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Silvia Gette vuelve a Uniautónoma y enfrenta un nuevo choque con sindicatos y profesores. Cuatro organizaciones denuncian presuntas presiones para promover desafiliaciones. Además, una asociación docente cuestiona el crecimiento de la nómina y estima la deuda institucional en cerca de $200.000 millones.
El regreso de Gette Ponce a la rectoría no representa solamente otro cambio de administración. Su retorno plantea una paradoja de alcance nacional. Volvió a dirigir la institución que figuró como víctima dentro del proceso penal cuya condena ella ya cumplió.
Silvia Gette vuelve a Uniautónoma tras una orden judicial
Silvia Gette Ponce retomó la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe el 27 de abril de 2026. La decisión se produjo después de una controversia judicial relacionada con el control de la institución y la designación de sus autoridades. Un juez de control de garantías ordenó restablecer sus derechos. La decisión la reconoció como víctima de presuntas irregularidades relacionadas con la llegada de Ramsés Vargas Lamadrid a la rectoría. Posteriormente, el Juzgado 16 Penal del Circuito declaró improcedente una tutela presentada por el Ministerio de Educación.
El retorno cerró, al menos provisionalmente, una disputa sobre su capacidad para ejercer nuevamente el cargo. Sin embargo, la medida abrió preguntas sobre el gobierno universitario, los controles institucionales y las condiciones financieras de la Autónoma del Caribe. Gette aseguró entonces que no llegaba con el propósito de desmontar sindicatos ni ejecutar cambios inmediatos. “Mi llegada no implica sacar gente, anular sindicatos o hacer cambios inmediatos”, declaró en una entrevista concedida a Caracol Radio.
Cuatro meses después, varias organizaciones laborales sostienen que el ambiente dentro de la Universidad contradice ese mensaje inicial. Sus denuncias todavía necesitan respuestas documentadas de la rectoría y una eventual verificación de las autoridades laborales.
Cuatro sindicatos denuncian presiones
El 3 de septiembre de 2026, Sintrauac, Sintraunicaribe, Osiautónoma y la CUT Atlántico difundieron un comunicado conjunto. Las organizaciones afirmaron que varios trabajadores habrían recibido solicitudes para abandonar sus sindicatos. El documento responsabiliza políticamente a la administración de Silvia Gette y exige que cesen esas actuaciones. También advierte que los sindicatos emprenderán acciones legales para proteger la libertad de asociación dentro de la Universidad.
La declaración lleva las firmas de Nataly Álvarez Vergara, presidenta de Sintrauac; Gisella Borja Roncallo, presidenta de Sintraunicaribe, y Fredy Álvarez Martínez, presidente de Osiautónoma. También firma Henrry Gordon Atencio, presidente de la CUT Atlántico. Los dirigentes sostienen que ningún directivo puede presionar, intimidar o inducir a un trabajador para que renuncie a su organización. Según el comunicado, las convenciones colectivas vigentes contienen garantías dirigidas a proteger la estabilidad del personal sindicalizado.
No obstante, el pronunciamiento público no identifica a los empleados que habrían recibido esas solicitudes. Tampoco presenta fechas, comunicaciones, testimonios directos u otras pruebas que permitan comprobar cada episodio denunciado. Esa ausencia no invalida el reclamo, pero obliga a tratarlo periodísticamente como una denuncia. Corresponde a las organizaciones entregar las pruebas ante las autoridades y a la administración responder cada señalamiento.
La controversia adquiere mayor importancia porque Gette había negado que su regreso representara una amenaza para los sindicatos. Ahora la rectoría debe explicar si abrió investigaciones internas y qué garantías ofrecerá a los trabajadores.
Los profesores alertan sobre la administración
La Asociación de Profesores de la Universidad Autónoma del Caribe, Asoprofesuac, también expresó preocupaciones sobre el rumbo de la institución. Lo hizo mediante un documento más extenso, divulgado en agosto de 2026. La asociación reconoce que la administración normalizó los pagos quincenales durante los dos meses anteriores. Este reconocimiento introduce un dato favorable y evita presentar la situación financiera desde una sola perspectiva.
No obstante, Asoprofesuac considera que los ingresos por matrículas no bastan para sostener esa regularidad. La organización menciona obligaciones pendientes en salud, seguridad social e incrementos salariales acordados desde enero de 2026. Los profesores también cuestionan el crecimiento de la nómina. Según su comunicado, la Universidad habría incorporado personal por razones diferentes a la provisión de cargos vacantes. La asociación relaciona algunas vinculaciones con compromisos políticos o con personas cercanas a las administraciones.
El documento no presenta una relación individual de los nuevos contratos. Tampoco precisa cuántas personas ingresaron, cuáles cargos ocupan ni cuánto representan dentro del presupuesto. Por eso, las cifras detalladas deben solicitarse formalmente a la Universidad. La administración puede despejar estas dudas mediante información verificable. La planta de personal, los contratos, los costos mensuales y las funciones asignadas permitirían establecer si existió una expansión injustificada.
Una deuda cercana a $200.000 millones
Asoprofesuac sitúa la deuda de la Universidad Autónoma del Caribe cerca de los $200.000 millones. La asociación asegura que la crisis comenzó en 2013 y aumentó durante las administraciones posteriores. Según el documento, la nómina consume aproximadamente el 80 % de los ingresos institucionales. Si ambas estimaciones son correctas, el margen disponible para inversión académica, infraestructura, investigación y pago de obligaciones resulta muy reducido.
Las dos cifras provienen de la organización profesoral; por tanto, la Universidad debe confirmarlas o controvertirlas con estados financieros, informes de tesorería y datos actualizados sobre sus pasivos. La preocupación no se limita al pago de salarios. Los profesores advierten sobre obligaciones relacionadas con salud, pensiones, seguridad social y aumentos salariales. También señalan que la caída de las matrículas puede profundizar el desequilibrio.
La asociación esperaba conocer en septiembre el plan contemplado dentro de las medidas de salvamento. Ese compromiso habría surgido durante una mesa de diálogo coordinada por el Ministerio del Trabajo el primero de julio. El documento debería establecer metas, fuentes de financiación y plazos verificables. También tendría que explicar cómo reducirá la Universidad su deuda sin perjudicar la calidad académica ni trasladar toda la carga a los trabajadores.
El diálogo ha permitido superar tensiones en otras instituciones educativas del Caribe. Un ejemplo reciente ocurrió cuando la UPC levantó el paro en su sede Sabanas tras alcanzar acuerdos con los estudiantes.
El antecedente penal que marca el regreso
La discusión sobre Silvia Gette no puede separarse de su antecedente judicial. En 2022, la Corte Suprema de Justicia la condenó por abuso de confianza calificado y agravado. La sentencia impuso una pena de 63 meses de prisión. También estableció una multa equivalente a 217,5 salarios mínimos legales mensuales y una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo periodo.
El proceso examinó el traslado de un millón de dólares desde una cuenta de la Universidad hacia una cuenta personal. La institución intervino en la actuación penal como parte civil afectada por el movimiento de esos recursos. Gette cumplió la condena correspondiente; por eso, su regreso no puede presentarse como el retorno de una persona prófuga o pendiente de cumplir esa sanción. La discusión actual es diferente.
La pregunta consiste en establecer si los estatutos universitarios permiten que una persona con ese antecedente vuelva a ocupar la rectoría. También debe determinarse cuáles filtros éticos, disciplinarios y administrativos aplicó la institución. La sentencia completa de la Corte Suprema permite comprobar la condena y el papel de la Universidad dentro del proceso. Ese documento ofrece una base judicial más sólida que las versiones enfrentadas.
Aquí aparece la principal paradoja institucional: Gette volvió a administrar la Universidad que figuró como afectada dentro de la actuación penal. La orden que permitió su retorno no borra ese antecedente ni resuelve las preguntas de gobierno corporativo.
Una crisis que atraviesa varias administraciones
La crisis de Uniautónoma no comenzó con el regreso de Silvia Gette. Durante los últimos años, la institución ha atravesado disputas por la rectoría, protestas, intervenciones administrativas y cuestionamientos sobre su manejo financiero. En 2018, estudiantes, profesores y trabajadores protagonizaron manifestaciones para exigir la salida de Ramsés Vargas Lamadrid. Los reclamos incluían denuncias sobre la administración de los recursos y el deterioro institucional.
La controversia también llegó al Ministerio de Educación, los estrados judiciales y los organismos de control. Desde entonces, diferentes sectores han discutido quién puede gobernar la Universidad y bajo cuáles reglas. Una revisión objetiva de los artículos publicados en la serie Crisis en Uniautónoma del Caribe muestra que el problema trasciende a una sola persona. La institución ha sufrido cambios frecuentes de dirección, enfrentamientos internos y falta de confianza.
Esa trayectoria no elimina la responsabilidad individual de cada rector. Al contrario, obliga a evaluar cada administración con los mismos criterios: transparencia, estabilidad financiera, respeto laboral, calidad académica y cumplimiento de los estatutos. El regreso de Gette debe analizarse bajo esos parámetros. Su administración necesita demostrar que puede estabilizar las finanzas, proteger a los trabajadores y evitar la repetición de prácticas que agravaron la crisis.
Documentos que deben hacerse públicos
La investigación necesita tres documentos esenciales para establecer el alcance real del regreso. El primero es la orden completa de restablecimiento de derechos que permitió a Gette retomar la rectoría. El segundo es el fallo que declaró improcedente la tutela presentada por el Ministerio de Educación. Su lectura permitirá conocer los argumentos del juzgado y determinar qué asuntos resolvió realmente.
El tercero corresponde a los estatutos vigentes de la Universidad Autónoma del Caribe. Allí deben aparecer los requisitos para ejercer la rectoría, las inhabilidades y los mecanismos utilizados para elegir o reconocer a sus autoridades. También resulta necesario conocer el plan financiero mencionado por Asoprofesuac. Ese documento debe incluir el valor actualizado de las deudas, el costo de la nómina y las obligaciones pendientes con los trabajadores.
Silvia Gette vuelve a Uniautónoma en un momento decisivo. Los sindicatos denuncian presiones, los profesores alertan sobre las finanzas y la institución todavía enfrenta las consecuencias de una crisis prolongada. La rectoría tiene derecho a responder y aportar sus propios documentos. Sin esa versión, los señalamientos sindicales conservan el carácter de denuncias pendientes de contraste.
La historia nacional no consiste simplemente en afirmar que Silvia Gette regresó. El verdadero asunto está en que volvió a dirigir la institución reconocida como víctima dentro de la condena penal que ella ya cumplió. Ahora debe explicar cómo piensa gobernarla y recuperar su confianza.
