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La Fiscalía avanza este jueves 20 de agosto con las acusaciones contra Juliana Guerrero y Ricardo Roa, dos figuras que tuvieron cercanía con el Gobierno de Gustavo Petro. Los procesos son independientes y responden a hechos diferentes: el de Guerrero gira alrededor de sus títulos académicos, mientras Roa enfrenta cuestionamientos por la compra de un apartamento en Bogotá.
Las diligencias están previstas para desarrollarse durante la mañana. La audiencia relacionada con Juliana Guerrero fue programada para las 10:00 a. m. ante el Juzgado 46 de Conocimiento de Bogotá. En el caso de Ricardo Roa, la actuación judicial está prevista para las 12:00 del mediodía ante el Juzgado Sexto de Conocimiento.
Juliana Guerrero, bajo la lupa por sus títulos académicos
El proceso contra Guerrero comenzó por la presunta presentación de documentos académicos irregulares cuando buscaba cumplir los requisitos para llegar al Viceministerio de Juventudes. La Fiscalía le imputó cargos en marzo y sostiene que habría presentado certificaciones como contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria sin cumplir todas las exigencias legales.
Según el ente investigador, los documentos tenían apariencia legítima y fueron incluidos dentro de su hoja de vida para respaldar su aspiración al cargo público. La Fiscalía sostiene que Guerrero conocía las presuntas irregularidades y, aun así, habría utilizado los certificados para acreditar la formación académica requerida. La investigada conserva su presunción de inocencia mientras avanza el proceso.
Uno de los puntos señalados en la investigación es que Guerrero no habría presentado las pruebas Saber Pro, requisito para obtener el título profesional. El Colombiano también señala que testimonios recogidos dentro del caso indican que no habría asistido a clases. En noviembre de 2025, la institución educativa dejó sin efecto los títulos otorgados.
La Fiscalía anunció que Guerrero deberá responder por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. El caso ha tenido especial atención en el Cesar debido a su presencia anterior en escenarios políticos y académicos de la región, incluida su participación como representante del Gobierno ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar.
Ricardo Roa y el apartamento que encendió las alarmas
El proceso contra Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, está relacionado con la compra de un apartamento ubicado en el sector del Chicó, en Bogotá. La Fiscalía asegura que el inmueble tenía un valor comercial aproximado de $2.727 millones, pero Roa terminó adquiriéndolo por $1.800 millones. La diferencia ronda los $927 millones.
Para los investigadores, el punto central no está únicamente en el precio. La Fiscalía analiza la relación entre Roa y el empresario Juan Guillermo Mancera, quien participó en la negociación del apartamento. Mancera también estaba relacionado con una empresa interesada en un proyecto de regasificación vinculado a Hocol, filial de Ecopetrol.
La hipótesis de la Fiscalía señala que Roa habría ejercido una presunta presión sobre directivos de Hocol para favorecer los intereses empresariales de Mancera en ese proyecto. Posteriormente, el empresario habría participado en la venta del apartamento bajo condiciones que el ente investigador considera especialmente favorables para el entonces presidente de Ecopetrol.
Por estos hechos, Roa enfrenta una acusación por tráfico de influencias de servidor público. El exdirectivo no aceptó el cargo cuando la Fiscalía lo imputó y manifestó ante el juez que se considera inocente. Su defensa también ha cuestionado la forma en la que el ente investigador estructuró las acusaciones.
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Ambos enfrentan otras investigaciones
Los problemas judiciales de ambos no terminan en estos procesos. Ricardo Roa también está vinculado a una investigación por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022, de la cual fue gerente. La Fiscalía lo ha señalado dentro del proceso por una posible violación de los topes electorales, cargo que tampoco aceptó.
En el caso de Juliana Guerrero, la Fiscalía abrió otra investigación para establecer si ella y su hermana, Verónica Guerrero, participaron en una supuesta red dedicada a gestionar contratos públicos a cambio de pagos o comisiones. Guerrero ha negado haberse reunido con empresarios para realizar esas gestiones y el caso permanece en etapa investigativa.
Las actuaciones de este jueves marcan un nuevo paso judicial para dos antiguos protagonistas del anterior Gobierno. Sin embargo, una acusación no equivale a una condena. Serán los jueces quienes deberán evaluar las pruebas de la Fiscalía, escuchar a las defensas y establecer si existe o no responsabilidad penal en cada uno de los procesos.
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