La Unidad Nacional de Protección (UNP) rompió el silencio en medio del escándalo que sacude al Gobierno. En un comunicado oficial, la entidad aclaró la situación de seguridad de las dos mujeres protagonistas de esta controversia. Según la UNP, Angie Rodríguez cuenta con medidas de protección vigentes. No obstante, la revelación más sorprendente indica que fue la propia Rodríguez quien solicitó inicialmente esquemas de seguridad para Juliana Guerrero, a quien hoy señala de encabezar una red de corrupción.
La versión de la UNP sobre los esquemas de seguridad
La respuesta de la entidad surge tras los cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en escoltas para personas sin cargos formales. La UNP asegura que las medidas se asignaron bajo criterios técnicos de evaluación de riesgo. Sin embargo, recalcan que la denuncia de Angie Rodríguez sobre la falta de protección es contradictoria con los registros internos. La entidad afirma que ella misma gestionó los requerimientos para que Guerrero tuviera acompañamiento oficial, argumentando en su momento amenazas compartidas por su labor en el Fondo de Adaptación.
Este nuevo dato añade una capa de complejidad al enfrentamiento entre ambas excolaboradoras. La UNP insiste en que no toma partido en las disputas políticas, pero debe clarificar el origen de los servicios de protección. Para muchos, que la denuncia de Angie Rodríguez contra Guerrero incluya críticas por el uso de escoltas resulta irónico si ella misma fue la peticionaria. La entidad estatal mantiene los esquemas activos mientras los entes de control determinan si el nivel de riesgo actual justifica la permanencia de los mismos.
Contradicciones en la denuncia de Angie Rodríguez
El cruce de versiones entre Rodríguez y la UNP debilita algunos puntos del relato mediático de la exgerente. Mientras ella asegura que el Gobierno la dejó desprotegida, la entidad presenta pruebas de que el servicio sigue operando. Esta denuncia de Angie Rodríguez busca demostrar una persecución sistemática, pero la respuesta oficial sugiere una gestión administrativa estándar. La opinión pública observa con atención estos detalles, pues la veracidad de los testimonios es crucial para el avance de las investigaciones penales.
La transparencia en el uso de esquemas de seguridad es fundamental. La UNP recordó que los recursos de protección son limitados y deben priorizar a personas con riesgos reales y comprobables. El hecho de que se mencione al ELN en estas disputas eleva la presión sobre la entidad para no cometer errores en la asignación de escoltas. La ciudadanía exige saber si estas medidas se utilizaron para fines personales o si realmente existía una amenaza que justificara el despliegue de personal y vehículos blindados.
Impacto en el proceso judicial por corrupción
Esta aclaración de la UNP será enviada a la Fiscalía General de la Nación como parte del acervo probatorio. Los investigadores analizarán si la solicitud de protección para Guerrero fue un acto de buena fe o parte de los acuerdos internos que hoy denuncia Rodríguez. La denuncia de Angie Rodríguez sigue siendo el motor de este escándalo, pero cada respuesta institucional obliga a revaluar las declaraciones de las partes. El futuro de este caso dependerá de quién logre sustentar sus afirmaciones con documentos oficiales y testimonios verificables.
