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La «contrarrevolución cultural» anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella ya tiene consecuencias en las instituciones culturales del país. El retiro de objetos del Museo Nacional de Colombia, una tutela que busca su restitución y los cuestionamientos de la Defensoría del Pueblo han trasladado el debate ideológico del Gobierno al terreno judicial.
El 15 de octubre, el mandatario anunció una nueva orientación para el Ministerio de Cultura. Desde el Claustro de Santa Clara, en Bogotá, planteó recuperar los valores tradicionales, fortalecer la protección del patrimonio histórico y religioso y enfrentar lo que denominó «wokismo».
En esa intervención, De la Espriella también ordenó a la ministra Paola Holguín retirar de los espacios públicos las representaciones que considera una apología del terrorismo. Entre las figuras mencionadas estuvo Carlos Pizarro Leongómez, antiguo comandante del M-19 y candidato presidencial asesinado en 1990.
Al día siguiente se conoció el retiro de objetos expuestos en el Museo Nacional. Las piezas estaban relacionadas con episodios del conflicto armado, movimientos estudiantiles, feminismo, diversidad sexual y otros acontecimientos de la historia colombiana.
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La decisión dio lugar a protestas de artistas, estudiantes y organizaciones sociales, cuyos representantes consideran que el desmonte podría afectar la representación de distintas memorias históricas.
El inventario oficial incluye 63 objetos retirados del Museo Nacional
La controversia también abrió una discusión sobre la cantidad de elementos retirados. Aunque los primeros reportes hablaban de aproximadamente 30 piezas, el inventario entregado por el Ministerio de Cultura a la justicia relaciona 63 objetos, de los cuales 22 corresponden a piezas patrimoniales.
Según el documento conocido por El Espectador, los demás elementos incluyen reproducciones, materiales de apoyo, objetos en comodato y otras piezas de las exposiciones. Los retiros afectaron cinco de las 17 salas del Museo Nacional.
Entre los objetos desmontados figuran materiales relacionados con la Séptima Papeleta, movilizaciones sociales y el proceso de paz con las antiguas FARC. Su presencia en el museo formaba parte de exposiciones destinadas a mostrar diferentes acontecimientos y transformaciones sociales del país.
El Ministerio sostiene que las piezas permanecen bajo custodia, con las condiciones técnicas necesarias para su conservación. También rechaza que el retiro constituya censura y defiende su facultad para revisar los contenidos de las exposiciones.
Sin embargo, el Juzgado 24 de Familia de Bogotá admitió el 19 de octubre una acción de tutela presentada por Gabriel Becerra y representantes de los colectivos León Zuleta y Revolución en Rosa.
Como medida provisional, el despacho ordenó conservar los objetos retirados y prohibió nuevas intervenciones motivadas por su contenido sin los actos administrativos que las justifiquen. La decisión no ordenó devolver inmediatamente las piezas a las salas ni resolvió de fondo los señalamientos de censura.
La respuesta del Ministerio también abrió interrogantes sobre el procedimiento utilizado. De acuerdo con información publicada por EL COLOMBIANO el 25 de octubre, la cartera reconoció que el retiro siguió una instrucción presidencial. No obstante, entre los documentos aportados al proceso no figuraba un acta del Comité de Gestión Patrimonial que registrara una deliberación específica sobre esa decisión.
La Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín, solicitó conocer los fundamentos jurídicos, técnicos y administrativos del retiro. También pidió información sobre la conservación de las piezas y su posible regreso a las exposiciones.
La batalla cultural también alcanza las políticas educativas
El cambio de orientación del Ejecutivo no se limita a los museos. La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, solicitó a la Presidencia iniciar el trámite para derogar la Resolución Conjunta 1350 de 2026, que adoptó la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos para el periodo 2026-2035.
En un oficio del 21 de septiembre, la funcionaria cuestionó las competencias utilizadas para establecer determinadas obligaciones curriculares y pedagógicas. También manifestó preocupaciones sobre la autonomía de los establecimientos educativos y el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos.
La solicitud incluye una propuesta para detener nuevas actuaciones administrativas y pedagógicas fundamentadas en la resolución mientras se adelanta su revisión. La política, sin embargo, no ha quedado derogada por esa petición.
Organizaciones como Caribe Afirmativo rechazaron la iniciativa y advirtieron que podría afectar los programas de educación sexual y prevención de la discriminación. La entidad considera necesario conservar las garantías existentes para mujeres, niños, adolescentes y personas LGBTIQ+.
Estas diferencias reflejan dos interpretaciones sobre la intervención estatal. El Gobierno afirma que busca proteger las tradiciones y evitar el uso ideológico de las instituciones. Sus críticos sostienen que las medidas pueden restringir la pluralidad de expresiones y memorias.
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En el ámbito cultural, el debate tiene límites jurídicos concretos. El artículo 70 de la Constitución reconoce la igualdad y dignidad de las distintas manifestaciones culturales, mientras que la Ley 397 de 1997 prohíbe la censura estatal sobre el contenido ideológico y artístico de las realizaciones culturales.
Estas normas permiten examinar las actuaciones del Gobierno sin desconocer sus competencias para definir políticas públicas y prioridades de protección patrimonial.
Por ahora, la justicia debe resolver la tutela relacionada con los objetos del Museo Nacional. Mientras tanto, el Gobierno mantiene su propuesta de reorientar la política cultural y renombrar la cartera como Ministerio de Cultura y Patrimonio.
