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El presidente Abelardo De La Espriella anunció este miércoles 23 de septiembre que ordenó trasladar a cárceles de otras regiones a cerca de 76 personas detenidas por presuntos vínculos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Los internos, según el mandatario, se encuentran en centros de reclusión de La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico. La orden dispone que sean ubicados en pabellones de máxima seguridad.
De La Espriella sostuvo que la medida busca impedir que personas recluidas sigan impartiendo órdenes relacionadas con extorsiones, asesinatos y alteraciones del orden público. Su declaración llega después de las amenazas atribuidas a las ACSN que afectaron al comercio y la movilidad en Santa Marta y encendieron las alertas en municipios del Cesar.
¿Cuántos reclusos serían trasladados desde el Cesar?
Esa es la primera cifra que falta. El presidente habló de cerca de 76 detenidos entre cuatro departamentos, pero no precisó cuántos están recluidos en el Cesar. Tampoco identificó las cárceles de origen, los establecimientos que los recibirán ni la fecha prevista para los traslados. Hasta ahora, el anuncio confirma la instrucción dirigida al director del Inpec. No confirma que los internos ya hayan salido de las cárceles. El instituto deberá informar el alcance de la medida y su ejecución.
El mandatario se refirió a personas detenidas por sus vínculos con las ACSN. Esa descripción tampoco permite afirmar que todas pertenezcan a la organización o que hayan sido condenadas. Sus situaciones judiciales pueden ser distintas y deberán establecerse caso por caso.
Las extorsiones también golpean a Bosconia y El Copey
La inclusión del Cesar en la orden presidencial tiene un contexto cercano. En Bosconia, comerciantes han denunciado amenazas y cobros extorsivos que afectan el funcionamiento de sus negocios. En julio, el sector anunció una jornada de cierre para reclamar mayores garantías de seguridad. El 13 de septiembre, Noticias del Cesar informó sobre la captura de tres personas señaladas de integrar las ACS en Bosconia. Entre ellas estaban alias ‘El Pony’, identificado por las autoridades como presunto encargado de las finanzas de la estructura en la zona, y alias ‘El Niche’, señalado como posible cabecilla en el municipio.
Según la investigación divulgada entonces, alias ‘El Pony’ habría coordinado el recaudo de dinero producto de extorsiones en Bosconia y El Copey. Las autoridades también relacionaron a los dos hombres con ataques contra comerciantes. No hay información pública que permita establecer si alguno de los tres capturados figura entre las personas que el Gobierno pretende trasladar. El anuncio presidencial plantea, por tanto, una pregunta para los comerciantes del Cesar: si el traslado de internos señalados de mantener vínculos con la organización ayudará a frenar las amenazas que reciben. Por ahora, no se conocen resultados que permitan responderla.
La crisis en Santa Marta precipitó nuevas medidas
La orden de traslado se conoce en medio de la respuesta del Gobierno a las intimidaciones atribuidas a las ACSN en Magdalena. El martes, De La Espriella anunció un refuerzo militar y policial en Santa Marta. Este miércoles recorrió la ciudad y afirmó que lideró un Puesto de Mando Unificado para revisar la situación de seguridad. Durante la jornada anterior, amenazas contra comerciantes y transportadores provocaron cierres de establecimientos y una reducción de la movilidad en sectores de Santa Marta y la Troncal del Caribe. Las autoridades también reportaron la quema de dos buses en ese corredor vial.
La escalada ocurrió después de la operación en Magdalena en la que murió José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, señalado por las autoridades como segundo cabecilla de las ACSN. Noticias del Cesar documentó que había participado como representante de la organización en los diálogos con el Gobierno anterior y que su orden de captura fue reactivada tras el cierre de ese proceso. En Valledupar también circuló esta semana un documento que amenazaba al comercio en nombre de las ACSN. La Alcaldía aseguró que ese panfleto era falso, aunque algunos establecimientos cerraron temprano por temor. Ese episodio no debe confundirse con los hechos reportados en Santa Marta ni con las denuncias de extorsión que han hecho comerciantes del Cesar.
Lo que falta por aclarar
El Inpec deberá precisar cuántos internos saldrían del Cesar y de los otros tres departamentos, a qué establecimientos serían enviados y cuándo comenzarán los traslados. También falta conocer si las autoridades tienen investigaciones concretas sobre órdenes criminales impartidas desde prisión por alguna de las personas incluidas en la medida. Mientras llega esa información, el alcance comprobable del anuncio es este: De La Espriella ordenó trasladar fuera de los cuatro departamentos a cerca de 76 detenidos señalados de tener vínculos con las ACSN; el Gobierno aún no ha publicado un balance de traslados realizados.
