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La Fiscalía General de la Nación citó a Deicy Jiménez para el martes 3 de noviembre de 2026, a las 2:30 de la tarde, en el búnker de Bogotá. La convocatoria se conoció el jueves 29 de octubre, después de que la denunciante declarara ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los presuntos contratos estatales a cambio de favores sexuales durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro.
Jiménez ratificó ante el alto tribunal los señalamientos que había expuesto públicamente. Su versión involucra a Petro y a la exsenadora María José Pizarro. Corresponde a las autoridades determinar si existieron irregularidades en la contratación pública y si guardan relación con las conductas denunciadas.
La nueva citación permitirá que la Fiscalía escuche directamente a Jiménez. Caracol Radio informó que los investigadores también contemplan declaraciones de otros funcionarios y antiguos directivos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
¿Qué pruebas anunció la defensa de Deicy Jiménez?
El abogado Andrés Felipe Caballero anunció que pondrán a disposición de la Corte un teléfono celular que, según su versión, contiene conversaciones, videos y otros archivos que podrían respaldar la denuncia.
El dispositivo no fue entregado durante la diligencia del 29 de octubre. De acuerdo con la defensa, se coordinará su recolección para que las autoridades examinen el material. Por ahora, no se conoce una valoración judicial de su contenido.
Caballero también afirmó que el testimonio incluyó menciones a exfuncionarios del anterior Gobierno y a una persona que ocupó el cargo de superintendente. El abogado no reveló su identidad ni precisó los hechos que se le atribuirían.
Petro y Pizarro rechazan los señalamientos
El expresidente Petro negó haber utilizado contratos del Estado para obtener relaciones sexuales. En un comunicado divulgado el 25 de octubre afirmó: “Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales”. Pizarro también rechazó los señalamientos y los calificó de infundados.
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Alejandro Carranza, abogado de Petro y Pizarro, cuestionó la denuncia y la describió como un presunto montaje. También anunció acciones ante la Fiscalía contra Jiménez, por supuestas irregularidades documentales relacionadas con su vinculación al Congreso, y contra Carlos Ríos, director del Dapre, por presuntas presiones a trabajadoras de la entidad. Esos señalamientos deberán comprobarse.
La Procuraduría General de la Nación abrió el 26 de octubre una indagación previa contra funcionarios por determinar del Congreso, el Dapre, el Ministerio del Interior y dos superintendencias. El organismo examina presuntos hechos de extralimitación de funciones, acoso y violencia de género relacionados con contratos estatales. También solicitó información sobre las mujeres vinculadas mediante prestación de servicios desde 2019.
Las actuaciones de la Corte, la Fiscalía y la Procuraduría no equivalen a una determinación de culpabilidad. La próxima diligencia anunciada es la declaración de Jiménez ante la Fiscalía el 3 de noviembre; siguen pendientes la entrega y el análisis del teléfono ofrecido por su defensa.
