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El Congreso de la República defendió la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali. El Senado pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que niegue las medidas cautelares. Además, advirtió que suspender la ceremonia afectaría una decisión tomada por las dos cámaras.
Senado cuestiona las pruebas de la demanda
La Secretaría General del Senado envió su respuesta al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El documento lleva la firma de Diego Alejandro González González, secretario general de la corporación.
El escrito defiende el traslado temporal del Congreso a Cali. Según el Senado, las plenarias aprobaron la decisión con el cuórum y las mayorías necesarias.
El Tribunal estudia una acción popular que busca frenar la sesión del Congreso en la capital del Valle. Esa reunión permitirá recibir el juramento del presidente electo el próximo 7 de agosto.
Como informó Noticias Valledupar en la nota sobre la demanda contra la posesión de Abelardo en Cali, la admisión del proceso no suspendió la ceremonia. El Tribunal abrió el trámite y pidió información a las entidades involucradas.
El Senado afirma que la petición cautelar no presenta pruebas suficientes. Según el documento, los demandantes usaron noticias, cálculos sin certificar y riesgos planteados de forma general.
Para la corporación, esos elementos no prueban una amenaza grave e inmediata. Tampoco demuestran una conducta que pueda atribuirse directamente al Senado.
Congreso advierte una posible interferencia
El Senado también cuestionó el alcance de las medidas solicitadas. A su juicio, una suspensión afectaría una decisión que tomaron Senado y Cámara.
“La suspensión pretendida excedería la función instrumental de las medidas cautelares”, señala el documento.
La corporación sostiene que el Tribunal no debe intervenir antes de estudiar todas las pruebas. También insiste en que el traslado nació de una decisión del Congreso.
El Senado aclaró que la medida no surgió de una orden del presidente electo. Tampoco respondió a una instrucción del próximo Gobierno.
Las plenarias aprobaron el traslado con base en sus facultades constitucionales. La Constitución permite que el Congreso cambie de sede de manera temporal mediante acuerdo entre ambas cámaras.
Por esa razón, el Senado considera que una suspensión inmediata limitaría su autonomía. También podría afectar la separación de funciones entre las instituciones del Estado.
El Senado fija límites a su responsabilidad
La respuesta también explica qué documentos puede entregar la Secretaría General.
El Senado puede aportar la proposición aprobada y los registros de votación. También puede enviar certificaciones, órdenes del día, actas y comunicaciones oficiales.
Sin embargo, otras entidades deberán responder por la contratación y el presupuesto. Lo mismo ocurre con la seguridad, el transporte, la logística y la atención sanitaria.
Este punto resulta clave dentro del proceso. Una parte de la demanda cuestiona los gastos que puede generar el traslado a Cali.
El Senado sostiene que el Tribunal puede pedir esa información a las entidades responsables. Por ello, considera innecesario suspender la sesión mientras avanza la recolección de pruebas.
Congreso pide negar las medidas cautelares
En sus conclusiones, la Secretaría General pidió negar las medidas contra el Senado.
También solicitó que el Tribunal tenga por entregados los documentos disponibles. Además, pidió reconocer que no existe una conducta atribuible a la corporación que justifique una restricción inmediata.
La respuesta fortalece la defensa jurídica del Congreso. Sin embargo, todavía no existe una decisión definitiva del Tribunal.
El despacho deberá revisar los argumentos de las partes. Después, determinará si existen razones para suspender el traslado antes del 7 de agosto.
La posesión sigue programada en Cali
Mientras avanza el proceso, el Congreso mantiene sus planes para la ceremonia.
La posesión de Abelardo de la Espriella sigue prevista en Cali. El Congreso deberá reunirse en pleno para recibir el juramento presidencial.
Hasta ahora, ninguna orden judicial ha suspendido el acto. Tampoco existe una decisión que prohíba el traslado temporal del Legislativo.
El debate enfrenta dos posiciones. Los demandantes cuestionan los costos, la planeación y los posibles riesgos. El Senado, por su parte, defiende su autonomía y la legalidad de la decisión.
La posesión continúa en pie, pero el Tribunal tendrá la última palabra sobre las medidas cautelares.