El huracán mediático por la denuncia de Angie Rodríguez puso un nuevo foco de crítica sobre la Unidad Nacional de Protección (UNP). Augusto Rodríguez, director de la entidad, enfrentó los cuestionamientos sobre el robusto esquema de seguridad que protege a Juliana Guerrero, asesora cercana a la Casa de Nariño. La controversia estalló porque Guerrero no ostenta un cargo de funcionaria pública, un hecho que la oposición califica como una «exageración» y un posible uso indebido de recursos estatales.
La defensa de la UNP: Riesgo sobre cargo
Augusto Rodríguez defendió la protección asignada argumentando que la UNP basa sus decisiones en estudios de riesgo específicos y no solo en la jerarquía del cargo. El director afirmó que Guerrero recibió amenazas y seguimientos que obligaron a la entidad a tomar medidas preventivas. Pese a esto, la opinión pública cuestiona que una asesora externa reciba beneficios superiores a los de altos funcionarios, alimentando la narrativa de un «círculo de poder» blindado con dinero público.
Este episodio profundiza la tensión que generó la denuncia de Angie Rodríguez, quien señala a Guerrero como una pieza clave en el entramado de influencias del Gobierno. La presencia constante de Juliana Guerrero en eventos oficiales, junto a su despliegue de seguridad, la convierte en el centro del debate sobre la ética en la administración pública.
Seguridad privada frente a crisis nacional
Mientras el país discute el esquema de Guerrero, regiones como el Cesar enfrentan graves retos de orden público. Críticos como la senadora Paloma Valencia señalan que el Gobierno prioriza la seguridad de sus allegados mientras líderes sociales claman por protección. Este contraste golpea la percepción ciudadana, especialmente cuando la economía de Colombia sufre por el gasto público y las recientes alertas de las agencias calificadoras.
El reto de la transparencia
La UNP sostiene que sus protocolos cumplen con la ley y carecen de irregularidades. Sin embargo, el Congreso prepara citaciones para exigir informes detallados sobre los costos de estos esquemas especiales. En momentos donde el presidente impulsa una Constituyente de Gustavo Petro para luchar contra la corrupción, estos gastos en asesores externos ponen a prueba la coherencia del discurso oficial.