ESPECIAL | SEGUNDA ENTREGA DE CUATRO

La construcción sismorresistente en Valledupar quedó bajo una pregunta incómoda después del fuerte temblor de ayer. La ciudad crece en altura, las curadurías exigen normas antes de aprobar proyectos y el sector formal asegura que responde por sus obras. Sin embargo, Camacol, la Sociedad de Ingenieros y la propia Curaduría Urbana advierten que el problema no termina con una licencia. ¿Quién comprueba después que lo construido corresponde realmente con lo aprobado?

El sismo que sacudió a Colombia ayer lunes 10 de agosto fue percibido en Valledupar desde las 7:34 de la mañana. El primer reporte de Noticias del Cesar salió con las mediciones preliminares disponibles. Posteriormente, el Servicio Geológico Colombiano actualizó la magnitud hasta 7,4.

La dimensión del fenómeno aumentó durante las horas siguientes. El SGC confirmó dos réplicas posteriores al movimiento principal, mientras comenzaron a conocerse heridos, derrumbes y afectaciones en aeropuertos. El Eje Cafetero también reportó daños.

La emergencia llevó al Gobierno Nacional a concentrar la coordinación desde la UNGRD. El presidente Abelardo De La Espriella anunció su traslado a Bogotá, mientras las autoridades ordenaron el cierre preventivo de la vía Bogotá–Villavicencio y revisiones de infraestructura.

Además, el SGC calificó el terremoto de magnitud 7,4 como uno de los movimientos más fuertes sentidos en Colombia durante varias décadas. Es precisamente el tipo de escenario que obliga a mirar más allá del epicentro y preguntarse cómo están construidas las ciudades.

En la primera entrega de este especial sobre el riesgo sísmico en Valledupar, Noticias del Cesar examinó la historia sísmica del territorio, la Falla Río Seco y la capacidad institucional para responder. Esta segunda parte pone la lupa en otro punto: las edificaciones.

Construcción sismorresistente en Valledupar: la licencia es apenas el comienzo

Aryanna Zuleta Oñate, curadora urbana número 2 de Valledupar, considera que situaciones como la vivida ayer muestran por qué las normas sismorresistentes no pueden convertirse en un simple requisito de papel.

“Precisamente cuando se presentan estos eventos es que vemos la importancia de cumplir con las normas de sismorresistencia”, afirmó durante una entrevista con Noticias del Cesar.

Zuleta explicó que la Curaduría no puede aprobar un proyecto si este incumple las exigencias aplicables. Según la funcionaria, dos ingenieros especialistas integran el equipo encargado de revisar el componente técnico.

“Son los que se encargan de cumplir, mejor dicho, al punto y coma con esas normas”, señaló. La explicación tiene respaldo en la legislación nacional. Una licencia urbanística no consiste únicamente en autorizar que alguien construya. Su otorgamiento certifica el cumplimiento de las normas urbanísticas y sismorresistentes aplicables al proyecto. La Ley 1796 de 2016 reforzó además la revisión de diseños y la supervisión técnica para determinadas edificaciones.

Sin embargo, aparece una frontera decisiva. La Curaduría aprueba un proyecto. Eso no significa que sea la entidad encargada de vigilar diariamente cómo se ejecuta la obra.

“¿De qué sirve cumplir aquí si el control posterior no se da?”

Zuleta planteó esa separación con una pregunta que toca el centro de esta investigación. “¿De qué sirve que nosotros acá como Curaduría cumplamos las normas de sismorresistencia y resulta que el control posterior no se dé?”, manifestó.

La afirmación no es simplemente una interpretación de la funcionaria. La normativa colombiana establece que la vigilancia y el control durante la ejecución de las obras corresponden a las alcaldías municipales o distritales, por conducto de inspectores de Policía y corregidores. Esa competencia aparece expresamente en el Decreto 1077 de 2015, modificado por el Decreto 1203 de 2017.

Por tanto, existe una cadena de responsabilidades. La Curaduría revisa el proyecto y decide sobre la licencia. Después, el constructor debe ejecutar aquello que fue aprobado. A su vez, la administración municipal debe ejercer control urbano durante las obras.

Y allí aparece la pregunta que ya había formulado Camacol.

Araújo pone el foco sobre la construcción que queda por fuera

Hernán Felipe Araújo, gerente de Camacol Cesar, aseguró que el gremio puede responder por las viviendas desarrolladas dentro del sector formal que representa. “Nosotros podemos responder por las viviendas que nosotros construimos”, dijo.

Pero inmediatamente marcó la diferencia. “El problema es que hay una cantidad de construcción informal, de construcción que no representa Camacol”.

Araújo llevó la discusión hacia la dinámica demográfica de Valledupar. Durante la entrevista dijo haber revisado cifras del DANE y sostuvo que cada año se conforman alrededor de 5.500 a casi 6.000 nuevos hogares en la ciudad.

El DANE, efectivamente, publica proyecciones de hogares a nivel municipal hasta 2042. Sin embargo, la cifra anual señalada aquí corresponde al cálculo citado por Araújo durante la entrevista.

Según el gerente gremial, el sector formal vendió alrededor de 1.500 a 1.700 viviendas durante el último año, mientras que en su mejor vigencia llegó a unas 3.200. Entonces, formuló una pregunta sencilla, pero difícil de ignorar:

Si Valledupar crea muchos más hogares que viviendas vende el sector formal, ¿dónde y cómo se está resolviendo el resto de esa necesidad habitacional?

Los inspectores tienen el control urbano, pero Araújo cuestiona su capacidad técnica

Araújo llevó ese interrogante hasta los inspectores de Policía. Según expresó, el control urbano quedó bajo la competencia de esos funcionarios. Luego preguntó si cuentan con las capacidades técnicas necesarias para revisar una obra y establecer si se está respetando lo autorizado.

La ley confirma una parte esencial de su argumento. Los inspectores de Policía conocen asuntos relacionados con urbanismo y tienen competencias para aplicar medidas dentro de esa materia. Además, para determinadas categorías urbanas, la formación profesional requerida para el cargo es Derecho.

Sin embargo, esa norma no convierte automáticamente al inspector en diseñador estructural ni reemplaza la labor de los ingenieros.

Por eso, la discusión de fondo no debería reducirse a si el inspector es abogado. La pregunta es si el municipio cuenta con suficiente apoyo técnico para verificar en terreno que una construcción se desarrolla según la licencia, los planos y las condiciones aprobadas.

La observación de Araújo adquiere todavía más peso al cruzarla con lo que dijo Aryanna Zuleta. La Curaduría puede revisar minuciosamente un proyecto. Pero, una vez expedida la licencia, el cumplimiento físico de aquello que quedó sobre el papel necesita control posterior.

Valledupar cambió: ahora mira cada vez más hacia arriba

Zuleta identifica otro cambio que aumenta la importancia de ese control. Según su apreciación, alrededor de 2011 comenzó una etapa más visible de crecimiento de construcciones en altura en Valledupar. Hasta entonces, recordó, predominaban edificaciones de menor número de pisos.

“Ya ahorita empezaron en altura y precisamente toca prepararnos para eso, cumplir con las normativas, tener el control posterior”, sostuvo.

La fecha corresponde a la apreciación de la curadora durante la entrevista y no se presenta aquí como una medición estadística del inicio exacto del crecimiento vertical.

Pero el fenómeno resulta evidente en el paisaje urbano. Valledupar tiene hoy conjuntos de apartamentos, edificios residenciales y proyectos de mayor altura que hace décadas eran mucho menos comunes. Por eso, un error estructural ya no necesariamente compromete solamente a una familia o una vivienda.

Nancio Galván: la norma puede ser buena y aun así fallar el sistema

Nancio Galván Barfros, presidente de la Sociedad de Ingenieros del Cesar, también lleva la discusión hacia el cumplimiento. En la primera entrega resumió el problema en una idea: Colombia tiene una normativa sismorresistente robusta, pero el desafío está en respetarla.

Ahora agrega un elemento. Para obtener una licencia, explicó, los proyectos que lo requieren deben presentar diseños arquitectónicos, cálculos estructurales y estudios geotécnicos. Esos documentos permiten evaluar cómo responderá una estructura frente a las condiciones del suelo y las cargas previstas.

Galván sostiene que los grandes proyectos visibles suelen someterse con mayor rigor a esos procedimientos. Además, recuerda que los profesionales que firman los diseños asumen responsabilidades por su trabajo.

No obstante, advierte que existen construcciones que comienzan sin licencia. Y cuando una edificación ya está levantada, aparece otra figura que merece especial atención.

Reconocimiento no significa simplemente “legalizar y ya”

Araújo reveló durante la entrevista que había encontrado una cifra que le llamó especialmente la atención.

Según los datos que consultó, durante 2025 Valledupar habría registrado aproximadamente 118.000 metros cuadrados de construcción nueva licenciada, frente a cerca de 84.000 metros cuadrados asociados a licencias de reconocimiento.

Noticias del Cesar mantiene esas cantidades atribuidas a Araújo porque, al cierre de esta edición, no había localizado un consolidado público en línea que permitiera comprobar ese par exacto de cifras.

Sin embargo, la figura jurídica sí existe y su alcance está claramente regulado. El reconocimiento de edificaciones aplica a desarrollos arquitectónicos existentes que se ejecutaron sin obtener previamente la respectiva licencia, dentro de las condiciones establecidas por la normativa. Además, el acto puede imponer obligaciones de adecuación o reforzamiento estructural.

Por tanto, reconocer una construcción no equivale a borrar su historia constructiva. Y allí aparece la pregunta de Araújo:

“¿Cómo garantizamos que sí tuvo un proceso constructivo con todos los criterios técnicos?”

Galván explica qué ocurre cuando una edificación ya existe

Nancio Galván considera que las construcciones antiguas y aquellas cuya condición estructural genera dudas deben evaluarse técnicamente. Según explicó, un ingeniero puede realizar un estudio de vulnerabilidad sísmica para determinar el comportamiento esperado de la estructura.

A partir de ese análisis puede surgir la necesidad de un reforzamiento estructural. No significa que toda vivienda antigua sea peligrosa. Tampoco significa que una casa construida antes de la NSR-10 esté condenada a fallar.

Significa que su seguridad no debería presumirse únicamente porque ha permanecido en pie durante décadas. El concepto resulta especialmente importante en una ciudad donde numerosas viviendas han sufrido transformaciones con el tiempo: una placa nueva, un segundo piso, una terraza cubierta o ampliaciones que no estaban contempladas en el diseño original.

La póliza decenal: una precisión necesaria

Araújo también destacó durante su entrevista lo que denominó la “póliza decenal” para nuevos proyectos de vivienda. Aquí conviene hacer una precisión.

La Ley 1796 de 2016 estableció la obligación de amparar durante diez años determinados perjuicios patrimoniales cuando una vivienda nueva perece o amenaza ruina por las causas previstas en la ley. La obligación aplica a determinados proyectos con cinco o más unidades habitacionales.

Sin embargo, la legislación no obliga a que ese amparo adopte exclusivamente la forma de una póliza de seguros.

Puede respaldarse mediante patrimonio, garantías bancarias, productos financieros, seguros u otros mecanismos permitidos. Por eso, “amparo decenal” resulta técnicamente más preciso que afirmar que todos los proyectos deben tener necesariamente una póliza.

El fondo de la explicación de Araújo permanece: la vivienda formal nueva cuenta hoy con capas adicionales de revisión, responsabilidades y protección. El interrogante sigue estando en aquello que se construye por fuera.

El suelo alrededor de Valledupar recuerda por qué importa construir bien

La primera entrega de este especial explicó la existencia de la Falla Río Seco. Pero quedaron datos históricos que ayudan a entender por qué el debate sobre construcciones no es abstracto.

La investigación científica dedicada a la Falla Río Seco concluyó que en el norte del Cesar se habían registrado cerca de 17 sismos asociados a esa zona de falla entre 1994 y septiembre de 2017. Sus magnitudes oscilaron entre 1,3 y 4,4.

El estudio destaca, además, dos eventos de magnitud 3,9 registrados en el sector de Río Seco durante 2013 y 2015. Los autores advierten que la baja sismicidad observada no debe utilizarse como única razón para descartar amenaza futura.

Y la actividad local no terminó allí. El registro del Servicio Geológico Colombiano incluye en 2026 varios pequeños eventos referenciados en jurisdicción de Valledupar. Uno alcanzó magnitud 2,3 el 26 de febrero; otro llegó a 2,6 el 2 de junio; y uno más registró 2,1 el 10 de julio.

A eso se suma el sismo de magnitud 3,6 ocurrido en Chimichagua el pasado 15 de abril, que también fue percibido por ciudadanos en Valledupar. Ninguno de esos datos permite predecir un gran terremoto.

Sí demuestra otra cosa: el territorio tiene actividad sísmica y la calidad de las construcciones importa incluso donde la amenaza general está clasificada como baja.

Prepararse también significa evitar que una emergencia se convierta en desastre

Petra Romero Navarro, directora de la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático, había explicado que el Cesar trabaja desde 2025 en capacitaciones, simulacros y preparación de comunidades.

También señaló que el sistema departamental articula a organismos de socorro, salud, fuerza pública, instituciones y alcaldías. Su planteamiento adquiere una dimensión adicional cuando se cruza con las otras tres entrevistas.

La preparación no comienza cuando llegan los bomberos. Empieza mucho antes, cuando se decide dónde se construye, cómo se diseña, quién revisa y quién controla.

La responsabilidad está repartida, pero el edificio es uno solo

Después de escuchar a Camacol, la Sociedad de Ingenieros y la Curaduría Urbana, surge una conclusión preliminar. La Curaduría tiene una responsabilidad en el estudio y expedición de licencias. El diseñador estructural responde por su trabajo. El constructor debe ejecutar aquello que fue aprobado. En los casos exigidos por la ley intervienen revisores y supervisores técnicos independientes. Finalmente, el municipio debe ejercer vigilancia y control durante la ejecución.

El sistema, por tanto, tiene varias puertas. El problema aparece cuando una construcción pasa por fuera de ellas, cuando una vivienda cambia después de recibir licencia o cuando una estructura antigua nunca ha sido evaluada.

Entonces vuelve la pregunta que dejó el terremoto de ayer: ¿Cuánto sabemos realmente sobre la vulnerabilidad de todo lo que ya está construido en Valledupar?

Porque una licencia puede revisar un proyecto nuevo. Pero Valledupar también tiene barrios levantados hace décadas, edificaciones anteriores a las normas actuales y estructuras públicas que deben funcionar precisamente cuando ocurre una emergencia.

Nancio Galván dejó en la entrevista una afirmación que esta investigación seguirá examinando: asegura conocer edificaciones del Estado que requieren reforzamiento estructural y que todavía no han sido intervenidas. No reveló sus nombres.

Ese será uno de los puntos centrales de la siguiente entrega. En la tercera entrega: Noticias del Cesar investigará la vulnerabilidad de las edificaciones antiguas y esenciales, el reforzamiento estructural, el papel del suelo y una pregunta especialmente sensible: ¿qué tan preparados están los edificios que no pueden dejar de funcionar después de un terremoto?