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El Gobierno nacional presentó en Valledupar un conjunto de medidas para regular el cierre de las explotaciones mineras y proteger a los trabajadores que puedan resultar afectados. El eje central es el Decreto 0742 de 2026, que incorpora el cierre como una etapa obligatoria dentro del ciclo de los proyectos mineros en Colombia.
La norma no ordena el cierre inmediato y generalizado de las minas. Su propósito es establecer las obligaciones que deberán cumplir las empresas cuando una operación termine de manera definitiva, temporal o anticipada. El proceso deberá planearse desde la etapa de explotación y tendrá componentes laborales, ambientales, sociales, técnicos y financieros.
El cierre deberá planearse con anticipación
Hasta ahora, los procesos de cierre minero no contaban con una reglamentación integral que articulara las responsabilidades de las empresas, las autoridades y las comunidades. Con el nuevo decreto, las compañías deberán prever cómo recuperarán las áreas intervenidas y qué medidas adoptarán para evitar que los impactos económicos y sociales recaigan únicamente sobre los municipios mineros.
La reglamentación contempla distintas modalidades de cierre. Entre ellas aparecen el progresivo, temporal, anticipado y final, además de un cierre técnico gradual para la pequeña minería y los procesos de formalización. Cada modalidad responderá a las características de la explotación, su tamaño y las circunstancias que obliguen a detener la actividad.
Empresas deberán proteger a los trabajadores
Una de las principales novedades es la inclusión obligatoria de un componente laboral en los planes de cierre. Las empresas tendrán que identificar cuántos trabajadores resultarían afectados, sus funciones, perfiles, edades, competencias y posibilidades de vinculación a nuevas actividades económicas.
También deberán garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes al sistema de seguridad social. Antes del cierre definitivo será necesario realizar exámenes médicos ocupacionales de egreso y tramitar un paz y salvo laboral que acredite el cumplimiento de las obligaciones con el personal.
Los planes deberán concertarse con las organizaciones sindicales y contemplar programas de transición laboral. El objetivo es evitar que la clausura de una mina produzca una desvinculación masiva sin preparación, acompañamiento institucional ni alternativas para las familias que dependen de esta actividad.
Reconversión laboral y nuevas oportunidades
El paquete presentado por los ministerios del Trabajo, Minas y Energía y Ambiente incluye lineamientos para capacitar a los trabajadores en áreas vinculadas con el crecimiento verde. Entre ellas se encuentran la economía circular, la eficiencia energética, la producción limpia, la sostenibilidad y la gestión ambiental.
Asimismo, se diseñó una Ruta Tipo de Reconversión Laboral, con la cual el Gobierno busca acompañar a los empleados desde la identificación de sus habilidades hasta su capacitación, certificación e ingreso a nuevas fuentes de empleo. La estrategia será implementada con el apoyo del SENA, el Servicio Público de Empleo y otras entidades nacionales.
La reconversión también podrá incluir el fortalecimiento de emprendimientos y proyectos productivos. De esta manera, el cierre minero no se limitaría al retiro de las empresas, sino que estaría acompañado por medidas para crear ingresos y reducir la dependencia económica de las comunidades frente a una sola actividad.
Las comunidades tendrán participación
El Decreto 0742 establece que las comunidades deberán participar en la planeación y seguimiento de los procesos de cierre. Las compañías y las autoridades tendrán que explicar las medidas previstas, escuchar las preocupaciones de los habitantes y considerar las necesidades económicas y ambientales de los territorios.
Esta participación será especialmente importante en los municipios cuya economía depende de la minería. La finalización de una operación puede afectar el empleo directo e indirecto, el comercio, el transporte, los ingresos municipales y otros servicios que crecieron alrededor de las explotaciones.
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El Gobierno sostiene que la transición debe evitar que los territorios queden con pasivos ambientales, desempleo y deterioro económico. Por ese motivo, la norma combina la recuperación de las zonas intervenidas con programas laborales y productivos que deberán ejecutarse antes, durante y después del cierre.
¿Qué pasará con los terrenos de las minas?
Las áreas donde termine la actividad minera podrán destinarse a restauración ecológica, conservación de la biodiversidad y producción agropecuaria sostenible. También podrán utilizarse para proyectos de energías renovables, turismo, infraestructura comunitaria y otras actividades compatibles con las condiciones del territorio.
Las empresas tendrán que ejecutar acciones para estabilizar los terrenos, controlar riesgos físicos y recuperar los ecosistemas afectados. Además, deberán contar con recursos financieros suficientes para evitar que el costo de la recuperación sea trasladado posteriormente al Estado o a las comunidades.
La autoridad minera y las entidades ambientales estarán encargadas de revisar los planes, verificar su cumplimiento y realizar seguimiento después de la terminación de las operaciones. El cierre no concluirá simplemente cuando se detenga la extracción del mineral, sino cuando se compruebe el cumplimiento de las obligaciones establecidas.
El Cesar, en el centro de la transición
La presentación en Valledupar tiene especial relevancia por el peso de la minería de carbón en el centro del Cesar. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que en el departamento algunos procesos de cierre podrían producirse entre 2032 y 2034, por lo que las empresas, autoridades y trabajadores deben prepararse con varios años de anticipación.
El funcionario también llamó la atención sobre la huella ambiental de la explotación minera en el territorio. Aseguró que la actividad debe desarrollarse de manera responsable y sostenible, mientras se construyen alternativas para una transición energética que proteja el empleo y el bienestar de las comunidades.
En municipios mineros del Cesar, el reto será transformar las economías locales antes de que disminuya la producción. Esto implica fortalecer otros sectores, capacitar a los trabajadores, apoyar emprendimientos y definir nuevos usos para las extensas áreas que actualmente están vinculadas con las operaciones carboníferas.
Una obligación para las compañías mineras
Con la entrada en vigencia del decreto, el cierre deberá incluirse desde la planificación de cada proyecto. Las empresas no podrán esperar hasta el final de la explotación para determinar qué ocurrirá con sus empleados, las comunidades, los terrenos y las obligaciones ambientales pendientes.
El Gobierno considera que la reglamentación brinda mayor seguridad jurídica, debido a que fija responsabilidades y procedimientos para todos los actores. También busca impedir que el abandono de una operación deje daños ambientales sin reparar o poblaciones sin alternativas económicas.
La efectividad de la medida dependerá de la vigilancia de las autoridades, la disponibilidad de recursos y la participación de trabajadores y comunidades. En el Cesar, donde miles de familias dependen directa o indirectamente de la minería, la aplicación del decreto marcará el rumbo de una transición que deberá comenzar mucho antes de que se extraiga la última tonelada de carbón.
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