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Los cambios a fotomultas comenzaron a tomar forma este sábado 29 de agosto. La ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció que su cartera trabaja en una modificación integral del Código Nacional de Tránsito. El plan contempla revisar el valor de las multas, varios cobros asociados a los trámites y las condiciones para autorizar cámaras de fotodetección. Sin embargo, las reglas actuales siguen vigentes mientras esos cambios no sean aprobados o reglamentados.
Noguera respondió así a las directrices del presidente Abelardo De La Espriella sobre los costos que enfrentan los conductores. Según la ministra, un ciudadano puede terminar pagando más de un salario mínimo al sumar multas, intereses, patios y grúas. Por esa razón, MinTransporte abrió tres frentes de trabajo que podrían modificar buena parte del sistema actual.
Los cambios a fotomultas tendrán tres frentes
El primer frente consiste en preparar un borrador para una reforma integral al Código Nacional de Tránsito. MinTransporte quiere revisar los valores de las multas y los cobros relacionados con el RUNT, el SIMIT y los cursos para infractores. También estudiará la vigencia de las licencias de conducción y la periodicidad de la revisión técnico-mecánica.
No obstante, una reducción general de las multas no puede producirse únicamente por un anuncio del Gobierno. Los valores y las sanciones que están establecidos en la ley requieren cambios legislativos cuando su modificación afecta directamente el Código Nacional de Tránsito. Por tanto, una parte importante de la propuesta deberá pasar por el Congreso.
El segundo frente sí podría avanzar con mayor rapidez. Noguera anunció una resolución para endurecer los requisitos exigidos a las cámaras de fotodetección. Según la ministra, estos sistemas deben servir para salvar vidas y no convertirse en simples mecanismos de recaudo.
Además, el Ministerio plantea desmontar trámites que considere innecesarios y reducir cargas para los ciudadanos. El Gobierno sostiene que busca reglas más simples y costos razonables.
Las cámaras ya tienen requisitos que deben cumplir
La legislación colombiana ya establece condiciones para instalar y operar sistemas automáticos de detección de infracciones. La Ley 1843 de 2017 señala que las autoridades territoriales pueden utilizar estos equipos, pero deben cumplir los requisitos técnicos y jurídicos establecidos por el Gobierno y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
La misma ley también regula la notificación. Después de validar el comparendo, la autoridad debe enviar copia de la orden y sus soportes dentro de los tres días hábiles siguientes. Si no puede ubicar al propietario en la dirección registrada en el RUNT, debe aplicar el procedimiento correspondiente de notificación por aviso.
Por otra parte, el artículo 158A del Código Nacional de Tránsito establece una consecuencia especialmente importante. Si una autoridad utilizó ayudas tecnológicas sin contar con la autorización correspondiente, las multas impuestas durante ese periodo deben revocarse de oficio cuando quede en firme la decisión de la Superintendencia de Transporte. La autoridad tiene un máximo de 30 días hábiles para efectuar esa revocatoria.
Es decir, los cambios a fotomultas anunciados por el Gobierno no parten de cero. El país ya cuenta con normas para controlar la legalidad de estos sistemas. El nuevo Gobierno pretende hacer más estrictos esos controles.
Más de 35.000 comparendos de Valledupar están bajo investigación
El debate tiene una conexión directa con Valledupar. El pasado 29 de mayo, la Superintendencia de Transporte informó que abrió una investigación contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de la ciudad por presuntas irregularidades relacionadas con sistemas de fotodetección.
Según la entidad, más de 35.000 comparendos electrónicos fueron impuestos entre marzo de 2024 y agosto de 2025 durante un periodo en el que el organismo de tránsito no habría contado con la autorización exigida para operar esos sistemas.
La Superintendencia señaló que esos comparendos podrían quedar sin validez. Sin embargo, esto no significa que los más de 35.000 comparendos estén automáticamente anulados. La investigación administrativa debe avanzar y las consecuencias jurídicas dependerán de las decisiones que queden en firme.
Esta precisión es relevante porque la Ley 2251 de 2022 ordena la revocatoria de oficio cuando se confirma que las multas se impusieron durante un periodo sin autorización. Por eso, el resultado del proceso contra la autoridad de tránsito de Valledupar puede tener efectos directos para miles de propietarios de vehículos.
SuperTransporte ya puso millones de fotomultas bajo la lupa
Valledupar no es un caso aislado. En mayo, la Superintendencia informó que más de 7,5 millones de comparendos habían quedado bajo revisión dentro de investigaciones relacionadas con sistemas automáticos de detección.
La entidad reportó que 5.832.906 comparendos no pagados estaban comprometidos en esos procesos y podrían ser objeto de revocatoria. Además, identificó más de 1,5 millones de multas ya pagadas, por un valor superior a $1 billón.
En ese escenario, el anuncio de Elsa Noguera abre una segunda discusión. Por un lado, el Gobierno busca cambiar hacia el futuro el valor de las multas y las condiciones de las cámaras. Por otro, las autoridades ya revisan millones de comparendos impuestos bajo las normas existentes.
¿Las multas ya bajaron de precio?
No. Hasta este sábado 29 de agosto, la reforma a las fotomultas y al Código Nacional de Tránsito continúa en preparación. El anuncio de la ministra no reduce automáticamente las multas actuales, tampoco elimina intereses ni ordena devolver vehículos inmovilizados.
El siguiente paso será conocer el proyecto que MinTransporte presentará para modificar el Código y el contenido de la resolución anunciada para las cámaras. Solo entonces podrá establecerse cuáles medidas necesitan aprobación del Congreso y cuáles puede ejecutar directamente el Gobierno.
Mientras eso ocurre, las normas vigentes continúan aplicándose. Al mismo tiempo, los procesos abiertos por SuperTransporte seguirán siendo determinantes para establecer qué ocurrirá con las fotomultas que fueron impuestas mediante sistemas cuestionados por falta de requisitos técnicos o de autorización.