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Jhon Jairo Díaz Carpio asegura que fuentes reservadas le advirtieron sobre posibles ataques personales y profesionales por sus denuncias sobre la venta de 33 bienes municipales de Valledupar por $31 millones.
La polémica por la venta de 33 bienes de la Alcaldía de Valledupar sumó este martes 13 de octubre un nuevo episodio. El abogado Jhon Jairo Díaz Carpio, quien ha cuestionado públicamente los precios y las condiciones del negocio, denunció que recibió información sobre un presunto plan para atacarlo personal y profesionalmente como represalia por sus señalamientos. La advertencia apareció en su cuenta de X, acompañada de una imagen con un mensaje contundente: «No me van a amilanar».
Según Díaz Carpio, personas que solicitaron mantener su identidad bajo reserva le comunicaron que se estaría preparando una estrategia para afectarlo debido a sus denuncias sobre el manejo de los bienes públicos municipales. «He recibido información de fuentes que piden reserva: se está construyendo un plan para atacarme personal y profesionalmente, como retaliación por mis denuncias públicas sobre la venta de bienes del municipio de Valledupar», expresó. El abogado no identificó a los presuntos responsables ni precisó cuáles serían las acciones que, según sus fuentes, estarían preparando. Hasta el momento, la existencia de ese supuesto plan no ha sido confirmada de manera independiente. Tampoco se conoce públicamente si Díaz Carpio ya puso esta nueva situación en conocimiento de la Fiscalía u otra autoridad competente.
La venta de 33 bienes que originó la controversia
La advertencia se produce después de varios días de cuestionamientos al proceso SAEB-SGR-001-2026, mediante el cual la Alcaldía de Valledupar adelantó la venta de vehículos, motocicletas y maquinaria pesada por $31 millones. Entre los bienes figura una Toyota Prado modelo 2013, cuyo precio individual fue establecido en $2.500.000. También aparecen una Toyota Hilux por $870.000, motocicletas Kawasaki por $215.000 cada una y una excavadora John Deere por $5.155.000.
Díaz Carpio ha cuestionado la metodología de valoración, las condiciones de participación de los interesados y las autorizaciones administrativas que respaldaron la operación. Uno de los puntos centrales de sus denuncias es el avalúo que sirvió de referencia para establecer el precio mínimo. Según los fragmentos documentales que ha divulgado, el informe utilizó una estimación residual equivalente al 1 % de un valor de referencia superior a $3.000 millones.
El abogado sostiene que ese procedimiento merece una revisión rigurosa para determinar si el municipio protegió adecuadamente su patrimonio. Sin embargo, la diferencia entre el valor de referencia y el precio final no demuestra, por sí sola, la existencia de un detrimento patrimonial. Para establecerlo es necesario examinar el estado real de los bienes, la metodología del avalúo y las condiciones jurídicas y económicas de la venta.
La Alcaldía defiende el procedimiento
Las denuncias también han provocado respuestas de la administración municipal. El secretario general, Eudes José Orozco, explicó a Radio Guatapurí que los vehículos habían perdido sus condiciones de asegurabilidad y que una inspección técnica sustentó su retiro del servicio. Asimismo, defendió la venta como una operación que permitió obtener recursos por bienes deteriorados que generaban gastos de almacenamiento y conservación.
Por su parte, el alcalde Ernesto Orozco anunció que solicitó un informe detallado sobre las etapas del procedimiento y que pondría la documentación correspondiente a disposición de las autoridades competentes. El caso también generó cuestionamientos en el Concejo de Valledupar. El concejal Jesús Alberto Perpiñán pidió explicaciones sobre la secuencia de autorizaciones, debido a que la adjudicación se produjo antes de la aprobación de las facultades específicas concedidas por la corporación en julio de 2026. Estas controversias corresponden al proceso de enajenación. Ninguno de esos antecedentes demuestra que funcionarios de la Alcaldía estén relacionados con el presunto plan denunciado por Díaz Carpio.
«Frente a la plata pública, el deber es denunciar»
En su pronunciamiento de este martes, el abogado reiteró que continuará ejerciendo control ciudadano sobre el manejo de los recursos municipales. «No me van a amilanar. Frente a la plata pública, el deber es denunciar», manifestó. También insistió en que los hechos que considera inconsistentes y los posibles actos de corrupción deben ser investigados por las autoridades.
El nuevo episodio plantea dos asuntos diferentes que requieren atención: por una parte, el esclarecimiento de las condiciones en que se vendieron los 33 bienes municipales; por otra, la necesidad de verificar la información que el abogado asegura haber recibido sobre posibles represalias. Hasta ahora, la denuncia pública de Díaz Carpio no permite establecer quiénes estarían detrás del supuesto plan, si existen acciones concretas de intimidación o cuál sería su alcance. En caso de existir información sobre posibles amenazas, corresponde a las autoridades competentes evaluar los hechos y determinar si se requieren medidas de protección.
Mientras continúan los cuestionamientos sobre la venta de los bienes municipales, Díaz Carpio ha dejado claro que no piensa abandonar sus denuncias. Su mensaje también abre una pregunta que deberá esclarecerse: ¿existen elementos que permitan comprobar que alguien está preparando represalias contra el abogado por ejercer control ciudadano sobre el patrimonio de Valledupar?
