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El Gobierno nacional advirtió que la expansión armada también amenaza al Cesar, principalmente en los municipios del sur. Según cifras presentadas ante el Congreso, las organizaciones ilegales pasaron de 15.120 integrantes en diciembre de 2022 a más de 28.800 en julio de 2026. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, sostuvo que el aumento ocurrió durante el Gobierno de Gustavo Petro. Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Enrique Mora, presentó una actualización que eleva el número a 29.062 integrantes y redes de apoyo.
Ambos funcionarios comparecieron en debates de control político distintos. Sin embargo, utilizaron el mismo diagnóstico para cuestionar los resultados de la denominada política de paz total y advertir sobre el fortalecimiento territorial de las estructuras ilegales.
Expansión armada superó el 90 % en cuatro años
Rodrigo Lara presentó su balance ante la Comisión Legal de Paz y Posconflicto de la Cámara de Representantes. Allí explicó que el número de integrantes de organizaciones criminales pasó de 15.120 a 28.802 entre diciembre de 2022 y julio de 2026. “¡No son cifras de este Gobierno, son cifras del Gobierno de Gustavo Petro!”, afirmó el Ministerio del Interior al divulgar parte de la intervención. La variación registrada durante ese periodo superó el 90 %.
Un día después, Jorge Enrique Mora expuso ante la Comisión Segunda que las organizaciones armadas y sus redes de apoyo alcanzaron los 29.062 integrantes. Esa cantidad representaría un crecimiento del 92 % frente a 2022. La diferencia entre ambas mediciones es de 260 personas. No obstante, los dos ministros coincidieron en que el aumento ocurrió durante la administración anterior. Las cifras incluyen combatientes y miembros de redes dedicadas a labores de información, vigilancia, logística o financiación.
Clan del Golfo registró el mayor crecimiento
El Clan del Golfo fue la organización que más amplió su estructura durante el periodo analizado. Según el balance presentado por Lara, pasó de unos 4.061 integrantes en 2022 a 10.268 en julio de 2026. Esto representa un incremento del 152 %. El Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc pasó de 2.143 a 4.480 integrantes, con una variación del 109 %. Asimismo, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano aumentó de 1.134 a 2.359 miembros, un 108 %.
Mientras tanto, el ELN pasó de 5.851 a 7.123 integrantes. Aunque su crecimiento porcentual fue menor, con un 22 %, mantiene presencia y capacidad armada en corredores estratégicos del país. Estos datos coinciden con el informe El costo de negociar mal, de la Fundación Ideas para la Paz. El estudio concluyó que la paz total no consiguió reducir de manera sostenible la violencia ni conducir a organizaciones completas hacia la legalidad.
Sin embargo, la fundación aclaró que el fortalecimiento criminal no responde a una sola causa. También influyeron la débil presencia estatal, las economías ilegales y las fallas acumuladas durante varios gobiernos. A estos factores se sumaron algunos ceses al fuego y la falta de respuesta ante los incumplimientos.
La expansión armada llega al sur del Cesar
El crecimiento de estas estructuras tiene efectos directos en el Cesar. La Defensoría del Pueblo incluyó a Río de Oro y González en la Alerta Temprana 006 de 2026, junto con Ocaña y Ábrego, en Norte de Santander. El organismo advirtió sobre la confrontación entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias. Además, identificó movimientos del Clan del Golfo y una expansión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada hacia el sur del departamento.
Las organizaciones buscan controlar corredores que comunican el Catatumbo, la Ruta del Sol y otras zonas del Caribe. En esos territorios existen intereses relacionados con el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el cobro a diferentes actividades económicas. La alerta también señala riesgos de homicidios selectivos, desplazamientos, reclutamiento de menores y utilización de drones con explosivos. Comerciantes, transportadores, ganaderos, líderes sociales y comunidades campesinas figuran entre las poblaciones más expuestas.
Catatumbo refleja las consecuencias humanitarias
La situación del Catatumbo muestra las consecuencias del fortalecimiento de los grupos. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, durante los primeros meses de 2026 ocurrieron 13 desplazamientos masivos que obligaron a 2.447 personas a abandonar sus territorios. Mora utilizó ese panorama para defender el fortalecimiento de las capacidades operacionales y tecnológicas de la Fuerza Pública. Según el ministro, el Estado necesita recuperar territorios y proteger a las comunidades sometidas a amenazas.
El debate ocurre mientras el nuevo Gobierno revisa las negociaciones heredadas y prepara un marco de sometimiento para las organizaciones criminales. Al mismo tiempo, anunció que respetará los compromisos constitucionales derivados del Acuerdo de Paz y mantendrá la atención sobre las víctimas y los municipios PDET. Así, la expansión armada se convierte en uno de los principales desafíos de seguridad para el país. En el Cesar, la disputa entre varias estructuras obliga a fortalecer la prevención, la inteligencia y la protección de las comunidades antes de que la violencia del Catatumbo se extienda hacia nuevos territorios.
