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El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, fue sancionado con una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes dentro de un incidente de desacato relacionado con la implementación de la Ley 2492 de 2025 para los inspectores de Convivencia y Paz. La decisión fue adoptada por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar mediante providencia fechada el 2 de octubre de 2026.
El proceso se originó en una acción de cumplimiento promovida por Jorge Leonardo Rivera Méndez. Según el juzgado, el Municipio no acreditó el cumplimiento integral de una sentencia del 19 de mayo de 2026, que había ordenado adelantar las actuaciones administrativas, presupuestales y técnicas necesarias para implementar la nueva legislación aplicable a estos funcionarios.
La controversia no gira únicamente alrededor del cambio de nombre de “inspectores de Policía” a inspectores de Convivencia y Paz. La Ley 2492 también modificó su clasificación dentro de la planta de personal y estableció condiciones específicas sobre el nivel profesional y la asignación del grado correspondiente.
El grado salarial está en el centro de la discusión
La Ley 2492 de 2025 señala expresamente que el cargo de Inspector de Convivencia y Paz debe corresponder al grado más alto del nivel jerárquico profesional del respectivo municipio o distrito para quienes se encuentren vinculados bajo las condiciones previstas por la norma.
Función Pública ha explicado además que la transformación de estos empleos implica modificar la planta de personal, su nomenclatura, funciones y asignación salarial. Para hacerlo, las entidades territoriales deben adelantar los respectivos estudios técnicos y cumplir los procedimientos administrativos y presupuestales correspondientes.
El juzgado consideró que las actuaciones adelantadas por la Alcaldía no satisfacían completamente lo ordenado en el fallo anterior. Según el reporte conocido de la providencia, el Decreto 0755 expedido por el Municipio no habría resuelto integralmente la obligación derivada de la Ley 2492, particularmente frente a la jerarquización de los cargos.
El conflicto venía desde septiembre
Antes de la sanción, el mismo despacho había abierto formalmente el incidente de desacato y concedido al alcalde un plazo de tres días para ejercer su defensa y demostrar el cumplimiento integral de la sentencia. La decisión también fue comunicada a la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia.
Los inspectores urbanos y rurales venían realizando protestas frente a la Alcaldía para reclamar la aplicación de la ley. Entre sus exigencias estaban la actualización de las condiciones laborales y la implementación de los cambios previstos para los nuevos cargos de Convivencia y Paz.
La norma, expedida el 23 de julio de 2025, estableció que los inspectores de municipios de categoría especial, primera y segunda —como Valledupar— deben tener título profesional en Derecho, posgrado relacionado con el cargo y experiencia profesional de dos años y seis meses, además de otras disposiciones sobre organización y funcionamiento.
La sanción todavía tiene trámite judicial
La decisión conocida contra el alcalde no debe interpretarse todavía como una sanción definitivamente ejecutoriada. De acuerdo con la información publicada sobre el trámite, la providencia puede ser objeto de los mecanismos judiciales correspondientes y deberá continuar el procedimiento previsto ante el Tribunal Administrativo del Cesar.
Además, el juzgado ordenó remitir copias a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación para que esas entidades evalúen, dentro de sus competencias, si existen actuaciones que ameriten investigaciones adicionales. Esa remisión no equivale por sí sola a una determinación de responsabilidad penal o disciplinaria.
La Alcaldía deberá ahora atender las decisiones judiciales y definir los ajustes que correspondan frente a la situación de los inspectores de Convivencia y Paz. La discusión seguirá concentrada en si la planta municipal cumple integralmente con el nivel, grado y condiciones establecidas por la Ley 2492.
