Por seis votos contra dos, la Corte Constitucional ordenó suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica, tras concluir que el Gobierno Nacional no demostró con sus argumentos la existencia de hechos imprevistos que justificaran el uso de poderes excepcionales para adoptar esta medida que apuntaba a incrementar ingresos y cubrir el gran déficit fiscal que han generado los gastos de funcionamiento de la administración Petro.
Aunque se trata de una suspensión provisional para que los magistrados avancen, en los próximos días en un estudio más profundo, lo habían anunciado expertos como Jorge Iván González, exdirector del DNP del propio gobierno nacional, quien recientemente remitió un documento a la Corte Constitucional criticando la medida al señalar que las razones de las que echó mano el Gobierno Petro, no son sobrevinientes sino estructurales.
Expertos, críticos, analistas y estudiosos, coinciden en que la crítica situación fiscal del país, la violencia desbocada y la difícil situación de paz son estructurales y, por tanto, no son sobrevinientes, pero además son dificultades de tanta trascendencia que no pueden resolverse en corto tiempo sino, cuando menos, en el mediano plazo.
Mientras los gobernadores del país celebran la decisión de la Corte Constitucional debido a que el decreto de emergencia económica les rapaba tributos y les afectaba sus finanzas, el presidente de la República sostiene que la decisión favorece a los megáricos del país, y anuncia que vendrán consecuencias.
En todo caso el decreto de emergencia económica está hundido por razones lógicas, porque no solo acudió a razones equivocadas sino también porque revivió tributos que habían sido negados por el Congreso en el proyecto de ley de reforma tributaria que se cayó el año pasado.
La ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis, votada de manera positiva por seis magistrados de la Corte Constitucional, abre una gran discusión en el país debido a que algunos expertos sostienen que los tributos creados por la emergencia económica y pagados desde que entró en vigencia el decreto gozan de presunción de legalidad, mientras que otros sostienen que el gobierno tiene que devolverlos.
