Escribenos Aquí
El caso Arizabaleta-Petro quedó bajo la lupa de la Corte Suprema por una cadena de reuniones privadas, conversaciones por Signal y presuntas solicitudes de dinero y cargos públicos. Los contactos involucraron al abogado del presidente Gustavo Petro y a funcionarios de su Gobierno, pero la denuncia solo se presentó meses después de los primeros encuentros.
Una investigación divulgada en X por el periodista Melquisedec Torres reveló fragmentos de un expediente de la Corte Suprema de Justicia sobre las actuaciones de Gloria Arizabaleta, expresidenta de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara.
Los documentos y las capturas compartidas por Torres muestran reuniones entre Arizabaleta y Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro. Además, exponen contactos de la entonces congresista con el exministro de Hacienda Germán Ávila y la exdirectora del Dapre Nhora Mondragón.
La Sala Especial de Instrucción de la Corte abrió una investigación formal contra Arizabaleta por los presuntos delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto. La exrepresentante fue citada a indagatoria para el próximo 2 de septiembre.
Caso Arizabaleta-Petro: tres reuniones con el abogado del presidente
El expediente reconstruye al menos tres encuentros privados entre Gloria Arizabaleta, Alejandro Carranza y Jairo Fabián Corzo Ordóñez, quien se desempeñaba como secretario de la Comisión de Investigación y Acusaciones.
El primero habría ocurrido entre octubre y noviembre de 2025 en un restaurante de Bogotá que contaba con salones privados. Según declaró Carranza ante la Corte, Arizabaleta le planteó que debía servir como “vehículo” para acercarla al Gobierno nacional.
Además, la congresista habría hablado de realizar una gestión política alrededor de los procesos que cursaban contra Petro. Según el testimonio del abogado, esa labor buscaría cerrar los expedientes antes de que se produjera un cambio de gobierno.
El segundo encuentro se registró el 27 de enero de 2026 en la residencia de Arizabaleta, ubicada en un condominio de la vía Bogotá-La Calera. Allí, la entonces congresista habría insistido en que Carranza actuara como puente para acercarla al Ejecutivo.
Finalmente, el tercer encuentro ocurrió el 8 de junio en un restaurante Buffalo Wings de Bogotá. Carranza declaró que Arizabaleta habló de los votos necesarios para tomar decisiones en la Comisión y les habría dicho que debían buscar apoyos y negociar. El abogado aseguró que consideró inconveniente e irregular esa propuesta.
Los chats de “mi vida” y “mi abogado preferido”
Las capturas divulgadas por Melquisedec Torres muestran un trato especialmente cercano entre Arizabaleta y el abogado del presidente. En las conversaciones aparecen expresiones como “mi abogado preferido”, “mi preferida representante”, “mi vida” y “voy de rodillas”.
Sin embargo, el elemento más relevante no es únicamente el tono amistoso. En uno de los diálogos aparece el envío de un archivo denominado “Auto inhibitorio Rad. 5914_febrero 2026”, relacionado con la investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de Petro.
El documento planteaba una posición favorable al mandatario y evaluaba la posibilidad de no abrir una investigación formal por ausencia de dolo. La Corte deberá establecer si el borrador tenía carácter reservado cuando fue enviado al abogado.
Arizabaleta sostiene que no cometió ninguna irregularidad porque Carranza tenía la condición de sujeto procesal. También niega que el envío buscara favorecer al presidente.
Otro intercambio ocurrió en abril, cuando Carranza le pidió ayuda a la congresista para compulsar copias contra el exfiscal general Néstor Humberto Martínez. El abogado incluso preguntó si podía preparar el documento.
Aunque la compulsa no se materializó, la conversación abrió interrogantes sobre la relación entre el defensor y la funcionaria que intervenía en los procesos contra su representado. Carranza aseguró que realizó solicitudes similares ante otras autoridades y negó haber participado en negociaciones ilegales.
Presuntas solicitudes ante Hacienda y el Dapre
El caso Gloria Arizabaleta también incluye una reunión con Germán Ávila, entonces ministro de Hacienda. El encuentro se realizó el 5 de febrero de 2026 en el restaurante Chalet Suizo, ubicado en el sector del Park Way de Bogotá.
Según el fragmento del expediente divulgado por Torres, Ávila declaró que la congresista pretendía obtener “millones” y promover un acuerdo corrupto a cambio de votos favorables para Petro dentro de la Comisión de Acusaciones.
El exministro también señaló que Arizabaleta habría reiterado el planteamiento durante una sesión del Congreso celebrada el 13 de mayo. Estas afirmaciones corresponden al testimonio de Ávila y deberán ser examinadas y controvertidas durante el proceso judicial.
Por otra parte, la Corte documentó una reunión realizada en febrero en la Casa de Nariño. En ella participaron Nhora Mondragón, Arizabaleta, Carranza y Corzo.
De acuerdo con la versión entregada por Mondragón, la congresista pidió nombrar a una mujer en un cargo directivo de Fiduprevisora. Posteriormente, le habría enviado una hoja de vida mediante Signal.
Hasta ahora no se ha divulgado una prueba que demuestre que el Gobierno concretó ese nombramiento o entregó los recursos presuntamente solicitados. Por tanto, no puede afirmarse que los funcionarios hayan accedido a las exigencias atribuidas a Arizabaleta.
¿Por qué la denuncia tardó varios meses?
La cronología genera uno de los mayores interrogantes del caso. Los contactos comenzaron, al menos, entre octubre y noviembre de 2025. Después se produjeron reuniones en enero, febrero, mayo y junio de 2026.
No obstante, la denuncia penal fue presentada tras la decisión adoptada por Arizabaleta el 10 de junio, cuando intentó suspender temporalmente al presidente Petro por presunta participación indebida en política.
Carranza anunció públicamente el 11 de junio que Petro le había dado instrucciones precisas para acudir ante la Corte Suprema. El abogado calificó la decisión de la congresista como una vía de hecho y un supuesto intento de golpe de Estado.
En las fuentes públicas conocidas hasta el momento no aparece una denuncia penal anterior. Sin embargo, la investigación deberá determinar si Carranza o los funcionarios informaron previamente los hechos dentro del Gobierno o ante otra autoridad.
También deberá establecer por qué las reuniones y conversaciones continuaron después de las primeras presuntas solicitudes. Esa circunstancia no demuestra por sí misma la existencia de un acuerdo, pero sí forma parte de los elementos que analiza la Corte.
Carranza y Arizabaleta niegan actuaciones ilegales
Alejandro Carranza negó haber participado en una negociación corrupta. Según el abogado, nunca aceptó actuar como intermediario y entregó a la Corte los chats y demás elementos que tenía en su poder.
Arizabaleta también rechazó las acusaciones. La exrepresentante sostiene que actuó dentro de sus funciones y que el documento enviado a Carranza podía ser conocido por él debido a su participación en el proceso.
Por ahora, la Corte deberá contrastar esas versiones con los testimonios, registros de ingreso, videos, comunicaciones y documentos incorporados al expediente.
El caso Gloria Arizabaleta se encuentra en etapa de investigación. En consecuencia, los señalamientos divulgados no constituyen una condena y todos los involucrados conservan su presunción de inocencia.