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La Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, revocó una sanción de $1.907 millones impuesta al municipio de Valledupar por la disposición irregular de residuos en la margen derecha del río Guatapurí. La decisión deja sin efecto la multa establecida en 2019 después de que la autoridad ambiental resolviera un recurso presentado por la administración municipal.
La nueva decisión está contenida en la Resolución 0239 del 21 de agosto de 2026, publicada por Corpocesar el 4 de septiembre. El acto resuelve el recurso de reposición contra la Resolución 165 del 27 de agosto de 2019, mediante la cual Valledupar había sido declarado responsable dentro del expediente sancionatorio ambiental 032-2018.
¿Por qué habían sancionado a Valledupar?
El proceso comenzó en 2018 después de identificarse acumulación de basuras, escombros y otras afectaciones ambientales en sectores de la margen derecha del Guatapurí, especialmente entre Pescaíto, Zapato en Mano y zonas aledañas. Las inspecciones también encontraron hornos artesanales y actividades realizadas por particulares en el área.
En agosto de 2019, Corpocesar declaró responsable al municipio y fijó una multa exacta de $1.907.204.148. Además, ordenó como medida compensatoria presentar un proyecto de reforestación para recuperar la margen afectada. La propia Corporación seguía reportando en 2021 que esa sanción permanecía pendiente.
La defensa de Valledupar sostuvo, sin embargo, que las pruebas no demostraban que la administración municipal hubiese realizado directamente los vertimientos. También argumentó que las investigaciones identificaban a terceros depositando residuos y operando hornos artesanales, mientras el municipio había desarrollado jornadas de limpieza y recolección que, según su defensa, no fueron valoradas adecuadamente.
Corpocesar encontró problemas en el proceso
Durante la revisión también apareció un aspecto procedimental relevante. El proceso ambiental había concentrado en un mismo acto administrativo la apertura de la investigación y la formulación de cargos, una práctica que puede afectar el derecho de defensa porque ambas etapas tienen finalidades y oportunidades procesales diferentes.
Corpocesar ha reconocido en otros expedientes que la Ley 1333 de 2009 exige separar esas actuaciones. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que un investigado debe tener oportunidad de solicitar la cesación del procedimiento antes de que se formulen cargos, garantía que desaparece cuando ambas decisiones se producen simultáneamente.
Con esos elementos y la revisión de las pruebas sobre la autoría de las afectaciones, Corpocesar terminó revocando la sanción impuesta siete años atrás. El municipio queda así liberado del pago de los más de $1.900 millones derivados de ese expediente específico.
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Revocar la multa no elimina el problema del Guatapurí
La decisión administrativa no significa que hayan desaparecido los problemas ambientales de la margen derecha del río. Decisiones judiciales posteriores han acreditado afectaciones por residuos sólidos, escombros, aguas residuales, construcciones, deforestación y hornos artesanales en sectores como Pescaíto, Nueve de Marzo y Zapato en Mano.
Esos fallos han impuesto obligaciones de protección y recuperación a distintas autoridades, entre ellas Alcaldía, Corpocesar y entidades relacionadas con el saneamiento y el control territorial. Por tanto, la revocatoria de la multa de 2019 no exonera al municipio de sus deberes actuales de vigilancia, limpieza y protección del Guatapurí.
Noticias del Cesar ha documentado además las obras que actualmente avanzan sobre la margen derecha para reducir riesgos de inundación y erosión. En julio, esas intervenciones alcanzaban un 65 % de ejecución y beneficiaban principalmente a comunidades como Nueve de Marzo, San Juan, Villa Castro y Parceleros.
La Resolución 0239 cierra, entonces, un capítulo administrativo iniciado en 2018, pero no la discusión ambiental sobre el río. Ahora queda un interrogante adicional: cómo garantizar que la identificación de los particulares responsables de arrojar residuos se traduzca efectivamente en control y sanciones, para evitar que el problema continúe trasladándose de una administración a otra.
