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La Secretaría General pidió un concepto técnico sobre las condiciones de seguridad para realizar la sesión solemne del Congreso el próximo 7 de agosto en Popayán. El oficio revive la controversia que meses atrás enfrentó al entonces presidente Gustavo Petro con Abelardo De la Espriella por el lugar donde debía cumplirse la transmisión del mando presidencial.
La realización de la posesión presidencial de Abelardo De la Espriella en la ciudad de Popayán comenzó a ser objeto de una evaluación formal por parte de las autoridades del Estado. La Secretaría General del Senado de la República solicitó a las Fuerzas Militares un concepto técnico sobre las condiciones de seguridad existentes en el departamento del Cauca para desarrollar la sesión solemne del Congreso prevista para el próximo 7 de agosto.
El oficio, conocido este sábado y divulgado inicialmente por La FM, fue dirigido al comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, y busca establecer si existen las capacidades operacionales, logísticas y de seguridad suficientes para garantizar el desarrollo del acto constitucional en el que Abelardo De la Espriella asumirá oficialmente la Presidencia de la República.
La consulta también involucra a la Policía Nacional, pues el objetivo es determinar si el desplazamiento de los congresistas, funcionarios del Congreso y demás asistentes podrá realizarse bajo condiciones que no representen riesgos para su integridad.
Una consulta con peso institucional
El documento, identificado con el consecutivo SGE-CS-3541-2026 y fechado el 24 de julio, fue firmado por el secretario general del Senado, Diego Alejandro González, por instrucciones del presidente del Congreso.
En la comunicación se solicita a las Fuerzas Militares informar si, de acuerdo con las evaluaciones realizadas por las autoridades competentes, existen las condiciones necesarias para garantizar la vida, la integridad personal y la seguridad de los senadores, representantes a la Cámara, servidores públicos y demás funcionarios que participarán en la sesión del Congreso.
El oficio recuerda que el Estado tiene la obligación constitucional de adoptar todas las medidas necesarias para preservar la seguridad de quienes ejercen funciones públicas y asegurar el normal desarrollo de las actuaciones del Congreso de la República.
Por esa razón, la Mesa Directiva del Senado considera indispensable contar con un concepto oficial antes del desplazamiento de los parlamentarios hacia el departamento del Cauca.
La pregunta clave
Uno de los apartes más importantes del documento solicita una respuesta concreta sobre la capacidad operativa del Estado para garantizar la ceremonia.
La Secretaría General pide establecer si, de acuerdo con la evaluación de riesgo realizada por las autoridades competentes, se cuenta con las capacidades operacionales, logísticas y de seguridad requeridas para desarrollar la sesión del Congreso «en plenas condiciones de seguridad».
Igualmente, solicita que, en caso de existir circunstancias que puedan comprometer la realización del acto, estas sean informadas oportunamente para que la Mesa Directiva adopte las decisiones correspondientes.
En otras palabras, el Senado busca contar con un diagnóstico oficial antes de confirmar definitivamente la logística de uno de los actos institucionales más importantes del país.
El antecedente con Petro
La solicitud adquiere una relevancia política especial porque revive la discusión que meses atrás se produjo alrededor del lugar escogido para la posesión presidencial.
Durante el gobierno de Gustavo Petro surgió una controversia cuando Abelardo De la Espriella planteó la posibilidad de realizar la ceremonia de transmisión del mando en una guarnición militar, como una forma de enviar un mensaje de respaldo a las Fuerzas Militares y de reafirmar la autoridad del Estado frente a las amenazas de los grupos armados ilegales.
Sin embargo, Petro manifestó públicamente que no permitiría que la posesión presidencial se desarrollara en una instalación militar, argumentando que la ceremonia debía conservar su carácter eminentemente civil e institucional.
El debate terminó trasladándose al escenario político y finalmente la organización del acto se orientó hacia Popayán, capital del Cauca, una ciudad con un profundo simbolismo histórico para el país, pero ubicada en uno de los departamentos más afectados por la presencia de disidencias de las Farc, estructuras del ELN y organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Ese contexto explica por qué ahora el Senado decidió solicitar un concepto formal precisamente a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional antes de realizar la sesión solemne del Congreso.
Más que un trámite administrativo
Aunque este tipo de consultas hacen parte de la coordinación interinstitucional que rodea los grandes eventos del Estado, el contenido del oficio evidencia la importancia que las autoridades le conceden a la evaluación de riesgos para una ceremonia de esta magnitud.
No se trata únicamente de garantizar la seguridad del presidente electo, sino también la de los 108 senadores, los 188 representantes a la Cámara, sus equipos de trabajo, funcionarios del Congreso, altas cortes, cuerpo diplomático e invitados especiales que asistirán a la posesión.
La concentración de las principales autoridades del Estado en un mismo lugar convierte el evento en una operación de seguridad de máxima complejidad.
Lo que viene
Ahora corresponderá a las Fuerzas Militares y a la Policía emitir el concepto solicitado por el Senado.
Con base en esa respuesta, la Mesa Directiva del Congreso contará con los elementos técnicos necesarios para confirmar la realización de la sesión en Popayán o, si llegaran a existir observaciones relevantes desde el punto de vista de la seguridad, adoptar las medidas que considere pertinentes.
Por ahora, el oficio deja claro que la posesión presidencial del próximo 7 de agosto no solo avanza en su organización protocolaria, sino que también entra en una fase crucial de evaluación de riesgos, en la que las autoridades encargadas de la defensa y la seguridad nacional tendrán la última palabra sobre las garantías para desarrollar uno de los actos más importantes de la democracia colombiana.