Escribenos Aquí
Especial | IDREEC bajo la lupa — Primera entrega
Nueve diputados votaron en contra del debate de control político al IDREEC que propuso Jesús Javier Suárez Moscote. El hecho ocurrió el 6 de agosto en la Asamblea del Cesar. Antes de la votación, Miguel Antonio Hinojosa Barros pidió que cada diputado fijara públicamente su posición. Suárez fue el único que votó a favor. Ronalt Castilla Brochel, quien había respondido presente al comenzar la sesión, no contestó cuando el secretario llamó su nombre para votar.
La decisión dejó una pregunta abierta que todavía reclama respuestas: ¿por qué la mayoría de la Asamblea consideró que no debía realizarse un debate sobre una entidad que reconoce graves dificultades financieras y laborales?
El debate de control político al IDREEC que no llegó a realizarse
La proposición 101 tenía un propósito concreto. Suárez quería citar a la gerente del Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar, Sandra Milena Albor Araujo. También solicitó la presencia de la secretaria de Salud Departamental y de miembros de la Junta Directiva.
No se trataba de votar una liquidación del instituto. Tampoco se pretendía sancionar anticipadamente a algún funcionario. La proposición buscaba hacer preguntas y obtener explicaciones públicas.
La propia Asamblea reconoce entre sus funciones el ejercicio del control político sobre secretarios, gerentes y directores de instituciones descentralizadas. También puede citarlos para que concurran a sus sesiones.
El cuestionario preparado por Suárez abordaba el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, los pasivos, la deuda laboral y los contratos. Además, preguntaba por la cartera, las demandas judiciales y los convenios del IDREEC.
También pretendía conocer qué ocurrió con el proyecto de servicios hospitalarios de salud mental. Esa estrategia debía ayudar a generar nuevos ingresos para el instituto.
El tema tenía antecedentes recientes. El 23 de julio, el IDREEC había realizado su audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2025. La propia proposición de Suárez tomó esa rendición como uno de sus puntos de partida.
Minutos antes, otra proposición había pasado sin llamado individual
La grabación de la sesión permite comparar dos momentos. Antes del caso IDREEC, el diputado Pedro Julio Santana Solano presentó una proposición para que la Asamblea sesionara de manera descentralizada en Aguachica.
Después de una extensa explicación de Santana y una intervención de Fawzi Muvdi Anillo, el presidente cerró la discusión. Entonces preguntó si los diputados aprobaban la proposición.
No hubo llamado individual. Los diputados expresaron su aprobación de manera colectiva, mediante el procedimiento que en el lenguaje cotidiano de las corporaciones públicas suele describirse como “pupitrazo”.
Luego llegó el turno de la proposición 101. Suárez explicó durante varios minutos las razones que, a su juicio, hacían necesario revisar la situación del IDREEC. Habló de pasivos, salarios pendientes y dificultades para generar ingresos.
También recordó las protestas realizadas durante años por trabajadores de la entidad.
Hinojosa pidió que los votos quedaran con nombre propio
Cuando Suárez terminó su intervención, el presidente le concedió la palabra a Miguel Antonio Hinojosa Barros. Su petición fue precisa.
“Solicitarle, por favor, se haga la proposición para votación nominal, ya que esta es una proposición muy importante”.
Hinojosa no pidió modificar el cuestionario. Tampoco planteó retirar algún funcionario de la citación. Pidió cambiar la manera de votar la proposición de Suárez.
La solicitud de votación nominal se aprobó colectivamente
Después de escuchar a Hinojosa, la Presidencia abrió la discusión de su solicitud. Luego, preguntó a los diputados si aprobaban que la decisión fuera nominal. La plenaria aprobó esa solicitud sin llamar individualmente a los diputados.
Acto seguido, el secretario comenzó a pronunciar cada nombre para votar la proposición 101. De esta forma, la propuesta relacionada con el IDREEC quedó sometida a un mecanismo que permitió establecer con precisión la posición de cada diputado.
Nueve dijeron no, Suárez dijo sí y Castilla no respondió
La votación quedó registrada en la transmisión de la sesión y en la desgrabación del video.
- Jorge Barros Gnecco: negativo.
- Manuel Gutiérrez Pretel: negativo.
- Miguel Ángel Gutiérrez Ramírez: negativo.
- Miguel Antonio Hinojosa Barros: negativo.
- María Cecilia Mesa Ochoa: negativo.
- Fawzi Muvdi Anillo: negativo.
- Jorge Pana Ramos: negativo.
- José Mario Rodríguez Barriga: negativo.
- Pedro Julio Santana Solano: negativo.
- Jesús Javier Suárez Moscote: positivo.
- Ronalt Castilla Brochel: no respondió al llamado.
El secretario anunció el resultado inmediatamente después: nueve votos negativos. Por esa razón, la proposición no quedó aprobada. Hinojosa, quien había solicitado la votación nominal porque consideró que se trataba de una propuesta “muy importante”, terminó votando negativamente.
Esa circunstancia no permite concluir por sí sola cuáles fueron sus motivos. Sí hace necesaria una explicación política sobre las razones de su voto.
Ronalt Castilla estaba en la sesión
El caso de Ronalt Castilla Brochel plantea un interrogante diferente. Cuando comenzó la sesión, el secretario llamó a lista para comprobar el quórum. Al pronunciar su nombre, Castilla respondió: “Presente”.
Sin embargo, cuando llegó la votación del IDREEC, el secretario volvió a decir su nombre y no obtuvo respuesta. La desgrabación, por sí sola, no permite afirmar que Castilla se hubiera retirado deliberadamente para evitar votar. Tampoco demuestra que estuviera físicamente fuera del recinto.
Lo comprobable es más concreto: estuvo presente al comenzar la sesión y no respondió al llamado durante la votación nominal del IDREEC. Además, la página oficial de la Asamblea identifica actualmente a Castilla como segundo vicepresidente de la corporación para 2026 y diputado del Partido Verde.
Por ello, su ausencia en esa decisión requiere una explicación sencilla: ¿por qué no votó?
¿Qué había detrás de las preguntas de Suárez?
Las cifras conocidas antes de la sesión permiten dimensionar el asunto. El informe oficial de rendición de cuentas del IDREEC registra activos por $5.786 millones y pasivos por $7.266 millones al cierre de 2025. Los beneficios a empleados ascendían a más de $3.720 millones. El patrimonio cerró en terreno negativo.
El mismo documento reconoce dificultades relacionadas con la deuda laboral. También señala demandas promovidas por empleados y el crecimiento gradual del pasivo laboral.
Además, el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero mostraba avances parciales. El fortalecimiento de ingresos alcanzaba un 10 %, frente a un 31,4 % esperado. El saneamiento de pasivos llegaba al 26,7 %, mientras la ejecución esperada era del 73,3 %.
Una de las apuestas centrales consistía en poner en marcha servicios especializados de salud mental. Sin embargo, el propio instituto reconoció que esos servicios no lograron comenzar a operar oportunamente. Eso afectó las proyecciones de producción, recaudo e ingresos.
En junio, Noticias del Cesar había explicado el panorama general de la situación financiera de la red pública hospitalaria del departamento. Ese balance general, sin embargo, no resolvía las preguntas particulares que hoy rodean al IDREEC.
Meses antes, durante la rendición de cuentas departamental, la Gobernación también había informado sobre inversiones en salud y fortalecimiento hospitalario, como registró Noticias del Cesar en su balance del Plan de Desarrollo.
Precisamente por eso, establecer qué recursos recibió específicamente el IDREEC, cómo los ejecutó y por qué persisten sus dificultades formaba parte de las preguntas que Suárez pretendía llevar a la plenaria.
Una crisis que también tiene rostro humano
Las cifras no constituyen el único antecedente. En agosto de 2025, trabajadores del IDREEC denunciaron que acumulaban 25 meses de salarios pendientes y organizaron una “mercatón” para conseguir alimentos.
El caso adquirió una dimensión todavía más delicada en junio de 2026. César Carrillo, trabajador relacionado con el instituto, atravesó una grave crisis en el cerro Santo Ecce Homo. Después afirmó públicamente que su situación económica estaba relacionada con los incumplimientos salariales que denunciaba.
Suárez recordó ese episodio durante su intervención en la Asamblea. También afirmó que los trabajadores acumulaban 26 meses de salarios pendientes. Sin embargo, el desglose que hizo oralmente suma 18 meses: cuatro de 2022, nueve de 2023, uno de 2025 y cuatro de 2026.
Noticias del Cesar no presenta por ahora los 26 meses como una cifra definitiva. La diferencia debe aclararse con certificaciones laborales, nóminas y versiones de los trabajadores y la administración.
Las preguntas que dejan los nueve votos
La votación nominal permitió conocer quiénes impidieron que la proposición prosperara. Sin embargo, conocer el voto no equivale a conocer sus razones. Esa es ahora la pregunta central de esta primera entrega.
Miguel Antonio Hinojosa debe explicar por qué pidió específicamente una votación nominal y por qué después votó negativamente. Más aún cuando calificó la proposición como “muy importante”.
Los otros ocho diputados que votaron en contra también tienen derecho a explicar su posición. Pueden existir objeciones al cuestionario, a la oportunidad del debate o a la forma de la citación que todavía no conocemos.
Y Ronalt Castilla debe aclarar por qué, después de responder presente al inicio de la sesión, no participó en la decisión. Esta investigación no afirma que existiera un acuerdo previo para hundir la proposición. Hasta ahora no hay evidencia que permita sostenerlo.
Lo que sí demuestra la grabación es una secuencia concreta: Suárez pidió debatir la crisis, Hinojosa solicitó una votación nominal, nueve diputados votaron no, Suárez votó sí y Castilla no respondió.
Ahora faltan las explicaciones. La segunda entrega de esta investigación pondrá la lupa sobre aquello que, finalmente, no se debatió en la Asamblea: las cuentas del IDREEC, el programa de saneamiento, la deuda laboral, los recursos recibidos y el proyecto de salud mental que debía ayudar a recuperar financieramente a la entidad.