En un operativo de película ejecutado a plena luz del día, el GAULA y la Policía Nacional asestaron un golpe contundente contra la corrupción en Valledupar. La tarde de este viernes 20 de marzo, el abogado Juan David López fue capturado en flagrancia en el parqueadero del centro comercial Mayales Plaza, justo en el instante en que recibía 300 millones de pesos en efectivo producto de una extorsión.
La víctima directa de este millonario chantaje fue Leonardo Hernández, alcalde del municipio de La Jagua de Ibirico. El mandatario, cansado de las presiones, pactó la entrega del dinero en su propio vehículo, tendiéndole una trampa infalible al presunto extorsionista y a sus dos cómplices, quienes llegaron armados con un bolso para llevarse el millonario botín.
Las investigaciones revelaron un oscuro y calculado modus operandi. El abogado López se dedicaba a «instrumentalizar» a la Fiscalía interponiendo múltiples denuncias penales (como supuestas irregularidades en el transporte escolar). Inmediatamente después, acudía a medios de comunicación regionales y redes sociales para mediatizar el escándalo y causar un grave daño reputacional.
Una vez la tormenta mediática estallaba, llegaba el golpe final: exigía gigantescas sumas de dinero a cambio de desistir de las denuncias y frenar la presión pública contra las administraciones.
Lo más grave es que el alcalde Hernández no era su única presa. Fuentes oficiales confirmaron que la Gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan, y el alcalde de Becerril, Fabián Martínez, también venían siendo víctimas de este mismo esquema de chantaje y ampliarán sus denuncias penales en los próximos días.
Tras ser detenidos y con sus derechos leídos, los tres sujetos fueron trasladados de inmediato a la URI de Valledupar. La mañana de este sábado enfrentarán las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento ante un juez de garantías.
Con este descarado cartel de las falsas denuncias al descubierto, el panorama político y judicial del departamento queda en alerta máxima. La pregunta que ahora retumba en los pasillos de la Fiscalía es: ¿Cuántos mandatarios más habrán pagado en silencio para evitar la destrucción de su imagen pública?
