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¡Ruina en cifras! El altísimo costo de prohibir la exploración de hidrocarburos por un capricho activista.

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Una imagen compuesta. A la izquierda, una fotografía del exterior del edificio del 'Instituto Nacional de Vías', INVIAS, mostrando su nombre en grandes letras grises sobre la fachada moderna. A la derecha, el escaneo de un documento legal oficial de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala Especial de Instrucción, con una marca de agua de 'Semana' y marcado como 'DIGITALIZADO'. El documento detalla el caso bajo la dirección del Doctor Marco Antonio Rueda Soto, Copia Número Once, que incluye veintidós cuadernos y un disco duro de un tera. La sección 'DENUNCIADOS' enumera decenas de nombres completos de individuos, incluidos congresistas activos como Juan Loreto Gómez Soto, Olga Lucía Velásquez Nieto y muchos otros. Indica que la investigación fue ordenada de oficio por la presidencia de la sala penal en el segundo mes del año dos mil veinticinco. La fecha de reparto es el dieciocho del segundo mes del año dos mil veinticinco. El número de corte es cero uno dos ocho siete.
La restricción de este mineral ha generado un impacto social que también golpea las finanzas del Estado.

¡Un verdadero suicidio económico con el sello del Estado! Lo que está ocurriendo con Ecopetrol, la empresa insignia y el mayor motor financiero de todos los colombianos, es una tragedia respaldada por cifras alarmantes. Bajo la directriz del actual Gobierno, la joya de la corona ha sido sometida a un experimento de idealismo activista que, lejos de salvar al planeta, está destruyendo de tajo el capital nacional y poniendo en jaque nuestra seguridad energética.

El veto a la exploración y la trampa venezolana

El golpe de gracia comenzó cuando el Ejecutivo anunció oficialmente que Colombia no firmaría ni un solo contrato nuevo de exploración de petróleo y gas. Esta decisión, aplaudida en foros internacionales por activistas ambientales, es una sentencia de muerte para las reservas del país. Al cerrar la llave de las nuevas exploraciones, el país no reduce las emisiones globales, sino que se condena a importar gas natural desde Venezuela para poder abastecer hogares e industrias.

Es un negocio ruinoso por donde se le mire: renunciamos a nuestra independencia energética para terminar comprándole combustible al régimen vecino, a un precio muchísimo mayor y asumiendo los costos de transporte. Al final, el mundo sigue quemando gas, pero Colombia pierde sus ingresos, su autonomía y se expone a facturas de servicios públicos impagables para los más vulnerables.

La ruina en cifras: el desplome de las utilidades

El resultado de esta ceguera ideológica no es un mito, está en los balances oficiales de la compañía. Al cierre del año dos mil veintitrés, las utilidades netas de Ecopetrol se desplomaron en más de un cuarenta y dos por ciento en comparación con el año inmediatamente anterior. La caída libre no se detuvo ahí: durante el primer semestre del año dos mil veinticuatro, las ganancias continuaron su estrepitoso descenso, cayendo casi un veintinueve por ciento adicional.

Las acciones de la petrolera, tanto en la bolsa local como en Wall Street, han sufrido fuertes golpes, destruyendo de un plumazo el valor de la compañía y los ahorros de miles de ciudadanos que confiaron en su solidez. ¡Cada peso que pierde Ecopetrol es un peso menos para la educación, la salud y la infraestructura pública de Colombia!

Una junta directiva politizada

¿La verdadera razón de esta debacle estructural? La feroz toma política de su presidencia y de su junta directiva. Ecopetrol dejó de ser liderada exclusivamente por técnicos expertos en hidrocarburos para convertirse en un fortín del Palacio de Nariño. La llegada a la presidencia de la compañía del exgerente de la campaña presidencial, envuelto en escándalos de financiación, sumada a la salida de miembros independientes de la junta, generó un pánico absoluto en los mercados internacionales y espantó la inversión extranjera.

Apagar la principal locomotora económica del país sin tener una fuente de reemplazo real y sostenible es dar un salto al vacío sin paracaídas. La transición energética que se impuso a la fuerza se perfila hoy como la destrucción más acelerada de riqueza pública en la historia reciente de la Nación.

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