A menos de dos semanas de la crucial primera vuelta presidencial, los fantasmas de la violencia y la coacción vuelven a ensombrecer el panorama democrático del país. Un reciente y detallado informe elaborado por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) ha encendido todas las alarmas en el Gobierno Nacional.
Según el documento, existe un inminente riesgo electoral en 15 departamentos de Colombia. Allí, diversas estructuras criminales y grupos armados ilegales estarían interfiriendo directamente en la intención de voto de cientos de miles de ciudadanos, repitiendo patrones de coerción observados durante las elecciones legislativas de marzo.
Zonas rojas: el mapa de la intimidación
El cruce de datos estadísticos y los hallazgos en terreno de las veedurías ciudadanas permitieron al ICP identificar los territorios más vulnerables. En efecto, la injerencia de los grupos armados opera mucho antes de que el ciudadano se acerque a la urna.
Las cinco regiones que presentan los escenarios más críticos son:
- Caquetá: Se han reportado graves exigencias del certificado electoral bajo fuertes amenazas de multas o castigos.
- Guaviare: Existen bloqueos y restricciones al transporte de personas que estén vinculadas a campañas políticas contrarias a los intereses de las disidencias.
- Norte de Santander: Específicamente en El Tarra, se constató la presencia intimidatoria de actores armados merodeando los puestos de votación.
- Cauca: En municipios como Guapi y López de Micay, el control es extremo. Se reportó acompañamiento obligado hasta la mesa y vigilancia directa sobre el tarjetón.
- Chocó: En la zona del Bajo Baudó se documentó un severo constreñimiento, especialmente enfocado en silenciar a las comunidades indígenas.
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Los números detrás del fraude
La radiografía que entrega el Instituto de Ciencia Política es alarmante en términos numéricos. El impacto de estas amenazas no es un problema menor ni aislado. Por el contrario, los investigadores detectaron que estas presiones armadas recaen directamente sobre:
- 722 puestos de votación distribuidos a nivel nacional.
- Un potencial electoral de 494.434 ciudadanos habilitados.
- Una injerencia directa sobre 327.196 votos efectivos.
Además, el estudio arrojó un dato que evidencia cómo el miedo moldea los resultados. El ICP logró identificar 103 puestos de votación ubicados en zonas de alto riesgo territorial donde el voto ganador fue, de manera inusual, el voto en blanco, el nulo o la tarjeta no marcada. Esto demuestra un claro patrón de miedo y resistencia pasiva ante la coacción armada.
Ante este sombrío panorama, las directivas del ICP solicitaron de urgencia al Ministerio del Interior y a las misiones internacionales de observación electoral que enfoquen sus esfuerzos más allá de la urna. Es decir, exigen un control estricto sobre el entorno social y territorial de los votantes durante estas últimas dos semanas de campaña presidencial.