Escribenos Aquí
La investigación a Oswaldo Díaz Ortiz, concejal de Valledupar, tendrá un punto determinante: establecer técnicamente si el video en el que aparece portando un arma conserva su contenido original o presenta modificaciones. La Procuraduría Regional del Cesar ordenó un análisis científico del material mientras el cabildante sostiene que la grabación difundida en redes sociales fue editada y no refleja fielmente sus expresiones.
Investigación a Oswaldo Díaz tendrá prueba técnica
La controversia que comenzó en redes sociales pasó ahora al terreno disciplinario. La Procuraduría abrió investigación contra Díaz Ortiz después de conocer el video en el que el concejal aparece con un arma en la mano y utiliza expresiones dirigidas contra personas identificadas con el petrismo.
Entre las pruebas decretadas está un informe técnico-científico para determinar la autenticidad e integridad del video, una diligencia que adquiere especial relevancia después de que el propio concejal cuestionara la manera como fue divulgado el material.
El organismo de control también solicitó al Concejo de Valledupar la hoja de vida completa del cabildante y ordenó recopilar publicaciones y pronunciamientos relacionados con el episodio en plataformas digitales.
La apertura de la investigación disciplinaria no constituye una declaración de responsabilidad. Será el proceso el que deberá establecer las circunstancias en las que se produjo la grabación y determinar si existe alguna conducta susceptible de reproche disciplinario.
¿Qué dijo exactamente el concejal?
En el fragmento que se hizo viral, Díaz Ortiz aparece sosteniendo un arma mientras señala que está “listo para la guerra” y hace referencia a cualquier “petrista” que se acerque.
La difusión provocó cuestionamientos debido a la condición de servidor público del protagonista y al uso de expresiones relacionadas con violencia en medio de diferencias políticas.
El caso trasciende, por tanto, la simple viralización de una grabación. Ahora deberá establecerse cuál es el contexto completo del video, si sufrió modificaciones y qué alcance disciplinario pueden tener las expresiones atribuidas al concejal.
Díaz asegura que el video fue editado
Después de que la grabación se extendiera por redes sociales, Oswaldo Díaz publicó un pronunciamiento en el que sostuvo que el material difundido presenta una “edición y construcción” que, según él, no refleja fielmente sus pensamientos ni su manera de relacionarse con ciudadanos que tienen posiciones políticas diferentes.
El concejal negó que su filosofía sea promover la violencia, la guerra o la estigmatización por razones ideológicas y manifestó que cree en el debate democrático pese a las diferencias políticas.
Además, ofreció disculpas a quienes se sintieron afectados o preocupados por el contenido divulgado, aunque aclaró que ese gesto no implica aceptar como propias todas las expresiones o interpretaciones atribuidas a la grabación.
Díaz también anticipó que no discutirá públicamente los aspectos específicos que deberán ser esclarecidos por las autoridades y aseguró que entregará sus explicaciones dentro de los procedimientos correspondientes.
El peritaje puede resolver una discusión central
La decisión de la Procuraduría de ordenar un examen especializado sobre la pieza audiovisual cobra especial importancia porque enfrenta directamente dos elementos del caso: el contenido que observó la ciudadanía y la afirmación del concejal de que el video fue editado.
Un análisis de este tipo puede ayudar a establecer si existen cortes, alteraciones o modificaciones relevantes en el archivo y determinar su integridad. Sin embargo, aun después de establecer esas características técnicas, corresponderá al organismo disciplinario valorar el contexto, las circunstancias y la eventual responsabilidad del servidor público.
Mientras avanza el proceso, el caso mantiene abierta una discusión adicional sobre los límites de las expresiones de quienes ejercen cargos de elección popular, especialmente cuando intervienen armas y referencias a sectores políticos adversarios.
La Procuraduría tendrá ahora la tarea de separar la controversia generada en redes sociales de los hechos que puedan ser demostrados dentro del expediente. El resultado del peritaje al video será una de las piezas centrales para hacerlo.