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La alerta de la Defensoría del Pueblo había identificado amenazas derivadas de la presencia y expansión de grupos armados en la Sierra Nevada. El pueblo arhuaco también había advertido en septiembre sobre intimidaciones, confinamientos y restricciones a la movilidad.
El atentado contra Zarwawiko Torres Torres, cabildo gobernador del pueblo arhuaco, ocurrió en un territorio donde la Defensoría del Pueblo ya había advertido riesgos asociados con la presencia y expansión de grupos armados ilegales. La advertencia quedó consignada en la Alerta Temprana 020 de 2025, emitida para la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia. El documento incluyó entre los municipios en riesgo a Valledupar y Pueblo Bello, dos territorios estrechamente relacionados con comunidades arhuacas del Cesar.
La alerta adquiere nueva relevancia después de que hombres armados dispararan contra la camioneta blindada en la que Torres se movilizaba por la vía que comunica a La Mesa con el sector de El Palmar, en zona rural de Valledupar. Torres y sus acompañantes resultaron ilesos. El vehículo recibió varios impactos y posteriormente el dirigente indígena acudió a la URI de la Fiscalía en Valledupar para denunciar lo ocurrido; sin embargo, hasta ahora las autoridades no han establecido públicamente quién ordenó o ejecutó el atentado ni cuál habría sido el móvil. Por esa razón, la existencia de alertas sobre grupos armados en la Sierra Nevada no significa que alguna de esas estructuras pueda ser señalada como responsable del ataque.
Defensoría había clasificado el escenario como de alto riesgo
La Alerta Temprana 020 de 2025 fue expedida por la Defensoría para 21 municipios de Cesar, Magdalena y La Guajira. En el Cesar fueron incluidos Valledupar, Pueblo Bello, Bosconia, El Copey y El Paso. La entidad explicó que el escenario estaba relacionado con las dinámicas territoriales de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
En particular, la Defensoría señaló pretensiones de consolidación del EGC en municipios como Valledupar y Pueblo Bello, además de advertir sobre distintos escenarios de control, presencia, tránsito y confrontación entre organizaciones armadas en la región. El documento clasificó el riesgo general como alto y señaló que, para la población civil, las posibles afectaciones podían alcanzar un nivel extremo debido a violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Entre las poblaciones especialmente expuestas mencionó a los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, además de comunidades campesinas, liderazgos sociales, defensores de derechos humanos, niños y adolescentes. La alerta también contempló riesgos relacionados con amenazas, homicidios, secuestros, desplazamientos forzados, confinamientos, extorsiones y utilización de menores de edad, entre otras formas de violencia.
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El propio pueblo arhuaco volvió a advertir sobre la violencia
Las señales de preocupación no terminaron con aquella alerta. El 22 de septiembre de 2026, poco más de un mes antes del atentado contra Zarwawiko Torres, el pueblo arhuaco divulgó un comunicado sobre el deterioro de la seguridad en la Sierra Nevada de Santa Marta. La organización hizo referencia a los hechos ocurridos un día antes en el sector de Quebrada del Sol, donde se registraron enfrentamientos armados, disparos, quema de vehículos y afectaciones a la movilidad por la Troncal del Caribe. Pero el pronunciamiento fue más allá de ese episodio.
Las autoridades arhuacas señalaron que durante 2026 se habían registrado situaciones de intimidación, confinamiento, desplazamiento y restricciones a la movilidad, además de dificultades para acceder a alimentos, servicios básicos y actividades productivas. Pidieron entonces al Estado adoptar medidas inmediatas para proteger a las comunidades y prevenir nuevas acciones violentas dentro o cerca de los territorios ancestrales. Un mes después ocurrió el ataque contra Zarwawiko Torres.
La coincidencia temporal pone nuevamente bajo atención las condiciones de seguridad de las autoridades indígenas y las comunidades de la Sierra Nevada, aunque no permite establecer por sí sola una relación entre aquellos hechos violentos y el atentado contra el cabildo gobernador.
La Defensoría había pedido una respuesta estatal
La Alerta Temprana 020 no se limitó a describir el problema. La Defensoría formuló 38 recomendaciones dirigidas a diferentes instituciones para enfrentar los riesgos identificados en la Sierra Nevada y su área de influencia. Entre ellas aparecen medidas de coordinación institucional, prevención, protección de comunidades, investigación judicial, asistencia humanitaria y acciones dirigidas a disminuir la capacidad de las estructuras armadas.
El documento también pidió fortalecer las respuestas para los pueblos indígenas y otros sectores particularmente expuestos a la violencia. El atentado contra Torres vuelve entonces inevitable una pregunta institucional: ¿hasta dónde avanzó el cumplimiento de esas recomendaciones en Valledupar y los territorios indígenas del Cesar? Esa respuesta será especialmente relevante mientras la Fiscalía y los organismos de investigación intentan determinar quién estuvo detrás del ataque.
Por ahora, la Confederación Indígena Tayrona pidió al Gobierno nacional garantías de seguridad para Zarwawiko Torres y las demás autoridades tradicionales, mientras reclamó a la Fiscalía que esclarezca lo sucedido e identifique a los responsables. El atentado ya está bajo investigación. Pero las advertencias sobre los riesgos en territorio arhuaco habían comenzado mucho antes de que los disparos alcanzaran la camioneta del cabildo gobernador.
