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Ricardo Roa a juicio por las cuentas de la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro al poder en 2022. La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra el exgerente de Petro Presidente por la presunta violación de los topes electorales. El expediente fue asignado al Juzgado 26 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y, hasta ahora, no tiene fecha de audiencia.
Ricardo Roa a juicio: el expediente ya pasó al juez de conocimiento
El movimiento judicial representa un avance sustancial frente a la etapa que enfrentaba Ricardo Roa desde mayo. La Fiscalía ya no está únicamente formulando una imputación: presentó formalmente el escrito con el cual pretende llevar su teoría del caso a juicio.
El registro judicial conocido este miércoles muestra que el documento fue recibido realmente el 6 de agosto de 2026. Posteriormente, el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá realizó el reparto el 10 de agosto.
El expediente terminó, mediante reparto aleatorio, en el Juzgado 26 Penal del Circuito con Función de Conocimiento. La actuación señala que el escrito fue presentado por la Fiscalía 3 Especializada contra Ricardo Roa Barragán.
La información coincide con lo conocido este miércoles por diferentes medios nacionales. El despacho todavía no ha programado la audiencia correspondiente.
En términos periodísticos, la actuación significa que la Fiscalía llevó a Roa a juicio. Sin embargo, jurídicamente existe una precisión indispensable: el escrito de acusación no constituye una condena ni demuestra por sí mismo responsabilidad penal. Ahora comenzará el debate ante el juez competente.
¿Qué sostiene la Fiscalía contra Ricardo Roa?
El origen de este proceso está en la administración de los recursos de la campaña Petro Presidente 2022. Ricardo Roa ejerció como gerente y tenía responsabilidades directas sobre el manejo financiero de la candidatura.
La Fiscalía General de la Nación informó oficialmente en mayo que lo investigaba como presunto responsable del delito de violación de los topes o límites de gastos en campañas electorales.
De acuerdo con el ente acusador, las pruebas recopiladas indicarían que los gastos reales habrían superado el límite autorizado en $1.388 millones durante la primera vuelta y en otros $276 millones durante la segunda vuelta. La Fiscalía sostiene que esas diferencias no habrían quedado reflejadas correctamente en los reportes entregados a las autoridades electorales.
Entre los gastos analizados aparecen ruedas de prensa en hoteles, transporte, alimentación, logística, piezas publicitarias, créditos para eventos de cierre de campaña y aportes sindicales. La investigación también encontró, según la Fiscalía, movimientos contables que habrían ubicado gastos de la primera vuelta dentro de los informes de la segunda y viceversa.
Roa rechazó la acusación desde la etapa inicial. Durante la imputación manifestó: “No acepto los cargos, su Señoría, soy inocente”.
La Fiscalía y el CNE recorrieron caminos diferentes
El expediente penal no nació aislado. Durante los últimos años, las cuentas de la campaña de Gustavo Petro estuvieron simultáneamente bajo la lupa de distintas autoridades.
El Consejo Nacional Electoral abrió un procedimiento administrativo relacionado con la financiación y los gastos electorales. El propio CNE incluyó dentro de sus actuaciones el expediente CNE-E-DG-2023-002164 sobre las campañas de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico. En ese proceso aparece Ricardo Roa como gerente.
Ese procedimiento electoral y el actual proceso penal deben diferenciarse. El CNE analiza responsabilidades administrativas y electorales, mientras la Fiscalía busca establecer si existió una conducta penal atribuible a quien manejaba los recursos.
Los propios formularios oficiales de Cuentas Claras identifican a Ricardo Roa Barragán como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
El proceso que ahora llega al Juzgado 26 está dirigido contra Roa. Por tanto, el escrito de acusación conocido no equivale automáticamente a una acusación penal contra Gustavo Petro.
El delito puede implicar entre cuatro y ocho años de prisión
La violación de topes electorales está tipificada en el artículo 396B del Código Penal colombiano. La norma fue incorporada mediante la Ley 1864 de 2017.
La legislación publicada por Función Pública establece que quien administre los recursos de una campaña y exceda los límites fijados por la autoridad electoral puede enfrentar entre cuatro y ocho años de prisión.
La norma contempla además una multa equivalente al valor excedido y una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo periodo.
Estas sanciones, sin embargo, solamente podrían imponerse después de un juicio y de una eventual sentencia condenatoria. Roa mantiene plenamente su presunción de inocencia mientras el proceso avanza.
La acusación llega después de su salida de Ecopetrol
El nuevo capítulo judicial aparece apenas unas semanas después de la salida de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol.
Noticias del Cesar contó recientemente cómo Petro protegió a Roa durante buena parte de las investigaciones y terminó cuestionándolo públicamente por el manejo del gas. En su última rueda de prensa como presidente de la compañía, el exdirectivo aseguró que permanecería en Colombia para atender los procesos judiciales.
Roa también enfrenta actuaciones judiciales diferentes a las relacionadas con las cuentas electorales. Su paso por Ecopetrol estuvo marcado durante los últimos meses por investigaciones que aumentaron la presión sobre su permanencia en la compañía.
Las controversias jurídicas llegaron incluso a convertirse en un problema reputacional para la petrolera. Noticias del Cesar ya había analizado ese ambiente cuando publicó la información sobre la rebaja de la calificación de Ecopetrol y los cuestionamientos sobre su gobierno corporativo.
Las cuentas de 2022 siguen produciendo consecuencias cuatro años después
El avance del proceso demuestra que la discusión sobre la financiación de la campaña Petro Presidente no terminó con la salida del anterior Gobierno.
Otros expedientes también han mantenido abierta la controversia. Noticias del Cesar reveló recientemente detalles del caso Arizabaleta-Petro, en el cual aparecieron documentos relacionados con investigaciones sobre la financiación de aquella campaña dentro de la Comisión de Investigación y Acusaciones.
Ahora la atención se concentra directamente sobre Ricardo Roa. El Juzgado 26 Penal del Circuito deberá continuar el trámite, programar las audiencias correspondientes y garantizar el debate entre la Fiscalía y la defensa. Allí deberá establecerse si las irregularidades que el ente acusador atribuye a la campaña pueden convertirse en responsabilidad penal del antiguo gerente.
Cuatro años después de las elecciones de 2022, las cuentas que llevaron a Gustavo Petro a la Presidencia llegan finalmente a un escenario de juicio penal contra quien administró sus recursos.