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El denominado Pacto de Valledupar sumó un nuevo capítulo judicial. Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía para que se investigue la posible participación del exasesor presidencial Víctor de Currea-Lugo en gestiones realizadas con Salvatore Mancuso durante la campaña presidencial de 2026.
Según informó El Colombiano, la denuncia sostiene que De Currea-Lugo habría buscado al exjefe paramilitar entre el 23 de mayo y el 13 de junio de 2026 para gestionar una entrevista que pudiera afectar políticamente al entonces candidato Abelardo de la Espriella. Se trata de señalamientos que deberán ser comprobados por las autoridades y que, por sí solos, no establecen responsabilidad penal.
Audios y mensajes hacen parte de la denuncia
Dentro del material mencionado aparecen grabaciones y conversaciones de WhatsApp. En uno de los audios divulgados públicamente, De Currea-Lugo hablaba de la necesidad de generar un fuerte impacto mediático antes de la segunda vuelta presidencial.
También se conoció un cuestionario de diez preguntas que habría sido enviado a Mancuso. Los temas estaban relacionados con posibles encuentros, intermediaciones, financiación y eventuales vínculos de De la Espriella con estructuras de las antiguas Autodefensas.
Mancuso confirmó que recibió las comunicaciones, pero aseguró que decidió no responder porque, según su versión, no contaba con información que permitiera sustentar esas afirmaciones.
De Currea-Lugo dice que actuó por iniciativa propia
El exasesor reconoció que sostuvo comunicaciones con Mancuso, pero afirmó que se trató de una iniciativa personal relacionada con una actividad periodística y no de una instrucción del Gobierno.
Además, sostuvo que para el momento en que envió los mensajes ya no hacía parte del DAPRE. De acuerdo con su versión, su renuncia había sido aceptada mediante la Resolución 0289 del 1 de abril de 2026.
Denuncia conecta los hechos con la reunión en Valledupar
La nueva acción judicial relaciona esas comunicaciones con la reunión realizada entre el 22 y el 24 de octubre de 2025 en Valledupar, donde participaron antiguos comandantes de las AUC y representantes del entonces Gobierno Nacional.
Ese encuentro ha generado versiones encontradas. Salvatore Mancuso ha sostenido que inicialmente se planteó como un espacio para revisar asuntos pendientes del proceso de desmovilización de Santa Fe de Ralito, mientras otras denuncias aseguran que durante las conversaciones surgieron solicitudes para que antiguos paramilitares hablaran públicamente contra dirigentes políticos.
El expresidente Gustavo Petro ha negado haber ordenado presiones para conseguir declaraciones contra Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella o Germán Vargas Lleras. Mancuso también ha señalado que Petro no le hizo personalmente una solicitud de ese tipo.
Fiscalía ya investiga otros hechos relacionados
El caso ya tiene actuaciones en diferentes organismos. La Fiscalía abrió el 31 de agosto de 2026 una noticia criminal en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y remitió información a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para que examinara la posible participación del entonces presidente Petro.
También existen otras denuncias e indagaciones relacionadas con antiguos funcionarios, entre ellos Angie Rodríguez y Armando Benedetti.
En la nueva denuncia, la Red de Veedurías pidió investigar si pudieron configurarse conductas como fraude al sufragante, constreñimiento al sufragante, tentativa de fraude procesal y concierto para delinquir. Será la Fiscalía la encargada de determinar si existen elementos suficientes para avanzar en esas hipótesis.
