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El reclamo por la implementación de la Ley 2492 de 2025 también llegó a Aguachica. Inspectores de Convivencia y Paz aseguran que siguen pendientes los ajustes laborales y salariales previstos para sus cargos.
Uno de los funcionarios, que pidió mantener su identidad bajo reserva, afirmó que han solicitado cambios desde que culminaron su periodo de prueba. Según su versión, el tema también fue discutido con dependencias de Hacienda, Gobierno y Jurídica.
La discusión coincide con un proceso de modernización administrativa que adelanta la Alcaldía de Aguachica.
Alcaldía contrató estudio por $148 millones
La administración municipal contrató una consultoría para elaborar un estudio técnico de modernización institucional y revisar su planta de personal.
El contrato 228-2026, fechado el 7 de septiembre, tiene un valor de $148.036.000, incluido IVA. El contratista es Jorge Luis Sequeira Cueto y el plazo de ejecución es de tres meses.
El estudio deberá revisar funciones, perfiles, cargas laborales, planta de personal y el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.
También incluye un análisis financiero y presupuestal, además de una propuesta de estructura organizacional.
Sin embargo, el contrato no menciona expresamente la Ley 2492 ni define cómo se modificarán los cargos de los inspectores.
Una sentencia ordenó actualizar funciones y salarios
El caso también tiene un antecedente judicial.
El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Aguachica declaró en primera instancia la nulidad del Decreto 728 de 2015, relacionado con el manual de funciones.
El despacho también anuló el Decreto 194 de 1999, que fijaba la escala salarial municipal.
La decisión fue adoptada el 24 de febrero de 2026.
Según el fallo, el manual se había expedido con base en normas derogadas. Además, el juzgado consideró que el alcalde que expidió la escala salarial excedió sus competencias.
El despacho otorgó un plazo de un año para ajustar el manual y definir los salarios según la escala que establezca el Concejo Municipal.
Inspectores cuestionan demora en la implementación
En una respuesta de noviembre de 2025, la Alcaldía informó que había consultado al Departamento Administrativo de la Función Pública sobre la aplicación de la Ley 2492.
Según el documento, esa entidad adelantaba una revisión técnica y jurídica para definir lineamientos.
Los inspectores cuestionaron esa respuesta. En un recurso presentado posteriormente sostuvieron que la ley no condiciona su aplicación a conceptos adicionales del DAFP.
Por eso, solicitaron que los ajustes no dependieran de nuevos pronunciamientos administrativos.
Preocupación por las inspecciones rurales
Otro punto de preocupación es el futuro de las inspecciones rurales.
El funcionario consultado señaló que dentro de la Alcaldía circulan versiones sobre una posible supresión de cinco inspecciones rurales.
Hasta ahora, esa posibilidad no aparece confirmada oficialmente.
El inspector también advirtió dificultades para trabajar en zonas rurales cuando no existe acompañamiento de la fuerza pública.
El caso deja dos asuntos pendientes: cómo aplicará Aguachica los ajustes reclamados por los inspectores y qué cambios propondrá el estudio de modernización.
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