Inspectores reclaman condiciones para atender corregimientos

Los inspectores de Policía de Valledupar, denominados legalmente Inspectores de Convivencia y Paz desde 2025, volvieron a protestar en la Alcaldía para exigir la implementación de la ley que modificó sus cargos y reclamar mejores condiciones para atender los corregimientos. Los funcionarios sostienen que los cambios administrativos y salariales continúan pendientes, pese a que el plazo legal de implementación venció durante 2026.

La mayoría de inspectores rurales y algunos de la zona urbana se concentraron este jueves 17 de septiembre en el segundo piso de la Alcaldía. El reclamo tiene especial incidencia en los 25 corregimientos de Valledupar, donde estos funcionarios representan una de las autoridades más cercanas para resolver conflictos de convivencia, problemas de urbanismo, ocupaciones, espacio público y otras controversias comunitarias.

Frank Alberto Pinto Alfaro, inspector de Convivencia y Paz de Mariangola, aseguró que los funcionarios han sostenido varias reuniones con dependencias de la administración municipal, pero los acuerdos no se han materializado. Según explicó, unas veces se han presentado dificultades administrativas y otras de carácter presupuestal.

Ley cambió funciones, requisitos y nivel del cargo

La Ley 2492 del 23 de julio de 2025 cambió la denominación de Inspectores de Policía por Inspectores de Convivencia y Paz. Además, estableció medidas para fortalecer las inspecciones, modificó requisitos profesionales y dispuso que estos cargos correspondan al grado más alto del nivel profesional dentro de la respectiva administración municipal o distrital.

Para municipios de categoría Especial, Primera y Segunda, la norma exige título profesional en Derecho, posgrado relacionado con las funciones del cargo y dos años y seis meses de experiencia profesional. La ley dio a las entidades territoriales seis meses desde su promulgación para implementar las nuevas disposiciones.

La Comisión Nacional del Servicio Civil reiteró posteriormente que la implementación implica modificar el nivel jerárquico, denominación, código, grado, funciones y requisitos del empleo. Función Pública también señaló que las entidades territoriales deben actualizar sus manuales específicos de funciones mediante acto administrativo.

Además, en municipios con más de 100.000 habitantes la ley contempla equipos interdisciplinarios para apoyar el funcionamiento de las inspecciones, utilizando cargos ya existentes y sin crear gasto burocrático adicional. También señala que las capitales departamentales deben contar con inspecciones permanentes durante las 24 horas.

Inspectores hablan de fallos judiciales y Alcaldía responde

Pinto afirmó que existen cuatro decisiones judiciales derivadas de acciones de cumplimiento relacionadas con la aplicación de la Ley 2492 en Valledupar. También sostuvo que uno de los casos habría avanzado a un incidente de desacato y que la Alcaldía presentó ante un despacho judicial un proyecto de decreto que todavía, según su versión, no ha sido expedido. Estas afirmaciones corresponden al vocero de los inspectores y deberán contrastarse con los respectivos expedientes judiciales.

Desde la Administración Municipal, el secretario de Gobierno, Félix Valera, reconoció la inconformidad de los inspectores y señaló que el alcalde Ernesto Orozco ha adoptado decisiones que actualmente se encuentran en trámite. No obstante, explicó que la implementación también depende de asuntos administrativos y financieros que corresponden a otras dependencias.

El debate no se limita a la remuneración. Los inspectores tienen competencias directas en asuntos de seguridad, tranquilidad, ambiente, actividad económica, urbanismo, espacio público y conflictos de convivencia, entre otros. Por esa razón, las condiciones con las que trabajan también repercuten en la capacidad de respuesta institucional de los corregimientos.

Noticias del Cesar ya había documentado otra discusión relacionada con esa capacidad institucional: los inspectores son responsables de actuaciones de control urbanístico, pero existe debate sobre el apoyo técnico disponible para verificar en terreno construcciones y cumplimiento de licencias.

Los funcionarios anunciaron que mantendrán sus reclamaciones mientras la Alcaldía define la implementación de la norma. El punto de fondo será establecer cuándo quedará actualizado formalmente el empleo de Inspector de Convivencia y Paz en Valledupar y qué recursos operativos acompañarán las nuevas responsabilidades, especialmente en la extensa zona rural del municipio.

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