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La Contraloría General de la República activó una función de advertencia tras identificar un elevado ritmo de contratación en el Gobierno nacional durante las semanas posteriores a la segunda vuelta presidencial. Entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026 fueron suscritos 14.414 contratos por cerca de 4,55 billones de pesos.
El organismo de control señaló que la contratación aumentó un 22,5 % frente al mismo periodo de hace cuatro años. Además, advirtió que la concentración de recursos en contratos de obra pública y prestación de servicios exige revisar la planeación financiera, la disponibilidad presupuestal y la capacidad real de ejecución durante los meses restantes de la vigencia fiscal.
Más de 11.000 contratos fueron adjudicados directamente
Uno de los principales puntos de atención corresponde a la contratación directa. De acuerdo con el informe, esta modalidad superó los 11.000 contratos en cuatro semanas, después de que terminaran las restricciones establecidas por la Ley de Garantías Electorales.
La Contraloría aclaró que el alto número de contratos no demuestra por sí mismo la existencia de irregularidades. Sin embargo, consideró necesario mantener un seguimiento permanente para comprobar que las obligaciones asumidas respondan a necesidades justificadas y cuenten con respaldo presupuestal.
El organismo también señaló riesgos contractuales y financieros en entidades como la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio del Interior, aunque el reporte conocido no atribuye responsabilidades individuales ni establece la existencia de detrimento patrimonial.
Contraloría identificó siete factores de riesgo
El análisis detectó siete factores que requieren vigilancia desde el control fiscal preventivo y concomitante. Entre ellos aparece la posible insuficiencia en la planeación financiera y presupuestal de contratos de alta cuantía, así como el crecimiento de la contratación directa.
También preocupa la capacidad de las entidades para ejecutar y supervisar los compromisos adquiridos antes de que termine 2026. La Contraloría sostuvo que cada decisión contractual debe estar respaldada por recursos disponibles y ser compatible con la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La advertencia se produce en un contexto de presiones de caja, rezagos en reservas presupuestales y necesidades adicionales de financiación. Por esta razón, el ente de control pidió verificar que el Gobierno pueda cumplir las obligaciones sin aumentar los riesgos fiscales.
¿Qué significa la función de advertencia?
La función de advertencia es un mecanismo preventivo mediante el cual la Contraloría comunica la existencia de hechos o condiciones que podrían afectar los recursos públicos. Su activación no constituye una sanción ni equivale a una declaración de responsabilidad fiscal.
En este caso, la medida busca que las entidades revisen la planeación, financiación, ejecución y supervisión de los contratos. El propósito es prevenir posibles afectaciones al patrimonio público antes de que se materialicen.
La Contraloría puede continuar haciendo seguimiento a la contratación y, si encuentra hechos con posible incidencia fiscal, disciplinaria o penal, trasladar la información a las autoridades competentes.
La contratación aumentó tras la Ley de Garantías
La restricción de la Ley de Garantías limitó determinadas formas de contratación durante el periodo electoral. Una vez terminada esa prohibición después de la segunda vuelta presidencial, las entidades nacionales retomaron la suscripción de contratos.
El aumento registrado durante las cuatro semanas analizadas llevó al organismo de control a comparar el comportamiento con el mismo periodo de 2022. El resultado mostró un crecimiento del 22,5 %, acompañado de una fuerte participación de la contratación directa.
La Contraloría ya había advertido sobre movimientos atípicos en la contratación pública antes de la entrada en vigencia de las restricciones electorales. En noviembre de 2025, por ejemplo, reportó que durante una sola semana se comprometieron 9 billones de pesos en contratos y convenios interadministrativos, con una concentración de 6,1 billones en el último día previo a la aplicación de la Ley de Garantías.
Gobierno deberá demostrar capacidad de ejecución
El informe insiste en que las entidades deben demostrar que cuentan con suficiente capacidad técnica, administrativa y financiera para desarrollar los contratos firmados. También deberán garantizar una supervisión efectiva y evitar que los recursos terminen comprometidos en proyectos que no puedan ejecutarse dentro de los plazos establecidos.
Por ahora, la Contraloría mantendrá el seguimiento preventivo sobre la contratación del Gobierno nacional. La alerta no implica que los 14.414 contratos sean ilegales, pero sí obliga a revisar con mayor detalle su justificación, financiación y cumplimiento.
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