hizo pública, ciudadanos, sindicatos y antiguos integrantes de la comunidad de Uniautónoma divulgaron en redes sociales información sobre su administración y los procesos judiciales pendientes.
La reacción fue inmediata. El 7 de marzo de 2025, varios medios regionales informaron durante la tarde sobre su aspiración. Ese mismo día, Vargas anunció el retiro de su candidatura, antes de que el Consejo Académico de Unisucre realizara el primer filtro de las hojas de vida. El exrector explicó que había recibido una “andanada de ataques” y denunció amenazas de muerte contra él y su familia. También afirmó que pondría en conocimiento de la Fiscalía las cuentas y direcciones desde las cuales habrían sido enviados los mensajes. Los cuestionamientos públicos sobre los antecedentes de un aspirante forman parte del control ciudadano. Sin embargo, cualquier amenaza constituye una conducta diferente y debe investigarse. No existe evidencia que permita atribuir esos mensajes intimidatorios a los sindicatos, estudiantes o egresados que participaron en el debate público.
UPTC revisará los requisitos antes de admitirlo
La convocatoria de la UPTC exige que los aspirantes sean ciudadanos colombianos en ejercicio, posean título universitario y una maestría o doctorado. También deben acreditar al menos cinco años de docencia universitaria de tiempo completo o su equivalente y dos años de experiencia administrativa. La prohibición de haber ejercido anteriormente como rector se refiere a la propia UPTC; por esa razón, haber dirigido Uniautónoma no produciría automáticamente una exclusión.
Los procesos penales abiertos tampoco constituyen por sí solos una sentencia ni una inhabilidad definitiva. Corresponde a la Universidad verificar los antecedentes, las certificaciones, el cumplimiento de las condiciones estatutarias y cualquier impedimento legal aplicable. El listado preliminar de admitidos será publicado el 30 de septiembre. Los aspirantes podrán presentar reclamaciones entre el primero y el 6 de octubre, mientras que la lista definitiva se conocerá el 14 de octubre.
Después comenzará la presentación de propuestas. Los graduados participarán en una consulta presencial el 4 de noviembre. Docentes, estudiantes y trabajadores administrativos votarán virtualmente el 5 de noviembre. La UPTC publicará el consolidado de los resultados el 13 de noviembre. Finalmente, el Consejo Superior Universitario tiene previsto reunirse el 19 de noviembre para designar al rector del periodo 2027-2030.
La inscripción no significa admisión ni elección
La presencia de Ramsés Vargas en el listado solo confirma que entregó documentos dentro del plazo establecido. La Universidad todavía debe decidir si cumple todos los requisitos y puede continuar en el proceso. Tampoco se ha localizado una sentencia condenatoria ejecutoriada contra el exrector por los casos descritos; por eso, Vargas conserva la presunción de inocencia y tiene derecho a ejercer su defensa.
Al mismo tiempo, los procesos permanecen abiertos y forman parte de los antecedentes que la comunidad universitaria puede conocer y debatir. La UPTC deberá determinar si su reglamentación permite que avance y cómo valorará una trayectoria administrativa que sigue bajo examen judicial. El caso plantea una pregunta de interés nacional: si Ramsés Vargas supera los requisitos formales, ¿considerará la UPTC únicamente sus títulos y experiencia o también examinará las consecuencias institucionales de su paso por Uniautónoma y los procesos penales que todavía no han terminado?
