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El presidente Abelardo de la Espriella acusó al esposo de la representante Elizabeth Jay-Pang de intervenir en la contratación departamental. Una sentencia del Consejo de Estado revela antecedentes empresariales de la familia, mientras informes oficiales documentan irregularidades en Coralina y graves fallas en el hospital de San Andrés.
Abelardo en San Andrés protagonizó un fuerte enfrentamiento verbal con la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz y la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie. Durante el encuentro, el presidente lanzó graves acusaciones sobre la contratación pública del archipiélago. Sin embargo, la acusación más concreta de Abelardo a la congresista sanandresana estuvo relacionada con los negocios de su esposo y la contratación de la Gobernación. «Toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación de la Gobernación, doctora», afirmó el presidente.
Acto seguido, desafió a su interlocutora a comprobar sus señalamientos: «¿Quiere que le demuestre que es cierto? Lo vamos a hacer entonces». El episodio quedó registrado en un video que circuló este domingo 18 de octubre. La grabación muestra al jefe de Estado dirigiéndose a las dos dirigentes, quienes intentaron responder a sus cuestionamientos.
¿Quién es el marido de la congresista Elizabeth Jay-Pang?
El esposo de la representante es Norbert Vomblon Pomare, empresario cuyo nombre figura en una sentencia del Consejo de Estado del 29 de marzo de 2023. El documento judicial identifica vínculos familiares con tres sociedades: Josef Concretes Ltda., Agregados NVP S. A. S. y Efficient Buildings S. A. S. Estas empresas desarrollan actividades relacionadas con infraestructura, materiales de construcción y otros negocios.
Además, la sentencia establece que la propia congresista había declarado sus intereses privados y los negocios de su esposo ante la Cámara de Representantes. Por tanto, los vínculos empresariales familiares tienen antecedentes documentales. No obstante, su existencia no demuestra las irregularidades denunciadas ahora por De la Espriella.
Un contrato de infraestructura apareció en un expediente judicial
La relación de estas empresas con la contratación pública ya había sido examinada por el Consejo de Estado. En 2022, Josef Concretes Ltda. participó como proveedora de concreto para la firma Espacio 3.0 S. A. S., subcontratista de un proyecto de mejoramiento de vías rurales en San Andrés. El contrato principal, identificado como CO SMC 001 de 2022, contemplaba obras en sectores como Four Corner, Pepper Hill, Duppy Gully y Orange Hill.
Este antecedente aparece en un proceso de pérdida de investidura promovido contra Elizabeth Jay-Pang. La demanda cuestionaba posibles incompatibilidades y conflictos de intereses de la congresista debido a sus vínculos familiares y empresariales.
Sin embargo, el Consejo de Estado negó la pérdida de investidura.
La corporación concluyó que no se había demostrado el ejercicio efectivo de cargos privados incompatibles con su función legislativa. Tampoco encontró acreditado el conflicto de intereses alegado en ese expediente. En consecuencia, aquel proceso terminó sin la sanción solicitada contra la representante. El fallo de 2023 no resuelve las acusaciones formuladas por el presidente en octubre de 2026. Para esclarecerlas sería necesario examinar los contratos actuales de la Gobernación y cualquier posible participación de las empresas mencionadas.
Abelardo también cuestionó lo que ocurre en Coralina
Durante el enfrentamiento, el presidente amplió sus señalamientos a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, conocida como Coralina. «Estoy enterado de los negocios de su marido. Estoy enterado de Coralina», manifestó. El mandatario no precisó cuáles contratos de la corporación ambiental motivaron sus palabras.
Sin embargo, existen antecedentes de fiscalización que ayudan a entender la importancia de su referencia. En marzo de 2026, la Contraloría General de la República informó sobre hallazgos fiscales por $4.642 millones en Coralina, correspondientes a una auditoría de las vigencias 2023 y 2024. El organismo examinó, entre otros asuntos, un contrato para evaluar las afectaciones de los arrecifes coralinos y desarrollar actividades relacionadas con su recuperación.
Los hallazgos de la Contraloría por $4.642 millones
Uno de los contratos examinados había sido suscrito el 28 de noviembre de 2023 entre Coralina y la Asociación de Municipios de la Costa, Asomucosta. La auditoría identificó deficiencias en los estudios previos y problemas para establecer las cantidades y características de determinados materiales y servicios. También advirtió pagos relacionados con actividades no ejecutadas o insuficientemente soportadas.
Entre las inconsistencias figuraban gastos logísticos y una propuesta que incluía desplazamientos internacionales no contemplados inicialmente en los estudios previos. En total, la Contraloría estableció 20 hallazgos administrativos. De ellos, ocho tenían connotación fiscal por $4.642 millones, mientras 15 presentaban posible incidencia disciplinaria y dos posible incidencia penal. Estos resultados no equivalen a condenas judiciales. Tampoco existe, con la información conocida, una relación demostrada entre esos hallazgos y las acusaciones del presidente contra la congresista o la gobernadora. Por eso, sigue pendiente establecer a cuáles hechos concretos se refería De la Espriella cuando mencionó a Coralina.
El hospital de San Andrés, origen del enfrentamiento
La discusión entre el presidente y las dos dirigentes comenzó por la reciente intervención del Hospital Clarence Lynd Newball Memorial. La Superintendencia Nacional de Salud ordenó el 16 de octubre la intervención forzosa administrativa del centro asistencial durante un año, con posibilidad de prórroga. La decisión respondió a deficiencias asistenciales, administrativas y financieras.
Según la entidad, 13 de los 59 servicios habilitados no estaban funcionando. Además, existían dificultades para ofrecer atención en especialidades como oncología, cardiología pediátrica, reumatología y neumología. La Supersalud también encontró 3.676 estudios radiológicos pendientes de lectura y pacientes que llevaban más de un año esperando determinadas cirugías. En materia financiera, reportó un rezago de aproximadamente $3.605 millones en facturación, con corte a diciembre de 2025.
Otro hallazgo involucraba un anticipo de $858 millones para adquirir un equipo de tratamiento de residuos biológicos. El equipo todavía no había sido entregado, según la información divulgada por la entidad. Estas circunstancias formaron parte del contexto que llevó al Gobierno nacional a intervenir el hospital.
«Ustedes mandaron a su gente a atravesarse»
Durante el encuentro en la Base Naval, De la Espriella acusó a las dirigentes de obstaculizar la intervención hospitalaria. Según el mandatario, ellas habían manifestado previamente su conformidad con la decisión gubernamental, pero después habrían promovido acciones para impedirla. La representante negó haber participado directamente en esos hechos. «Yo ni siquiera me moví», respondió una de las interlocutoras, según la grabación.
Además, durante la conversación, una de las dirigentes insistió en que había solicitado apoyo ministerial para atender la situación del hospital. El presidente, sin embargo, mantuvo sus reproches y reiteró que no permitiría obstáculos a la intervención. Hasta ahora, el video no demuestra que las dos dirigentes hayan organizado los bloqueos señalados.
«No confundan la cortesía institucional con la complicidad»
Una de las expresiones más contundentes de De la Espriella surgió cuando explicó que el trato respetuoso ofrecido a las autoridades regionales no significaba que fuera a tolerar posibles irregularidades. «No confundan la cortesía institucional con la complicidad», advirtió. El presidente aseguró que utilizaría sus facultades para vigilar los recursos destinados al archipiélago.
También cuestionó el manejo histórico de los dineros públicos en San Andrés y atribuyó a sectores de la clase política responsabilidad por el abandono de la población. No obstante, sus afirmaciones sobre corrupción y contratación requieren investigaciones que permitan establecer responsabilidades individuales.
Las preguntas que deja la acusación presidencial
El enfrentamiento abrió interrogantes que van más allá del intercambio verbal. El primero es qué información tiene el presidente para afirmar que el esposo de Elizabeth Jay-Pang está detrás de la contratación departamental. También falta establecer si existen contratos recientes, vínculos empresariales o actuaciones administrativas que respalden ese señalamiento. Otra pregunta se relaciona con Coralina. Aunque la Contraloría documentó hallazgos fiscales, todavía no está claro si el mandatario hacía referencia a esa auditoría o a otras situaciones.
Finalmente, queda pendiente conocer las respuestas completas de la congresista, su esposo y la gobernadora frente a las acusaciones. La afirmación de Abelardo a la congresista sanandresana constituye una denuncia pública de especial gravedad, pero no reemplaza las pruebas que deben examinar los organismos de control y las autoridades judiciales. Por ahora, el video registra una acusación presidencial directa. Los documentos consultados aportan antecedentes verificables sobre contratación, gestión ambiental y atención hospitalaria. Establecer si existe alguna relación entre esos asuntos será tarea de las investigaciones correspondientes.
