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A dos semanas del cambio de gobierno, un contrato del Dapre al abogado de Petro por 88 millones de pesos abrió un nuevo rifirrafe político. El beneficiario es Pedro Alejandro Carranza Cepeda, jurista que ha representado al presidente Gustavo Petro y que presentó en su nombre una denuncia penal contra Carlos Alonso Lucio.
El senador Andrés Forero, del Centro Democrático, cuestionó que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República celebrara el contrato cuando faltan pocos días para que termine el mandato de Petro. Carranza respondió públicamente y rechazó que su cercanía profesional con el mandatario demuestre, por sí sola, alguna irregularidad.
Contrato del Dapre al abogado de Petro por $88 millones
El proceso aparece identificado como DAPRE-CDPACC-2026 y fue tramitado mediante contratación directa. El acuerdo tiene una duración de seis meses y su fecha de terminación está prevista para el 31 de diciembre de 2026, casi cinco meses después de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella.
El objeto contractual establece que Carranza debe prestar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa. Sus funciones incluyen apoyar la elaboración y estructuración de informes requeridos por organismos de control, análisis normativos, estudios jurídicos, conceptos y documentos de respuesta.
Esos trabajos estarán relacionados con asuntos del despacho de la directora o secretaria general del Dapre. El registro divulgado señala que el proceso se encuentra adjudicado y celebrado.
Andrés Forero cuestionó el momento del contrato
Forero centró sus críticas en la fecha de la contratación y en la relación profesional de Carranza con Gustavo Petro. El congresista calificó el hecho como “vergonzoso” y afirmó que esta situación representa una “degradación de lo público”.
Su cuestionamiento también apunta a que el contrato continuará vigente durante los primeros meses del gobierno de Abelardo de la Espriella. Por tanto, el nuevo equipo de la Presidencia recibirá un acuerdo firmado por la administración saliente y cuya ejecución se extenderá hasta diciembre.
No obstante, el documento conocido hasta ahora no incluye dentro de su objeto la defensa personal de Petro. Tampoco menciona procesos penales promovidos por el mandatario. El contrato describe actividades de acompañamiento jurídico e institucional para el Dapre.
El abogado de Petro respondió a los señalamientos
Carranza reaccionó a la publicación del senador y defendió la naturaleza profesional del contrato. En su respuesta diferenció las obligaciones asumidas con el Dapre de las actuaciones judiciales que ha realizado como abogado del presidente.
El jurista rechazó que se utilice su condición de apoderado de Petro como prueba automática de favorecimiento contractual. Sin embargo, el debate continuó porque Carranza no es solamente un abogado que ha intervenido de manera ocasional en asuntos del mandatario, sino uno de sus representantes en procesos de interés político y judicial.
Carranza denunció a Carlos Alonso Lucio
Uno de los casos más recientes fue la denuncia penal presentada el 7 de julio contra Carlos Alonso Lucio por los presuntos delitos de injuria y calumnia agravadas. Lucio es esposo de Viviane Morales, designada ministra de Educación del gobierno de Abelardo de la Espriella, y ha participado en el proceso de empalme de la nueva administración.
La acción fue radicada por Carranza ante la Fiscalía General de la Nación como apoderado especial de Petro. El documento se originó en una entrevista publicada el 5 de julio y en mensajes posteriores divulgados por Lucio en la red social X.
Según la denuncia, Lucio afirmó que Petro había delinquido y cometido conductas relacionadas con traición a la patria, manipulación de la justicia y falsedad en documento público. La defensa del mandatario sostuvo que esas expresiones presentaron como hechos probados actuaciones que no han sido declaradas por un juez.
Carranza solicitó preservar el video de la entrevista y las publicaciones realizadas en redes sociales. También pidió que, después de cumplir el requisito de conciliación, la Fiscalía determine si existe responsabilidad penal.
Lo probado y lo que falta por establecer
Hasta el momento está probado que el Dapre celebró un contrato directo con Carranza por 88 millones de pesos, que tendrá una duración de seis meses y que finalizará el 31 de diciembre. También está documentado que el abogado representa a Petro y que radicó la denuncia contra Lucio.
Sin embargo, no existe evidencia pública de que el contrato del Dapre al abogado de Petro tenga como finalidad pagar esa denuncia o financiar la defensa personal del presidente. Tampoco se ha demostrado que el acuerdo sea ilegal o que las obligaciones contractuales hayan sido diseñadas exclusivamente para favorecer al jurista.
La controversia se concentra, por ahora, en la oportunidad de la contratación, la cercanía entre el contratista y el mandatario saliente, y la vigencia del acuerdo durante el próximo gobierno. Para determinar si existió alguna irregularidad será necesario revisar los estudios previos, la justificación de la contratación directa, la experiencia exigida, los informes de supervisión y los productos que deberá entregar Carranza.